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El presidente de la Cámara de Representantes considera que el ente fiscal está para establecer unos parámetros, pero lo que se haga con el presupuesto es decisión del gobierno.

No habían transcurrido 24 horas desde la convocatoria del gobernador Ricardo Rosselló Nevares a una sesión extraordinaria, cuando el Senado rechazó, por tercera ocasión, el proyecto que derogaría la Ley de indemnización por despido injustificado (Ley 80-1976), y que hubiera permitido al gobierno cumplir con el acuerdo alcanzado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La medida de administración -que recibió cuatro votos a favor y 18 en contra- fue atendida ayer de manera expedita (por descargue), a pesar de la ausencia de 10 senadores que se habían excusado por estar fuera del país.

Favorecieron la medida las senadoras Margarita Nolasco e Itzamar Peña, y sus compañeros Nelson Cruz y Miguel Romero, todos de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Para ser aprobada, la medida necesitaba 16 votos a favor.

“En el Senado, no hacemos actos simbólicos. En el Senado, actuamos conforme a nuestra conciencia, conforme a la información que recibimos, y cada senador y cada senadora puede votar como lo estime correcto”, señaló el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, al dirigirse a sus compañeros de la Cámara alta.

“Es un mal acuerdo (el alcanzado con la JSF). El gobernador está equivocado, no hay un fundamento económico que justifique la derogación de la Ley 80 en ninguna parte…”, añadió el líder senatorial.

Rivera Schatz fue el único que tomó un turno para discutir la medida. Mientras, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dejó para récord su rechazo a la eliminación del estatuto.

El acuerdo entre el gobierno y la JSF consistía en la derogación de la Ley 80 a cambio de ciertos aumentos en asignaciones de fondos -incluyendo la que financia la Oficina del Gobernador- y la continuidad, al menos temporera, del bono de Navidad y la acumulación de los días por vacaciones y enfermedad para los empleados del sector público. La JSF busca derogar esa ley por entender que crearía en Puerto Rico un mejor clima para hacer negocios, lo que atraería la inversión y la creación de empleos.

El proyecto derrotado ayer en el Senado, además de derogar la Ley 80, tal como quería la JSF, creaba el “Fondo de Compensación por Despido Injustificado y Reintegro al Ámbito Laboral”, y enmendaba la Ley 100-1959 a los fines de establecer una compensación adicional para aquellos empleados que fueran despedidos por las causales de discrimen sancionadas en ese estatuto. Esa propuesta había sido traída hace unas semanas por el senador Romero, y fue rechazada entonces por el caucus de mayoría.

Reacciona el gobernador

Rosselló Nevares lamentó ayer, en declaraciones escritas, el proceder del Senado. “Convoqué a una sesión extraordinaria, en espera de que el Senado utilizara los días que la Constitución dispone para una consideración responsable y prudente de todas las medidas en agenda”, afirmó.

“El presidente del Senado optó por no dedicarle tiempo a este asunto, dejando a nuestro pueblo en la incertidumbre que ha provocado el incumplimiento del acuerdo con la JSF”, indicó Rosselló Nevares.

En contraste, el Ejecutivo agradeció a la Cámara de Representantes “su aportación” en el proceso.

El presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que ante la acción del Senado, ese cuerpo legislativo no atendería la pieza sobre la Ley 80 durante la extraordinaria. “Sería un ejercicio estéril”, señaló Méndez.

A preguntas de la prensa, Rivera Schatz indicó que atendieron el asunto ayer por la premura que, a su juicio, tenía el gobernador. Sostuvo que le había anticipado al Ejecutivo la ausencia de varios compañeros legisladores, y “aun así convocó” la sesión extraordinaria.

“Yo no voy a entrar en el chantaje que pretende la Junta. Han provocado un diseño para enfrentar puertorriqueños con puertorriqueños, el gobernador contra la Asamblea Legislativa; el gobernador contra el Senado; los empleados públicos contra los empleados privados; eso es lo que quiere la Junta. Hoy es la Ley 80, si se le complace, más adelante tendrán otro requerimiento leonino”, sostuvo Rivera Schatz.

Rechazó que su negativa a derogar el estatuto responda a una lucha de poder o política.

No obstante, expertos consultados por este diario estiman que, precisamente, detrás de la controversia existe una pugna de liderato.

Por un lado, el presidente del Senado opta por hacerle frente a la JSF y posicionarse como una alternativa ideológica en comparación con el gobernador, explicó el experto en administración pública, Mario Negrón Portillo.

Por otro lado, del gobernador toma decisiones según lo que entiende que es el menor de los males políticos. El cálculo establece que más personas resultarían afectadas por la eliminación del bono de Navidad que con la derogación de la Ley 80. Por eso, abundó, está dispuesto a sacrificar el estatuto a cambio de conservar ese beneficio.

“Desde el punto de vista político, creo que todo eso es para las gradas. Lo que están decidiendo con estas controversias es quién tiene el poder en el PNP”, opinó Negrón Portillo.

La Cámara de Representantes limitó sus labores ayer a recibir los proyectos de administración, proceso que permite que sean enviados a las comisiones que tendrán a cargo su evaluación.

Retarán el presupuesto

Contrario a expresiones previas, el presidente de la Cámara sostuvo ayer que cree necesario que el gobierno “rete” en los tribunales la determinación de la JSF de imponer un presupuesto que contiene recortes drásticos a las partidas de gastos de funcionamiento y pago de nómina.

“Tengo un grupo de abogados haciendo un análisis para determinar el ir a los tribunales. Voy a hablar con el compañero presidente del Senado, y el gobernador debería acompañarnos en eso porque la Junta está para establecer unos parámetros de acción, pero lo que se haga dentro de ese presupuesto, luego que se cumplan con unos parámetros, es prerrogativa del gobierno”, sostuvo Méndez. En declaraciones previas, no había tenido una posición clara sobre ese asunto.

Rivera Schatz, por su parte, reafirmó que “nuestros abogados van a atender eso”. “Llegado el momento oportuno, nuestros abogados nos recomendarán el curso a seguir, bien sea porque nosotros vayamos al tribunal o porque la Junta nos demande, nosotros vamos a defender lo que entendemos que debemos defender”, subrayó.

Por su parte, el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, y otros legisladores de esa colectividad reiteraron su llamado al gobernador a que implemente el presupuesto que firmó y no el de la JSF. “Si decide no combatirlo, es un cobarde, y va en contra de todos los principios”, sostuvo Hernández.

El lunes, tras Rosselló Nevares anunciar la firma del presupuesto aprobado por la Legislatura, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que harían cumplir la versión certificada por ellos. Aunque no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales, dijo que no desearía hacerlo por la inversión innecesaria de recursos económicos y tiempo.

Medidas en consideración

Junto con el proyecto para derogar la Ley 80, el gobernador sometió otras dos medidas de administración, las cuales fueron aprobadas ayer en el Senado.

El Proyecto del Senado 1032 sometido por el Ejecutivo autoriza a las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del gobierno a fijar planes de pago con los municipios, siempre y cuando dicha determinación no afecte sus proyecciones de recaudos y el cumplimiento de los planes fiscales.

Mientras, el Proyecto del Senado 1034 enmienda la “Ley de Seguridad de Empleo en Puerto Rico (Ley 75-1956) con el fin de incrementar la paga del seguro por desempleo a algunos trabajadores. Según la pieza, esos cambios permitirían aumentar a $190 el pago máximo semanal a partir del 1 de julio de 2019. Desde el 2010, sin embargo, la suma alcanzaría los $240.

Igualmente, el primer ejecutivo solicitó que se considere para su aprobación durante la sesión extraordinaria el proyecto de reforma contributiva que ya está bajo análisis en ambas cámaras, pero esa medida no ha sido atendida.

Los reporteros Ricardo Cortés Chico y Marga Parés Arroyo colaboraron en esta historia.


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