De izquierda a derecha los legisladores Jesús Manuel Ortiz, Jesús Santa, Javier Aponte Dalmau y Luis Raúl Torres (horizontal-x3)
De izquierda a derecha los legisladores Jesús Manuel Ortiz, Jesús Santa, Javier Aponte Dalmau y Luis Raúl Torres. (Xavier J. Araújo Berríos)

Miembros de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes (PPD) denunciaron hoy que la aprobación de un presupuesto desbalanceado y, tal como sostienen se aprestan a hacer hoy los legisladores de la mayoría penepé, podría conllevar el despido de 20,000 servidores públicos y el corte de servicios esenciales a la ciudadanía.

“Eso quiere decir que eso puede representar aproximadamente el despido de 20,000 servidores públicos del sistema de gobierno de Puerto Rico”, indicó el representante popular Luis Raúl Torres sobre el dato que toma en consideración el salario promedio de los trabajadores del estado de $21,000 anuales.

Según la delegación del PPD, los representantes de la mayoría van a aprobar un presupuesto para el presupuesto año fiscal -el cual asciende a $8,782 millones al incluir un alza de $33 millones versus la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)- presenta un desbalance de $435 millones.

Jesús Santa, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, indicó que el déficit de $435 millones es el resultado de las proyecciones de ahorros estipuladas, tanto en el nuevo modelo contributivo como en la propuesta del Código de Incentivos, medidas que no han sido aprobadas y cuyo futuro es incierto en esta sesión legislativa que culmina el próximo 30 de junio.

El representante explicó que, de acuerdo con las proyecciones del Estado, el Código de Incentivos debe generar $300 millones en economías. Mientras, $135 millones en ahorros adicionales provendrían del nuevo modelo económico.

“Estamos partiendo de la premisa que lo que ellos dijeron que iba a llegar al ingreso del país va a ser, porque nunca se sometió una proyección ni una explicación, solamente decían que era la Junta que daba esos números”, puntualizó Santa.

“Mi teoría es que la Legislatura ha claudicado de su responsabilidad y se la está dejando a la Junta”, planteó Santa, quien cuestionó el proceder del presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Antonio Soto, de no exigirle a la administración las proyecciones sobre lo que son los ingresos del país cuando “es la parte más importante de un presupuesto”.

“Lo que debió haber sido un ejercicio para que el país llevara un presupuesto balanceado, que es parte de las condiciones de la ley de promesa, quizás la más importante, de entrada ya este presupuesto ya no cumple con eso”, agregó Santa.

Su correligionario Jesús Manuel Ortiz subrayó la falta de cuestionamiento por parte del equipo fiscal a los recortes que incluye el presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Dijo que durante su comparecencia al proceso de vistas públicas ninguno de los jefes alertó el peligro que representaban las reducciones para las agencias.

“Defendieron el acuerdo al que llegó el Gobernador con la Junta que incluía el presupuesto que estaban evaluando”, puntualizó.

Días después, sin embargo, los jefes de Educación, el Departamento de Seguridad Policía y el Instituto de Ciencias Forenses advirtieron que los recortes ponían en peligro una serie de servicios, incluyendo el salario de 1,300 efectivos de la Policía, subrayó Ortiz.

“Plantearon solamente tres objeciones, la reducción al Instituto de Cultura, lo recortes al componente de fiscalización (Oficina de Contralor y Ética Gubernamental) y las asignaciones que no estaban incluidas y que iban dirigidas a los CDT (Centros de Diagnósticos y Tratamiento) … ninguna otra queja”, puntualizó Ortiz.

Agregó que las prioridades de esta administración están “torcidas” al hacer referencia al aumento a la Oficina de Fortaleza, incluido entre los acuerdos logrados con la JSF, para cumplir con parte del plan de la administración de Ricardo Rosselló.


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