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La muerte de un adolescente en Florida, a manos del vigilante George Zimmerman (en la foto), despertó un fogoso debate sobre la “doctrina del castillo”. El incidente ocurrió en el año 2012 y generó protestas en varias ciudades. (horizontal-x3)
La muerte de un adolescente en Florida, a manos del vigilante George Zimmerman (en la foto), despertó un fogoso debate sobre la “doctrina del castillo”. El incidente ocurrió en el año 2012 y generó protestas en varias ciudades. (EFE)

La fotografía de Trayvon Martin recorrió el mundo y, para algunos, la imagen mediatizada del joven afroamericano de 17 años fue un encuentro estruendoso con la posible implantación de una ley que fue promovida como el legítimo derecho a defender la vida de uno sobre “el otro”, sobre “el intruso”. Abruptamente, se presentaba ante el público las vulnerabilidades de esa legislación. Ese otro puedo ser yo, ese otro puede ser mi hijo, ese otro puede estar indefenso. 

Desde que en 2005 el estado de Florida aprobó la legislación conocida como “Stand Your Ground”, más de dos decenas de estados en Estados Unidos han aprobado estatutos similares, que han expandido el concepto de legítima defensa o autodefensa. Esas leyes amplían las circunstancias en que una persona puede usar un arma de fuego para defenderse sin responsabilidad penal. 

Ese enfrentamiento, amparado en lo que se conoce como la “doctrina del castillo”, puede ser hasta con fuerza letal. En algunos estados, incluso, la autodefensa está protegida si el incidente se origina lejos del hogar, en lugares públicos en los que la persona amenazada siente derecho a estar.

Aunque los beneficios y prejuicios de estos estatutos han sido fuertemente discutidos desde los dos polos de la controversia, la polémica no ha sido un disuasivo para su expansión en la jurisdicción estadounidense, en la que, en 2012, la muerte a tiros del desarmado Martin, a manos del vigilante George Zimmerman y quien alegaba se defendió, generó protestas en varias ciudades.

Legislan en la isla

En Puerto Rico, al cierre de la pasada sesión, se aprobó el Proyecto 39 del Senado, de la autoría del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, que añade un nuevo artículo al Código Penal para “garantizar al pueblo su derecho a defenderse legítimamente en su morada, vehículo u otros lugares dispuestos por esta ley”.

¿Alguien, algún periodista en Puerto Rico, va a argumentar que si alguien me apunta con una pistola a mí o mis hijos, para bajarme de un vehículo como hemos visto en tantos 'carjacking', no deba haber esa herramienta para defenderme, es la pregunta que yo me hago”, señaló Rivera Schatz.

Hoy día, un acusado en Puerto Rico puede levantar la legítima defensa, como eximente de responsabilidad penal, sin que exista ninguna o casi ninguna disputa pública en que un ser humano tiene derecho a proteger su vida y particularmente defenderse en su espacio familiar.

El proyecto extiende esa presunción, basada en elementos específicos, que tiene un individuo que se encuentra en su morada u otros espacios, como el vehículo en elque anduviera, su negocio o lugar de empleo. Esa extensión obedece, según la exposición de motivos de la medida, “a las demandas del ritmo de vida actual, donde el ciudadano pasa cada día más tiempo en estos lugares; y por consiguiente adquieren las características que históricamente solo ostentaba la morada”. 

Expectativa de intimidad

La profesora de Derecho Penal, Carmen Ana Pesante, difiere de esa aseveración, y expresó que la legislación no le debería conferir la misma expectativa de privacidad que se tiene en un hogar a la que puede esperar un individuo en otros espacios. Esta es una de varias preocupaciones que este proyecto de ley le despierta a la académica.

Pesante explicó que el proyecto mantiene incólume los elementos de que la persona que levanta la defensa creía razonablemente que iba a sufrir un daño inminente, que fue racional el medio empleado para defenderse, que no hubo provocación de su parte y que el daño que habría sufrido es proporcional al causado.

Sin embargo, indicó que el proyecto altera el aspecto de la presunción. De convertirse en ley este proyecto, se presumiría que existieron todos esos elementos en la acción de la persona que levanta esa defensa y le correspondería al Departamento de Justicia probar lo contrario, es decir, la irracionabilidad de la acción empleada. Según el estatuto vigente, es el acusado quien tiene que presentar la prueba de que existieron esos elementos y no a la inversa.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, opinó, en una ponencia ante el Senado, que la legítima defensa debería mantenerse únicamente dentro del espacio de la morada para minimizar “el uso inadecuado de la presunción y evitar presunciones adicionales que puedan afectar la conducta de los ciudadanos y el procesamiento criminal”. 

Aunque el proyecto de Rivera Schatz no explica la mecánica de cómo se atendería el asunto de razonabilidad, en varias jurisdicciones de Estados Unidos se realiza una audiencia antes del juicio para dirimir ese asunto y solo se va a juicio si se determina que no hubo tal legítima defensa. Un efecto que pudiese tener para la persona que levanta esa defensa es que, con probabilidad, no procede su arresto hasta celebrada la audiencia.

Ahora mismo, (el estado de derecho vigente) es un dolor de cabeza. La persona usa un arma de fuego para defenderse, pero llega la Policía y, en vez de trabajar con el delincuente que entró a su casa, interviene con la persona que se defendió del delincuente”, expresó Ariel Torres, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico (Codepola).

Torres calificó de “acertada” la legislación aprobada en el Senado y que espera su turno en la Cámara de Representantes

Este dueño de armería relató que un cliente suyo fue desarmado por la Policía, luego de que sacó su arma, para la que tenía licencia, en un establecimiento comercial que estaba siendo asaltado.

El delincuente escapó y él se quedó sin arma cuando estaba defendiendo a todo el mundo (en el establecimiento)”, narró Torres.

En Estados Unidos, la legislación que persigue ampliar el concepto de autodefensa ha sido intensamente promovida por la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, Pesante cuestionó la necesidad en Puerto Rico de una ley como esta, y recordó que las legislaciones deben atender problemas de la sociedad y no deben servir para remediar casos aislados. 

¿Qué ha pasado en Puerto Rico para que haya este tipo de legislación? ¿Es que hay tantos casos en los que se ha levantado la legítima defensa y que la carga de prueba requerida ha sido tan grande que no ha valido? No he visto ningún estudio, ningunas estadísticas que reflejen eso”, dijo Pesante.

Fracaso admitido

La profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana dijo que el proyecto de ley parte del supuesto de la incapacidad del Estado para proveer seguridad y de la desconfianza del pueblo en el sistema judicial.

Lo que están diciendo es “soy incapaz de asegurar la seguridad al pueblo y estoy dando esta patente de corso”, expresó Pesante. 

El catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Ramos González, no cree que en este proyecto haya un asunto de inconstitucionalidad, pero más bien le parece que es el reconocimiento de un fracaso.

Yo creo que es una confesión de un fracaso, de la incapacidad del Estado de asumir su responsabilidad activa, de perseguir el delito”, comentó Ramos. 

Confiesa que fracasa y le pasa la defensa, que en primera instancia le toca al Estado, a los ciudadanos privados. Le permite al ciudadano que, en la defensa de su morada, de su propiedad y de su vida, se le haga más fácil, incluso, cometer un delito como puede ser, matar a otra persona”, agregó.

Según el catedrático, el Estado insiste en atender el asunto criminal con legislaciones como esta u otras de carácter punitivo, pero no se han esforzado en mejorar dramáticamente la eficiencia de la investigación criminal que, a su juicio, es el disuasivo más importante del acto criminal. 

Un estudio económico conducido por Mark Hoekstra y Cheng Cheng, del Departamento de Economía de la Texas A&M University, sobre la efectividad de estas leyes para disuadir el crimen en Estados Unidos y su relación con los homicidios, reveló que la disuasión en los delitos de apropiación ilegal, robo y agresión agravada en los estados en los que se implantó la “doctrina del castillo” fue de menos de 1%, mientras que hubo un aumento de un 8% en los homicidios en general. 

Estas estadísticas fueron compartidas con el Senado por la Sociedad de Asistencia Legal, que en su ponencia sobre el Proyecto del Senado 39 reflejó su preocupación de que la amplitud que la medida confiere a eximir de responsabilidad penal pueda tornarse “en una exhortación a que la ciudadanía se tome la justicia en sus manos”.

Quienes han promovido las leyes “Stand Your Ground” en Estados Unidos han querido extender al área civil la inmunidad penal que le confiere esta legislación. En septiembre de 2017, la Corte Suprema de Florida rechazó hacer extensiva esa inmunidad.


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