El senador Larry Seilhamer es el autor de la medida. (GFR Media) (semisquare-x3)
El senador Larry Seilhamer es el autor de la medida. (GFR Media)

El Senado y la Cámara de Representantes finalmente llegaron a un acuerdo sobre el lenguaje negociado en el comité de conferencia sobre el proyecto que establece el marco regulatorio energético.

El Senado aprobó el texto de la enmienda en la sesión de hoy y la Cámara hará lo propio el martes de la semana que viene, supo El Nuevo Día. Luego de ese trámite, la medida iría a La Fortaleza para la firma del gobernador.

El último escollo en torno a la medida consistía en una enmienda introducida por la Cámara de Representantes que eximía del trámite de una consulta de ubicación a cualquier proyecto de finca solar. El autor de la medida, el senador Larry Seilhamer, se había opuesto al argumentar que ese trámite de consulta de ubicación sirve como garantía para que estos proyectos no afecten terrenos de valor agrícola o sensitivo, ya sea por su ubicación frente a la playa o en zonas urbanas.

En entrevista con El Nuevo Día, Seilhamer indicó que el lenguaje propuesto por la Cámara se eliminó y se sustituyó por el texto de la Ley 76-2000, un estatuto que le permite al gobernador, en proyectos que surjan como consecuencia de estados de emergencia declarados mediante órdenes ejecutivas, que se acorten los términos necesarios para el trámite los permisos de los proyectos.

Específicamente esos términos de la Ley76-2000 estarían vigentes en el marco regulatorio por los primeros cinco años luego de convertido el proyecto en ley.

Por ejemplo, toda agencia gubernamental con injerencia en los proyectos presentados y a los cuales la Junta de Planificación les solicite comentarios o endosos, tendrá el término improrrogable de cinco días laborables desde la petición para presentar su endoso y oposición al mismo. Además, se establece un término de 10 días laborables desde el momento en que se radique el documento ambiental correspondiente por la entidad gubernamental responsable para que la Junta de Calidad Ambiental exprese su conformidad u objeción.

También dispone la Ley 76-200 que una vez la entidad gubernamental correspondiente radique una consulta de ubicación ante la Junta de Planificación, esta tendrá un término improrrogable de 15 días laborables para evaluar la consulta de ubicación radicada. Aprobada la consulta, la entidad gubernamental correspondiente someterá el proyecto para la consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos, que tendrá cinco días laborables para evaluar y emitir los permisos correspondientes una vez sea radicado el proyecto.

Seilhamer indicó que lo que se busca es adoptar esos términos más cortos, pero garantizando el cumplimento de documentos ambientales, declaraciones de impacto ambiental o evaluaciones ambientales.

Mientras, el senador popular Eduardo Bhatia celebró el acuerdo entre los cuerpos legislativos.

"Con la aprobación del informe del Comité de Conferencia del Proyecto del Senado 1121 logramos ahora abrir un mercado de energía eléctrica después de 70 años de monopolio que nos limitaba. Al fin, la nueva era energética para Puerto Rico ha llegado; con una transición a energía renovable, con prosumidores, con un fondo para promover la energía verde y con una prohibición a la quema de carbón. Por fin las comunidades podrán construir sus propias microredes eléctricas sin necesidad de depender del gobierno central".


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