Reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal el 9 de mayo de 2019. (semisquare-x3)
Reunión pública de la Junta de Supervisión Fiscal el 9 de mayo de 2019. (Juan Luis Martínez)

Luego de demandar a sobre trescientos suplidores del gobierno, el Comité de Reclamaciones Especiales (CRE) de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pondera adoptar un proceso para que esos demandados y a aquellos que suscribieron acuerdos con el organismo fiscal puedan evidenciar que los pagos que recibieron del gobierno antes del proceso de bancarrota son legítimos sin tener que contratar un abogado que les represente.

Ese proceso podría incluir sesiones de mediación, pero también el establecimiento de algún procedimiento “informal” que permita aclarar la controversia entre la JSF y los suplidores del gobierno de la manera “más eficiente”, indicó el asesor legal general de la JSF, Jaime El Koury.

La decisión del grupo de trabajo al interior de la JSF se dio a conocer este jueves cuando el directivo y exjuez Arthur González indicó que el diseño del proceso podría tomar aproximadamente un mes. González hizo sus expresiones durante la décimosexta reunión pública de la JSF, encuentro que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y donde el organismo federal certificó las nuevas proyecciones y estimados del plan fiscal del gobierno central y amplió su marco de acción a los municipios de Puerto Rico al declararles como entidades cubiertas bajo Promesa.

Durante la audiencia, González explicó las motivaciones y el razonamiento que siguió el CRE para entablar las causas de acción que se radicaron la semana pasada. Específicamente, entre el pasado 30 de abril y 2 de mayo, el CRE demandó a unos 320 contratistas del gobierno con la intención de recobrar de estos, los pagos efectuados por el gobierno entre 90 días y cuatro años antes de la fecha de radicación del Título III de Promesa. Para esa misma fecha, el grupo de trabajo que tiene a su cargo implementar las recomendaciones del Informe Kobre & Kim sobre el endeudamiento de Puerto Rico, demandó a cientos de individuos que son bonistas de la isla.

Desde entonces, organizaciones como la Asociación de Abogados de Quiebra de Puerto Rico, al igual que organizaciones profesionales en la isla como la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales han denunciado que la movida del CRE y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) podría crear una crisis de acceso a la justicia en Puerto Rico.

Ello porque en Puerto Rico no hay suficientes abogados de quiebra que puedan atender la avalancha de demandas radicadas y porque además obliga a decenas de empresas y contratistas que han hecho negocios con el gobierno por décadas a tener que pagar un abogado para demostrar que la razón les asiste.

Allí, el exjuez y directivo de la JSF, Arthur González, explicó que el desarrollo del proceso que permitiría entablar conversaciones con los contratistas demandados o aquellos en negociaciones confidenciales y recibir evidencia de los demandados tomaría cerca de un mes. A esos efectos, dijo el exjuez, el CRE espera enviar una comunicación a los demandados en las próximas semanas.

El Nuevo Día supo que en un plazo de una a dos semanas, la JSF se propone presentar un recurso a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III de Puerto Rico, para informarle de su decisión. Como parte de ese proceso, explicaron las fuentes, el CRE solicitaría a Swain que postergue el tiempo que tienen los contratistas para contestar las demandas en su contra. De ser el caso, los contratistas demandados podrían postergar la contratación de abogados hasta tener mayor claridad acerca del proceso que llevará a cabo la JSF.

Este diario supo además que oficiales de la JSF discutirían el proceso en ciernes con integrantes de diversas organizaciones empresariales en la isla, a fin de aclarar el curso a seguir. Dichos encuentros comenzarían hoy mismo, dijeron las fuentes, al destacar que el objetivo es atender la controversia de la forma más eficiente y sin que haya necesidad de contratar abogados.


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