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Actualmente, el uso del cannabis medicinal está autorizado en la isla para pacientes de unas 15 condiciones crónicas o debilitantes, pero se requiere de una licencia del Departamento de Salud. (GFR Media)

La Legislatura comenzará a evaluar, tan pronto como esta semana, medidas que buscan ajustar las protecciones laborales para los pacientes de cannabis medicinal.

La presidenta de la Comisión cameral de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, dijo ayer que esta semana citará vistas públicas para el Proyecto de la Cámara 1197. La medida, de la autoría del representante penepé Antonio “Tony” Soto y del popular Jesús Manuel Ortiz, propone enmendar la Ley 42 del cannabis medicinal para prohibirle “a un patrono discriminar contra un paciente de cannabis medicinal” que cumpla con las regulaciones necesarias.

La pieza fue radicada en agosto de 2017. A preguntas de El Nuevo Día, Charbonier se percató ayer de que la pieza legislativa está en manos de la comisión que preside, en espera de informes con la opinión del Departamento de Justicia.

“Siempre se esperan y Justicia no los ha enviado, pero no puede ser. Ya va demasiado tiempo. Vamos (a realizar vistas públicas) sin los memoriales”, dijo Charbonier.

“Hay que ver la ejecución (de los empleados) en el área de trabajo, que es lo que le va a interesar a los patronos. Hay que ver si, bajo este medicamento, se pueden ejercer unas tareas. Va a haber un debate amplio sobre eso, pero, personalmente, tengo mis serias reservas con el proyecto”, agregó.

Charbonier ha propuesto legislación para imponer controles más estrictos a la industria del cannabis medicinal -tanto a su producción como en cómo la utilizan los pacientes- y ha cuestionado sus beneficios medicinales.

Por su parte, Ortiz señaló que el proyecto de ley “incluye salvaguardas” para atender los requerimientos de “algunos puestos de trabajo en específico”, para los cuales el empleado no puede estar bajo los efectos de ciertos medicamentos.

También hace la salvedad de que no aplicaría a compañías que utilicen asignaciones federales, porque el gobierno federal de los Estados Unidos aún clasifica el cannabis como una droga ilegal.

“Pero, para las leyes de Puerto Rico, es legal, y no podemos permitir que se siga discriminando contra miles de pacientes de un tratamiento que fue aprobado por el gobierno”, manifestó el legislador popular, quien entiende que el apoyo bipartita debe “eliminar toda consideración política” de la medida.

Mientras, Soto señaló que hay patronos que despiden a empleados que arrojan positivo a cannabis en pruebas de dopaje, aunque sean pacientes registrados para ese tratamiento.

Buscan aclarar lagunas

Por su parte, el Senado evaluará un proyecto de ley que busca la misma protección, pero con enmiendas a las leyes que regulan las pruebas de dopaje en el sector privado (Ley 59 de 1997) y en el público (Ley 78 de 1997).

El Proyecto del Senado 878 fue sometido el pasado 2 de abril por el senador independiente José Vargas Vidot, la penepé Zoé Laboy, el popular Cirilo Tirado y el independentista Juan Dalmau.

Fue referido a la Comisión senatorial de Gobierno, que preside Miguel Romero, quien lo evaluará a través de ponencias escritas o vistas públicas.

No obstante, Romero entiende que el marco legal existente ya contiene las protecciones.

“El estado de Derecho vigente establece que, si alguien arroja positivo a una prueba de dopaje, por ley tiene la oportunidad de demostrar los medicamentos que le han recetado. No es solo con el cannabis, sino con cualquier medicamento, como las anfetaminas”, sostuvo Romero.

“Esa es mi posición, pero, si este proyecto va dirigido a proteger eso y ampliarlo, me parece que es algo más que razonable para que se considere de forma positiva”, dijo.

Tanto el proyecto del Sendo como el de la Cámara de Representantes aluden a que existen lagunas que han permitido que patronos discriminen contra personas que aspiran a un puesto vacante o han afectado a otros que ya están empleados.

La medida de la Cámara indica que opiniones de tribunales en Estados Unidos, al resolver demandas, “demuestran que estos honrarían los derechos laborales de los usuarios de cannabis medicinal si estos derechos estuviesen expresamente detallados en la ley que aborde el tema del cannabis medicinal”

Entretanto, la versión del Senado hace referencia a un “limbo legalista que debe ser corregido” para “prohibir que en Puerto Rico se tomen represalias contra cualquier empleado o candidato a empleo por este arrojar un resultado positivo en una prueba de dopaje al uso de una o varias sustancias controladas para las cuales cuenta con prescripción médica o autorización legal”.

El senador Vargas Vidot considera que es necesario detallar textualmente la ilegalidad de dicho discrimen.

“Puede que ya sea ilegal ese discrimen, como lo es para alguien que consume otras sustancias, como Xanax, Percocet y ron, pero el cannabis históricamente ha sido sometido a un estigma”, expresó Vargas Vidot. “Yo soy de la calle y he visto el discrimen, y sé que una ley no cambia el prejuicio de la gente”, añadió.

“Hay medicamentos antihipertensivos que dicen que no puedes usarlos cuando vayas a manejar equipo pesado, y alguien que toma jarabe no puede pilotar un avión. En esos casos, no hay problemas con hacer acomodo razonable”, afirmó. “El patrono establece el criterio de cada puesto de trabajo y la farmacología establece cuáles son los efectos de los medicamentos. Así los criterios se balancean razonablemente, no por estigma”, apuntó Vargas Vidot.


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