La torre de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. (GFR Media) (horizontal-x3)
La torre de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. (GFR Media)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) dio un plazo de 48 horas al gobernador Ricardo Rosselló para que enmiende y presente un nuevo presupuesto para la Universidad de Puerto Rico (UPR) tras concluir que la propuesta de ingresos y gastos que hizo el centro docente no puede ser confirmada bajo la ley federal Promesa.

En una misiva a la jefatura de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el presidente de la JSF, José B. Carrión, indicó al director ejecutivo Gerardo Portela que el presupuesto que presentó la UPR no guarda relación con el plan fiscal certificado en abril pasado y que el centro docente continúa sin presentar al organismo federal documentos y detalles de los gastos que pondera hacer a partir de julio. Esto, a pesar de que la JSF lleva meses solicitando la información por vía de cartas.

“El presupuesto sometido por la UPR el 4 de junio de 2018 no está en cumplimiento con el plan fiscal de la UPR y no cumple con los requisitos establecidos por la JSF en su correspondencia con la UPR”, reza la carta de Carrión, en la que agrega que se requieren “revisiones sustanciales” al documento de presupuesto.

Entre otras cosas, la misiva de Carrión, que constituye una notificación de violación bajo la ley federal Promesa, señala que la UPR no indica en su presupuesto a cuánto ascenderán los gastos consolidados del centro docente. La UPR, alegó en su carta la JSF, tampoco proveyó detalles acerca de la procedencia de sus ingresos o de las justificaciones para los gastos que ha proyectado, y tampoco ajustó sus proyecciones de ingresos considerando el impacto que tendrá el alza en la matrícula.

“Como consecuencia, los recaudos están subestimados en relación al plan fiscal”, reza el escrito de Carrión.

Sin embargo, durante el proceso de certificación del plan fiscal de la UPR, el gobierno y el presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Walter Alomar, indicaron que no aumentarían el costo de matrícula a los niveles requeridos por el organismo federal.

El revés de la JSF al presupuesto de la UPR se produce a solo días de que el organismo federal se reúna por décima cuarta ocasión para certificar el presupuesto del gobierno central, un aval que a la fecha no se concretará. Esto, porque la Asamblea Legislativa no ha derogado la Ley 80 de 1976 (que provee remedios a los trabajadores en caso de despido injustificado), un componente de cinco reformas estructurales contenidas en el plan fiscal y con las que se pretende dar un rebote a la economía de la isla.

Ayer, la JSF -que en aras de asegurar la implementación del plan fiscal y de que se derogue la Ley 80, aceptó que la Legislatura no reciba recortes en su presupuesto- propinó otro revés al gobierno de Rosselló cuando rechazó el presupuesto de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

En el caso de la ACT, cuyo liderato también descartó aumentar los peajes, la JSF también reclama que el

presupuesto de la corporación pública no incluyó los recaudos que se recibirán provenientes de ese incremento en las tarifas, según lo establecido en el plan fiscal.

La administración de Rosselló también ha objetado el alza de peajes.

La Aafaf tiene hasta hoy, martes, para presentar los cambios al presupuesto de la ACT. Mientras, la agencia de gobierno a cargo de implementar Promesa tendría hasta mañana, miércoles, para hacer los cambios al presupuesto de la UPR.


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