Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

El Congreso y la Casa Blanca deberían ponerse de acuerdo sobre el presupuesto en o antes del 23 de marzo, cuando vence la más reciente resolución temporera de gastos. (AP / Andrew Harnik) (horizontal-x3)
El Congreso y la Casa Blanca deberían ponerse de acuerdo sobre el presupuesto en o antes del 23 de marzo, cuando vence la más reciente resolución temporera de gastos. (AP / Andrew Harnik)

Washington - En medio del proyecto de presupuesto federal que envió ayer al Congreso, el gobierno del presidente Donald Trump adelantó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico proyecta aumentarse su presupuesto en $20 millones.

De acuerdo con el documento referido por la Casa Blanca, la JSF prevé aumentarse su presupuesto para el año fiscal puertorriqueño, que empieza en julio, de $60 millones a $80 millones. En su primer año, el presupuesto de la JSF fue de $31 millones.

Aunque el presupuesto de la JSF lo paga el gobierno de Puerto Rico, el documento indica que la administración federal está obligada a precisar cómo se proyecta la distribución de fondos para ese organismo, impuesto por la ley Promesa.

La propuesta legislativa del presidente Trump, además, sugiere imponer una nueva tarifa para Puerto Rico y Hawái por la inspección de animales y productos agrícolas que son transportados al continente estadounidense.

La nueva tarifa, que no precisa su costo para el ciudadano, busca que el gobierno federal recupere los $29 millones que dedica a las inspecciones que se hacen a viajeros que van a EE.UU. continental desde Puerto Rico y Hawái.

El plan de la JSF de aumentarse su presupuesto, por segundo año consecutivo, y la nueva tarifa a los viajeros desde Puerto Rico y Hawái, son dos de los temas certeros de un proyecto de presupuesto que se considera que tiene mucho menos pie firme que lo usual.

Tras la nueva ley bipartidista de presupuesto y de asignaciones para mitigar desastres, que Trump firmó el pasado viernes, el documento es más que nunca una lista de prioridades del presidente de EE.UU.

De todos modos, el proyecto de presupuesto de Trump –que alcanza los $4.4 billones (trillions, en inglés)- propone recortes durante la próxima década en todo EE.UU. a los programas Medicare ($554,000 millones), Medicaid ($250,000 millones) y de Asistencia Alimentaria ($214,000 millones).

Pero el documento –redactado desde mucho antes- choca con la nueva ley que el Congreso acaba de aprobar y que Trump firmó, que permite incrementar los gastos del presupuesto en $300,000 millones durante los próximos dos años. De ahora al 23 de marzo, cuando vence la más reciente resolución temporera de gastos, el Congreso buscará ponerse de acuerdo en torno a la distribución exacta de cada dólar que es parte de la ley firmada el pasado viernes.

En ese sentido, el corto tiempo entre la firma del acuerdo bipartidista y la presentación del presupuesto evitó también tomar en cuenta los aumentos que recibirá la isla en los fondos de Medicaid, que deben alcanzar los $4,800 millones durante este año fiscal federal y el próximo, y en el acceso al programa de desarrollo comunitario de Vivienda federal, conocido en inglés como CDBG y que puede rondar los $10,000 millones.

La legislación, sin embargo, refleja que, excepto por esos fondos de emergencia, la política pública del gobierno federal en torno a Medicaid no ha avanzado.

Aunque en la hoja de asignaciones de Medicaid del presupuesto enviado el año pasado al Congreso se proponían $1,592 millones para la isla, el nuevo documento proyectaba que este año fiscal federal se iba a quedar realmente en $824 millones.

Y para el próximo año fiscal federal, que comienza en octubre, el plan –previo a los $4,800 millones acordados el pasado viernes- era dejar a la isla con el tope de fondos de la ley permanente, unos $359 millones anuales.

El documento enviado por la Casa Blanca, mientras, prevé un aumento de $33 millones en las asignaciones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), que se pueden elevar a $1,962 millones en el año fiscal federal 2018-2019.

Pero debe tomarse en cuenta que, en octubre pasado, tras la devastación causada por el huracán María, el Congreso autorizó otros $1,270 millones, que salieron del programa para atender desastres de SNAP, que es el mecanismo a través del cual los estados reciben fondos de asistencia alimentaria.

Reducciones millonarias

Hay unos programas que desaparecerían, por lo menos en las hojas estadísticas que entregó la Casa Blanca. Uno de ellos es el que está destinado a respaldar “una educación efectiva”, el nombre que se le dio en esta administración de Trump al programa de subsidios para mejorar la calidad de los maestros. Puerto Rico llegó a tener asignaciones de $62 millones y $59 millones en los dos últimos años fiscales federales a través de ese programa.

Bajo el plan presupuestario de Trump, y en momentos en que se reduce la población en Puerto Rico, se impulsa una reducción de cerca de $70 millones en los fondos del plan federal de salud infantil (CHIP) y de $17 millones en los fondos del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños de 1 a 5 años (WIC, por sus siglas en inglés).

El proyecto de Trump también proyecta una reducción de $11 millones en el subsidio de alquiler de la sección 8 y de $7 millones en el programa Título 1 de Educación federal para escuelas con estudiantes bajo el nivel federal de pobreza, que son la abrumadora mayoría en la isla.

En la propuesta de Trump se proyecta invertir unos $200,000 millones en fondos federales para su plan de infraestructura, que, por medio de capital privado y aportaciones de gobiernos locales, quisiera alcanzar los $1.5 billones en una década. El gobierno de Puerto Rico ha mostrado interés en participar de ese plan de renovación de infraestructura.


💬Ver 0 comentarios