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Agentes de la Patrulla Fronteriza en la isla continúan realizando las detenciones comunes. (horizontal-x3)
Agentes de la Patrulla Fronteriza en la isla continúan realizando las detenciones comunes. (GFR Media)

Las variaciones en la política implementada por el gobierno federal en la frontera sur de Estados Unidos con relación a las personas que entran sin autorización desde México no han tenido algún reflejo en Puerto Rico.

La administración del presidente Donald Trump ha navegado en un mar de polémicas desde que anunció la política de “cero tolerancia” en su intento confeso de reducir la cantidad de personas que cruzan dicha frontera sin permiso del gobierno federal.

Desde temprano en 2017, jefes de agencias federales habían informado que enfatizarían en el procesamiento criminal de los detenidos por violar leyes migratorias.

Posteriormente, comenzaron a trascender los informes periodísticos de que ese procesamiento implicaría que separarían a los menores de sus padres detenidos en la frontera.

Pero no fue hasta el 15 de junio pasado que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que 1,995 menores habían sido retirados del lado de 1,940 adultos en dicha frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo.

Esa información, junto a las imágenes de grupos de niños en jaulas, generó tanta presión que el 20 de junio Trump firmó una orden ejecutiva para detener la separación de menores de sus padres mientras sean detenidos, pero aseguró que seguirían procesándolos criminalmente por cruzar la frontera sin autorización.

Esa labor recae en agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Sin cambios en la isla

Sin embargo, durante todo este tiempo, han continuado las detenciones por la CBP en Puerto Rico, pero sin atravesar por los vaivenes de esas políticas.

El portavoz de la CBP para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, Jeffrey Quiñones, explicó que la diferencia obedece a que la política de la administración ha sido dirigida específicamente a la frontera de Estados Unidos con México.

“A nosotros, no nos aplica”, explicó Quiñones. “Nosotros acá seguimos la operación regular, como siempre ha sido”.

Explicó que el protocolo de manejo de migrantes intervenidos por CBP, que sigue vigente, comienza por un procesamiento “administrativo” y deportación, con la advertencia de que, en una segunda ocasión, la persona enfrentará cargos criminales.

En caso de que suceda, según Quiñones, la primera acusación es por un delito menos grave que conlleva unos seis meses de cárcel, que suelen cumplirse durante el trámite.

Agregó que, con otra detención, la persona se enfrenta a 10 años de cárcel. Mientras, una persona que haya sido deportada tras cometer algún delito enfrentaría hasta 20 años si es detenida tratando de regresar a territorio estadounidense.

De resultar convictos, cumplirían cárcel en prisiones federales, y la deportación le corresponde a la Oficina de Operaciones de Detención y Remoción (DRO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Civiles, y el licenciado Josué González, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), indicaron, por separado, que no les ha llegado información sobre cambios en el trato de las personas detenidas mientras intentan entrar a la isla sin autorización del gobierno federal.

“Puerto Rico dio un paso adelante hace unos años, cuando se aprobó la ley que permite sacar la licencia de conducir sin importar el estado migratorio”, destacó Rodríguez.

González, por su parte, alertó “que no nos haya llegado información, no significa que no esté pasando, pero la ACLU siempre está pendiente”.

Diferencias

En contraste con el flujo que se registra en la frontera de Estados Unidos y México, Quiñones destacó que la cantidad es mucho menor en el caso de Puerto Rico, a la vez que ha ido en descenso durante los pasados años.

“No pasan de 600”, comentó Quiñones. “Tampoco hemos tenido que procesar a ninguna persona que haya tenido que ser procesada criminalmente y ande con su familia”.

El portavoz también señaló que, en la isla, la CBP tampoco ha implementado puntos de cotejo (“check points”), que igualmente han causado revuelo en Estados Unidos por las repentinas intervenciones que se realizan en autobuses que transitan por varias ciudades de ese país -no solo en el sur- para solicitar identificaciones a los pasajeros. Ello, para corroborar si tienen ciudadanía estadounidense o su estatus migratorio.

Ante las críticas, las oficinas centrales de la CBP han citado la autorización legal que tiene la agencia para realizar esas intervenciones a 100 millas de cualquier frontera.

Aplicado al tamaño de Puerto Rico, esta zona abarcaría todos los rincones del país.

“Teóricamente, se podría hacer Orocovis, pero en el tiempo que llevo en la agencia no se ha hecho en Puerto Rico. No ha habido necesidad de hacer ese tipo de inspección”, afirmó.


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