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Igual que el Ejecutivo, el liderato legislativo demandó a la Junta de Supervisión Fiscal. (horizontal-x3)
Igual que el Ejecutivo, el liderato legislativo demandó a la Junta de Supervisión Fiscal. (Ramón “Tonito” Zayas)

La demanda de la Asamblea Legislativa contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la implementación del presupuesto avoca a Puerto Rico a un nuevo capítulo de incertidumbre y podría resultar, eventualmente, en un tranque definitivo entre el organismo federal y el gobierno puertorriqueño que forzaría al Congreso estadounidense a enmendar la Ley federal Promesa.

Ayer, alegando es su deber proteger “los intereses del pueblo puertorriqueño”, los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez demandaron al organismo federal, porque este presuntamente usurpa sus poderes.

Se trata de un reclamo similar al que radicó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares la semana pasada, explicó Yesmín Colón Colón, integrante del bufete Emanuelli y coautora de un libro sobre el controversial estatuto federal.

Pero también, dijo Colón Colón, se trata de un nuevo cuestionamiento al rol que juega la JSF, la figura creada por el Congreso estadounidense para renegociar la deuda de la isla y cuyo alcance ahora también es blanco de ataques por parte de los oficiales electos de Puerto Rico.

“Esta es otra evidencia más de que, como hemos dicho desde que se aprobó, Promesa no funciona y el Congreso va a tener que tomar alguna determinación y enmendar la ley”, dijo Colón Colón.

Tras consignarse la demanda, la JSF reiteró que actúa según el mandato dado en Promesa.

“La JSF aprobó y certificó el presupuesto para el año fiscal 2019 en cumplimiento con el plan fiscal certificado y de acuerdo con Promesa para colocar a Puerto Rico en la ruta de la recuperación”, indicó el organismo federal en declaraciones escritas.

“La JSF se defenderá vigorosamente de cualquier demanda que busque frustrar la implementación del plan fiscal y del presupuesto”, se agregó.

Fuentes de este diario aseguran que el organismo federal pondera contrademandar al gobierno.

A la carga los acreedores

Mientras los abogados de las partes comienzan a medir fuerzas, Assured Guaranty y Financial Guaranty Insurance Company objetaron ayer en corte que su demanda -que alega que el plan fiscal certificado por la JSF es inconstitucional- continúe suspendida a la luz de Promesa.

Según Colón Colón, de un lado, el litigio incoado por Rivera Schatz y Méndez parece una maniobra “política” porque los argumentos y remedios que solicitan son similares a los esbozados por Rosselló Nevares, ypor ello, pudieron unirse al reclamo del gobernador.

Del otro lado, explicó Colón Colón, el pedido de interdicto y sentencia declaratoria de los líderes legislativos es importante porque alega que la JSF “usurpa las facultades que posee la Asamblea Legislativa dentro del sistema republicano de gobierno”. Rosselló Nevares alega lo mismo, pero en su rol como ejecutivo y administrador del aparato de gobierno.

“Aún cuando la JSF es la evidencia más contundente de que Puerto Rico es una colonia, eso no le da el derecho de querer usurpar los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, no tan solo por quienes decidieron democráticamente elegir a sus representantes y senadores, sino por el sistema republicano de gobierno que dispone el poder legislativo, ejecutivo y judicial”, indicó Rivera Schatz en declaraciones escritas.

“La política pública la avala el pueblo de Puerto Rico, a través de los oficiales electos en la Asamblea Legislativa, no una Junta de Supervisión”, dijo Méndez.

Una junta distinta

En su reclamo de sobre 400 páginas incluyendo anejos, Rivera Schatz y Méndez dijeron a la jueza Laura Taylor Swain que la Asamblea Legislativa no es “un sello de goma” como “cree” la JSF.

Empero, los líderes legislativos no cuestionaron la legitimidad de la JSF o su poder para certificar presupuestos o planes fiscales. Más bien, alegaron que la JSF es distinta a la junta de control que el Congreso impuso sobre Washington D.C. durante la crisis fiscal de la capital federal a mediados de 1990 y que la JSF no tiene autoridad para forzar la aprobación de leyes o la anulación de otras.

En su reclamo, Rivera Schatz y Méndez explicaron que esa rama de gobierno buscó acoger la recomendación de la JSF cuando el Senado aceptó derogar la Ley 80 de 1976 de manera prospectiva y relataron el proceso de vistas públicas que el Senado convocó sobre el proyecto de reforma laboral que presentó la JSF. A dicho proceso, el presidente de la JSF, José B. Carrión no asistió.

“La JSF claramente actuó más allá de su autoridad al rechazar el presupuesto de la Asamblea Legislativa por esta oponerse a derogar la Ley 80 de manera retroactiva”, reza la demanda.

Alegan represalias

El mes pasado, la JSF y Rosselló Nevares llegaron a un acuerdo -que incluyó en una primera reunión a los líderes legislativos- para que se derogara la Ley 80. Esto, a cambio de que no tocar el presupuesto de la Legislatura como se planteaba inicialmente en el plan fiscal. Ese acuerdo fracasó tras no derogarse la Ley 80.

Sin embargo, en la demanda, los líderes legislativos alegaron que la JSF actuó “en represalias” al recortarles su presupuesto, a razón de $8.7 millones en el Senado y $10.2 millones en la Cámara baja.

De espaldas a Swain

Partiendo de una orden emitida por Swain durante el fin de semana, en la demanda de Rosselló Nevares, la JSF tiene hasta el próximo 12 de julio para radicar una moción de desestimación o contrademandar.

Anoche no quedaba claro qué estrategia seguirá la JSF, pero lo indisputable, según Colón Colón, es que los litigios costarán miles o cuando no, millones de dólares al fisco y perpetúan a la isla en el cuadro de incertidumbre que ya marca dos años desde la aprobación de Promesa.

De otra parte, dijo Colón Colón, Rosselló Nevares, los líderes legislativos y la JSF parecen hacer caso omiso a la decisión que Swain emitió en noviembre pasado.

Entonces, cuando la JSF y el gobierno se disputaban por la designación de un oficial de Transformación en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Swain estableció que Promesa está diseñada para que la JSF y el gobierno puertorriqueño trabajen “en conjunto” para lograr la renegociación de la deuda de la isla.

“Lamentablemente, no vemos que se pueda cumplir pronto con el mandato (en Promesa) de cuatro presupuestos balanceados consecutivos”, dijo Colón Colón al agregar que si Swain da la razón a la JSF, habrá una junta de control fiscal por muchos años. Y si por el contrario, da la razón al gobierno, el Congreso tendrá que intervenir para enmendar Promesa.


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