El senador Larry Seilhamer dijo que no se opone a evaluar la privatización en un solo proyecto, pero que no habría tiempo para hacerlo antes del 30 de junio. (horizontal-x3)
El senador Larry Seilhamer dijo que no se opone a evaluar la privatización en un solo proyecto, pero que no habría tiempo para hacerlo antes del 30 de junio. (David Villafañe)

La insistencia de La Fortaleza para que se atienda en un solo proyecto de ley la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) podría incluso dar al traste con que se apruebe cualquier proyecto que coloque en manos privadas activos de la compañía de la luz en la presente sesión legislativa.

La semana pasada, el representante Víctor Parés Otero y el senador Larry Seilhamer les hicieron saber a los asesores del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en desarrollo económico y asuntos legislativos, Christian Sobrino y Phillip Mesa, respectivamente, que querían dividir el tema de la privatización en dos medidas: una que pasara a manos privadas, mediante concesión, el sistema de transmisión y distribución de energía, y atender en un proyecto independiente todo lo relacionado con la política pública energética y el marco regulatorio que tendría que seguir todo comprador de activos de la corporación pública.

Tras la reunión, que se llevó a cabo en el Capitolio el 16 de abril, La Fortaleza se limitó a decir que mantendría el diálogo para lograr la privatización de la AEE, pero no valoró la propuesta legislativa.

Ayer, a través de una portavoz, Sobrino insistió en que quieren que sea un solo proyecto.

“Se van a trabajar las preocupaciones de la Legislatura en un solo proyecto de ley”, dijo Sobrino en declaraciones escritas. Sobrino no precisó si lo que propone La Fortaleza es preparar un proyecto sustitutivo o enmendar la medida original, y tampoco precisó cuándo se plasmaría en un documento la posición del Ejecutivo.

El pasado 17 de abril, Rosselló Nevares dijo que presentaría un segundo proyecto para establecer el “marco regulatorio”.

“Todavía estamos enfocados en este primer proyecto; los otros detalles se estarán hilvanando”, dijo entonces en La Fortaleza.

Pero la nueva postura del Ejecutivo pone contra la pared a la Legislatura si el fin es aprobar la medida antes del 30 de junio, cuando termina la sesión legislativa. El menú legislativo hasta esa fecha incluye la reforma contributiva y el presupuesto del país.

“Para mí, es bien difícil sacar este proyecto para el 30 de junio”, dijo Seilhamer sobre cualquier legislación para la privatización. “Trae el marco regulatorio y la política pública energética. Es ambicioso, es abarcador”.

“No descartamos celebrar más vistas públicas”, indicó, por su parte, Parés Otero, quien confirmó que ni él ni Seilhamer han recibido comunicación de parte de Mesa o de Sobrino.

“La intención de La Fortaleza en nuestras conversaciones es que iba a venir un nuevo proyecto”, precisó Seilhamer.

Por marco regulatorio, Seilhamer se refiere a elementos como las microrredes, la medición neta, los subsidios, la generación distribuida, los parámetros del uso de combustibles fósiles y el portafolio de energía renovable del país.

El Plan Integrado de Recursos aprobado el año pasado no contempla el desastre provocado por los huracanes Irma y María, por lo que Seilhamer entiende que tendría que actualizarse con la ayuda de la Junta Energética de los Estados del Sur, una organización sin fines de lucro que agrupa 16 estados y Puerto Rico e Islas Vírgenes, cuya misión es favorecer el desarrollo económico a través de la innovación en el sector de energía.

La idea de dividir la privatización en dos proyectos, han dicho los legisladores, surgió para no retrasar la autorización de las alianzas público privadas para el sistema de transmisión y distribución mientras continuaba el debate legislativo sobre la regulación.

Siempre con la advertencia de que no daría tiempo para aprobarla en esta sesión, Parés Otero y Seilhamer aseguraron que no se oponen a que la privatización se evalúe en una sola medida.

Buena parte de los ponentes que han expresado preocupación con la privatización han destacado cómo la medida del Ejecutivo deja fuera a la Comisión de Energía de la negociación de estos contratos.

Mientras, un estudio comisionado por la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego reveló que la privatización de la AEE redundaría en un aumento del costo de la energía y los alcaldes, por su parte, han alertado sobre el impacto que tendría en las arcas municipales cualquier cambio al acuerdo vigente entre los ayuntamientos y la corporación pública.


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