La legalización de estos juegos trae críticas del sector político del país. (horizontal-x3)
La legalización de estos juegos trae críticas del sector político del país. (GFR Media)

La legalización de máquinas tragamonedas de entretenimiento para adultos como una opción de recaudación de fondos para complementar la reforma contributiva presentada por la administración de Ricardo Rosselló Nevares recibió hoy el rechazo de legisladores, quienes  argumentaron que dicha acción supondría un golpe social y económico al país.

Por un lado, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Aponte, indicó que legalizar estas máquinas y su operación en pequeños negocios crearía un problema mayor de adicción a los juegos entre la ciudadanía. Asimismo, denunció que es difícil controlar el que menores de edad no utilicen las tragamonedas.

“No creo que los alegados beneficios económicos, en termino de ingresos al erario, de legalizar estas maquinitas se logren materializar, tal como nunca llegó a concretarse, ni tan siquiera estuvo cerca, las fantasiosas proyecciones de ingresos que brindó la pasada administración con el proyecto de este tipo de maquinitas en el hipódromo Camarero o las instaladas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, que, de hecho, fueron removidas”, expresó Aponte en declaraciones escritas.

Por su parte, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sostuvo que legalizar este tipo de máquinas reduciría el uso de las tragamonedas ubicadas en los casinos, las cuales generan ingresos que por ley se asignan a entes gubernamentales, entre ellos la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Por disposición de la Ley de Juegos de Azar, los ingresos de las tragamonedas en los casinos pasan a un fondo separado de la Compañía de Turismo. Dalmau precisó que dicho fondo generó el pasado año unos $77 millones.

“Si se adopta el modelo que se propone para legalizar las tragamonedas, el estudio que se realiza bajo la legislación que se ha anticipado, estaríamos hablando que la UPR perdería $27 millones de los $34 millones que recibe anualmente por el impacto que tendría en los casinos. Se estima que cerca de $35 millones se perderían para el Fondo General y se anticipa que (la Compañía de) Turismo perdería entre $32 y $45 millones”, sentenció Dalmau en expresiones al inicio de la sesión senatorial.

Esta mañana, el gobernador y los líderes legislativos acordaron que se le daría paso en la Asamblea Legislativa al proyecto de ley de reforma contributiva sin incluir los ingresos que generaría la legalización de las tragamonedas, ni cambios a los impuestos sobre el inventario.


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