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Cuando faltan solo tres días para que comience la convención del Partido Popular Democrático (PPD), en San Juan solo se han reorganizado 16 de sus 132 unidades electorales.

Las 116 restantes permanecerán con los mismos delegados elegidos en 2016.

El representante Luis Raúl Torres, quien es el delegado presidencial de la capital, reconoció que, ante este panorama, el reto que tiene la Pava es que haya una baja participación de los 320 delegados de San Juan, lo que también pudiera ocurrir con los cerca de 5,000 delegados que votarán en la Asamblea General del PPD.

Sin embargo, los delegados de San Juan, por representar prácticamente un cuarto de la Asamblea General, pueden decidir una elección como la que se llevará a cabo el domingo para escoger a los miembros de la Junta de Gobierno del PPD.

“Tienen fuerza decisional. Si San Juan baja en bloque a respaldar, por ejemplo, a candidatos a la Junta de Gobierno como ha pasado en algunas ocasiones, eso le da una fuerza al candidato que reciba el respaldo”, sostuvo Torres en entrevista con El Nuevo Día.

Sobre el proceso de reorganización del partido con este panorama, el representante indicó que “se está haciendo el trabajo a todo vapor”. “Yo le garanticé al partido que nosotros vamos a tener la reorganización total de San Juan no más tarde del mes de abril del próximo año”, agregó.

Explicó que, cuando en septiembre pasado el fenecido presidente de la Pava Héctor Ferrer le dio la encomienda de dirigir los trabajos de reorganización de San Juan, advirtió que era “imposible” lograrlo de forma “óptima” para la Asamblea General que será el domingo y en la que se escogerán los miembros de la Junta de Gobierno del PPD.

Por su parte, el presidente electo del PPD, Aníbal José Torres, dijo que la reorganización “siempre ha sido así”.

“La reorganización no finaliza, continúa. Yo prefiero que la reorganización se trabaje responsablemente y que sea una realidad a que tratemos de empujar una reorganización que no va tener el efecto político que queremos. Esto no es nuevo cuando haces este tipo de trabajo”, aseveró.

“(La Asamblea) ya estaba programada para esta fecha y se hicieron todos los esfuerzos para adelantar, pero no se iba a paralizar el proceso. No hay reorganizaciones perfectas. Todas son dinámicas”, respondió Torres cuando se le preguntó si no era una mejor opción posponer la Asamblea General.

Para trabajar con la reorganización de las 116 unidades electorales que restan en San Juan, están llamando a los delegados del 2016.

“Hay una estructura existente. Si los delegados existentes acuden, no representa ningún problema. Hasta ahora, lo que hemos recibido del banco de llamadas que estamos haciendo es que la mayoría piensa ir. Eso es algo que no lo podemos saber hasta que llegue el registro. Existe la posibilidad de que no todos estén”, apuntó.

“Esa es una sorpresa que el partido puede tener en todo Puerto Rico porque se ha estado reorganizando. Hay pueblos que están en proceso de reorganización. Eso puede suceder”, anticipó Torres.

En San Juan, aspiran a la alcaldía y podrían convertirse en presidente del comité municipal el abogado Armando Valdés; la senadora Rossana López; el representante Luis Vega Ramos; el exvicealcalde de la capital Rafael Jaume y el presidente de la Legislatura Municipal de San Juan, Marco Rigau.

En su mayoría, los delegados de San Juan favorecen a López, dijo Torres. Pero aclaró que no son ellos quienes escogen exclusivamente al alcalde o alcaldesa.

Reveló que propuso –y fue acogido– que el que sea seleccionado presidente del comité municipal sea también el candidato a alcalde del PPD. “Eso acelera los trabajos y ayuda a que tenga la organización política y electoral para entonces ganar las elecciones”, explicó.

Entretanto, ayer cerró el período para que los populares presentaran resoluciones y mociones a ser consideradas por la Asamblea General.

Torres presentó una resolución para crear legislación para que a toda persona electa, jefes de agencia y puestos de confianza se le confisquen los bienes y sea referidos a Justicia en caso de que no puedan explicar la procedencia de sus bienes. Esta resolución, indicó Torres, busca evitar el inversionismo político, el lavado de dinero y la compra de influencias.


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