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Julia Keleher. (GFR Media)

Legisladores de los tres partidos acogieron positivamente hoy la renuncia de Julia Keleher a los contratos que mantenía con el gobierno.

“Entiendo que era muy necesario que lo hiciera ante toda la vorágine de investigaciones que de repente han surgido sobre su desempeño dentro del Departamento de Educación (DE). No hay forma ni manera en que se justifique que mantenga contratos con el gobierno”, dijo el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Henry Neumann a El Nuevo Día.

Preguntado si el gobierno debió haber rescindido el contrato de Keleher con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) cuando se anunció la supuesta renuncia de Keleher el lunes, Neumann dijo que todo es confuso.

“Veo de forma bien confusa la salida de ella del DE. En primera instancia, ¿cómo puedes justificar que una persona próxima a salir haga una orden administrativa designando su sustituto?"

Para la representante de la mayoría PNP María Milagros Charbonier, el escenario que rodea a Keleher “invita” a que se cancelen sus contratos.

“Que no tuviera contratos hasta que todo se aclare. Tenemos una política pública de cero tolerancia a la corrupción y debemos sostenerla en todos los asuntos. La renuncia de ella, unida a lo que hemos escuchado, invita a que tengamos prudencia”.

Preguntada también por qué el gobierno insistió en mantener a Keleher de contratista tras su salida del DE, Charbonier dijo que desconoce las interioridades.

Alegó también que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, no compartió con ella que él conociera de irregularidades en la agencia.

“Ellos manejan información que nosotros no manejamos”, dijo.

Para el representante independentista Denis Márquez, la salida total de Keleher del gobierno es “una buena noticia para el país”.

“Su trayectoria demostró de que fue nefasta para el país. La llamé por dos años la empresaria de Educación porque se dedicó a destruir el sistema educativo de Puerto Rico. Los cierres de escuelas en el 2017 y el 2018 fuero un ejemplo de eso”, dijo Márquez a periodistas en el Capitolio.

“El trato a los estudiantes de diversidad funcional, el trato a los maestros y ahora pone en venta escuelas públicas…  la suma de esos factores demuestra lo nefasta que fue”, agregó al sostener que si bien le parece bien que el liderato cameral ahora denuncie irregularidades en torno a Keleher, ese mismo liderato bloqueó legislación que propuso Márquez para investigar las ejecutorias del DE y la necesidad de interpelar a Keleher.

“Hubo mucha deferencia de diversos legisladores al trato con ella”, dijo.

Para el senador independentista Juan Dalmau Ramírez, la renuncia de Keleher se da por la presión pública.

"La renuncia a los contratos es producto de la indignación pública ante un intento del Gobernador de dar acomodo razonable con un salariazo a una exjefa de agencia que no dio el grado. Vergüenza debe sentir el gobernador y su equipo de que siquiera consideraran semejante barbaridad ante un pueblo empobrecido y en quiebra", dijo.

Por su parte, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) Cirilo Tirado, cuestionó la aparente inacción de la secretaria de Justicia en investigar a Keleher.

“Denota la falta de control por parte del gobernador Ricardo Rosselló sobre los asuntos de la gobernanza del país y la corrupción vuelve a salir a flote en el Departamento de Educación. Se le advirtió hace varios meses al señor gobernador y se hizo de la vista larga. ¿Dónde está la secretaria de Justicia en esta investigación? ¿Dónde está la directora de la Oficina de Ética Gubernamental en esta situación y dónde está la Contralora de Puerto Rico?”

En el caso del portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, la salida de Keleher se refleja en el mandato de Rosselló.

“El patrón de inmadurez e incapacidad del gobernador Rosselló es consistente. Contrata, defiende y protege a sus allegados, aunque estos reiteradamente le fallen al país; y ni siquiera tiene conocimiento; pero cuando estos funcionarios pasan a ser investigados por las autoridades federales, es que decide cancelar sus contratos o pedirles sus renuncias”, dijo.

“Lo lamentable de esto es que las entidades fiscalizadoras estatales, controladas por Rosselló, con su silencio se convierten en cómplices de estas irregularidades. Nuevamente, queda demostrado que la administración penepé no tiene basto conocimiento de la cosa gubernamental”.


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