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El Departamento de Justicia federal argumentó que dos decisiones recientes emitidas por la Corte Suprema de los Estados no tienen tangencia con el caso de Puerto Rico y la ley federal Promesa. (horizontal-x3)
El Departamento de Justicia federal argumentó que dos decisiones recientes emitidas por la Corte Suprema de los Estados no tienen tangencia con el caso de Puerto Rico y la ley federal Promesa. (Gerald López Cepero)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió esta tarde desestimar la demanda del gobernador Ricardo Rosselló Nevares que busca establecer que el organismo federal ha usurpado sus poderes y que urge que la corte emita un interdicto para evitar tal proceder. 

“Aunque Promesa confía a la entera discreción de la JSF los dos grandes instrumentos de política que hay -el plan fiscal y el presupuesto- y empodera expresamente a la JSF para formularlos y certificarlos… el gobernador cuestiona que Promesa preserva al gobierno los poderes políticos y de gobierno para tomar decisiones de política”, reza el recurso radicado por la JSF.

Según la JSF, el reclamo de Rosselló Nevares carece de méritos porque de acuerdo con Promesa, en material de presupuestos y planes fiscales, el organismo federal tiene la última palabra.

“Las provisiones que el gobernador objeta no son recomendaciones en el sentido de la sección 205 de Promesa”, se agrega en la moción de desestimación.

La moción de la JSF se produjo apenas minutos después de que el gobierno de los Estados Unidos solicitara por segunda ocasión, que mantenga la constitucionalidad de la ley federal Promesa.

En una moción radicada este miércoles, el procurador auxiliar general Thomas G. Ward y la abogada especial del Departamento de Justicia federal, Jean Lin, indicaron a la jueza Laura Taylor Swain que dos decisiones recientes emitidas por la Corte Suprema de los Estados no tienen tangencia con el caso de Puerto Rico y la ley federal Promesa, como alega el fondo de Inversiones Aurelius Management.

Esta semana, Aurelius envió a Swain copia de dos opiniones del alto foro federal estadounidense que a juicio de la firma de inversiones, tienen el efecto de validar sus argumentos en contra de la ley federal Promesa.

Aurelius demandó al gobierno estadounidense el año pasado y pidió a Swain desestimar el pedido de Título III que hizo la JSF a nombre del gobierno, indicando entre otras cosas, que las acciones de la JSF son nulas porque los miembros de dicha entidad fueron designados por el presidente de Estados Unidos sin el consentimiento del Senado como indica la Constitución de Estados Unidos.

Específicamente, Aurelius remitió a Swain, el fallo del Supremo estadounidense en el caso Lucia v SEC y Ortiz v United States. Ambos fallos se produjeron el pasado 21 y 22 de junio.

En el caso de Lucia v Sec, el alto foro determinó que un funcionario de mejor jerarquía en el organigrama del regulador bursátil federal debió ser nombrado en su cargo partiendo de la cláusula de nombramientos establecida en la Constitución estadounidense. 

Mientras, en el caso de Ortiz, la Corte Suprema determinó que posee jurisdicción para revisar decisiones de las cortes de apelaciones de las Fuerzas Armadas y concluyó que la cláusula de nombramientos en la constitución estadounidense no impide que un juez militar actúe como un oficial de menor jerarquía una corte y como principal oficial en otra.

“Estas determinaciones impactan directamente varios de los asuntos constitucionales que han sido traídos en la objeción y moción de desestimación del Título III que ha presentado Aurelius”, indicó el fondo de inversiones.

Pero según el Departamento de Justicia federal, la interpretación que da Aurelius a ambos fallos judiciales es errada, pues tales decisiones solo respaldan su argumento en torno que la cláusula de nombramientos de la constitución estadounidense no aplica a los miembros de la JSF.

“Un hallazgo de que la cláusula de nombramientos aplica a oficiales territoriales no solo daría en la cara a esta práctica histórica sino que también cuestionaría las estructuras de gobierno actuales de los territorios y el Distrito de Columbia que han estado en funciones por décadas”, reza el recurso de Justicia federal en el que se agrega que según la jurisprudencia del alto foro federal, al Congreso tener autoridad plena sobre sus territorios, esta no está supeditada a la “compleja” distribución de los poderes del gobierno que provee la constitución estadounidense.

Gobierno responde

Por su parte el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo J. Portela Franco indicó que "en los próximos días, nuestros abogados estarán contestando esa moción y estaremos presentando nuestros argumentos frente a la jueza Laura Taylor Swain en la vista que fue pautada para el 25 de julio de 2018”.


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