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La comisionada residente Jenniffer González conversa con nuestro reportero Ricardo Cortés Chico sobre los fondos de emergencia que se contemplan en el acuerdo del presupuesto federal entre senadores republicanos y demócratas

Washington - Un acuerdo bipartidista en el Senado sobre el presupuesto federal, que se intentará aprobar hoy, permitiría darle pleno acceso a Puerto Rico al programa de Medicaid, para avivar por dos años su sistema de salud, y establecer una zapata en busca de rehacer su red eléctrica.

La transacción anunciada por el liderato del Senado para financiar el presupuesto federal por los próximos dos años, podría representar para la isla cerca de $15,000 millones en asignaciones directas, según el senador republicano Marco Rubio (Florida), miembro del Comité de Asignaciones.

Si la medida supera las objeciones que surgen, por otros asuntos, desde la Cámara baja, Puerto Rico recibiría directamente $4,800 millones en fondos de Medicaid, como una asignación que representaría pleno acceso al programa, fundamentada en la emergencia causada por el huracán María.

Otros $2,000 millones se destinarían directamente para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) poder reconstruir su red, que 141 días después del ciclón aún no alcanza al 28% de la población.

Según el senador Rubio, de los $28,000 millones que se asignan al programa de desarrollo comunitario del Departamento de Vivienda federal –conocido por sus siglas en inglés CDBG y que permite iniciativas de infraestructura–, unos $11,000 millones se destinarían a Puerto Rico –en su abrumadora mayoría–, y la Islas Vírgenes estadounidenses.

Al cierre de esta edición no se había divulgado el texto de la resolución, que reunirá también los niveles de gastos para este y el próximo año fiscal federal, la continuación del presupuesto vigente hasta el 23 de marzo en espera de los detalles finales presupuestarios, y obviar el límite en la deuda federal hasta después de las elecciones legislativas de noviembre.

Pero, tanto el senador Rubio como el gobierno de Ricardo Rosselló dieron por descontado que se mantendrán las mismas exigencias que establecía la resolución aprobada en la Cámara baja en diciembre, que exige informes periódicos al gobierno federal sobre el plan de recuperación, que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) los certifique y avale cada proyecto de $10 millones o más.

El gobierno de Puerto Rico aún forcejea con el Tesoro federal para superar restricciones y lograr la entrega, a cuentagotas, de fondos de una línea de crédito de sobre $4,900 millones aprobada en octubre para jurisdicciones que han sufrido pérdida de ingresos a causa de desastres naturales.

La medida que avanzaría esta semana –que intenta evitar, además, que esta medianoche ocurra un nuevo cierre parcial del gobierno federal– ofrece otros $4,000 millones en préstamos a jurisdicciones que se han enfrentado a desastres naturales, como propuso la resolución original aprobada en diciembre pasado en la Cámara.

Como parte del acuerdo, el Senado puede aprobar hoy la medida. Luego, la legislación irá al pleno de la Cámara de Representantes, donde se enfrenta a la oposición de los conservadores republicanos, por su costo, y del liderato demócrata, que espera por un acuerdo con el speaker Paul Ryan para iniciar, como en el Senado, un debate abierto en el hemiciclo sobre una medida que normalice la vida de los “soñadores”, los indocumentados que llegaron a EE.UU. de la mano de sus padres.

Los $4,800 millones en fondos de Medicaid, para los próximos dos años, como medida de emergencia tras la devastación causada por el huracán María, es una iniciativa que el Congreso también aprobó para Luisiana, después del azote del ciclón Katrina, en 2005.

Los fondos evitarán que el sistema de salud de Puerto Rico caiga a finales de marzo o principios de abril en un precipicio fiscal de $1,200 millones anuales que causa el fin de las asignaciones de Medicaid de la ley Obamacare.

Debido a que la resolución temporal de presupuesto aprobada el martes en la Cámara baja extendía los gastos federales vigentes hasta el 23 de marzo, sin considerar las asignaciones para atender desastres, Puerto Rico pudo haber quedado hasta entonces sin un vehículo legislativo para avanzar fondos de Medicaid.

“Hubiese sido poner a Puerto Rico entre la espada y la pared en términos de Medicaid”, indicó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, al describir como “un logro histórico que nos quita el abismo fiscal de Medicaid por dos años”.

El gobernador Rosselló sostuvo que los $4,800 millones –que se sumarían al tope de cerca de $322 millones anuales que obtiene la isla del programa Medicaid por ley permanente– representarían un alivio de $1,200 millones anuales en el presupuesto, en referencia al dinero que aporta el gobierno de Puerto Rico a su plan Mi Salud.

Pero, ante el hecho de que habría que buscar nuevos fondos de Medicaid para el año fiscal federal que comienza en octubre de 2019, Rosselló indicó que examinará cómo reordenar esas asignaciones.

Lo que es claro es que si la medida se convierte en ley, el gobernador podrá incluir los $2,400 millones en fondos de Medicaid que estarían disponibles para el resto de este año fiscal federal (de ahora a septiembre) y los otros $2,400 millones para el 2018-2019 en el plan fiscal corregido que tiene que entregar el lunes a la JSF.

Tanto el gobernador como la comisionada reconocieron el apoyo que le dieron al gobierno los senadores por Florida, el republicano Rubio y el demócrata Bill Nelson, y el líder de la minoría demócrata, Charles Schumer (Nueva York). Pero, la comisionada –aunque le ha criticado por excluir medidas para la isla– dijo que al final del camino tuvo el respaldo del senador republicano Orrin Hatch (Utah) y del liderato legislativo de la Cámara, encabezado por el speaker Ryan.

La comisionada reconoció que originalmente el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), ofreció una asignación de Medicaid para este año fiscal federal de solo $950 millones.

La Cámara baja había aprobado, como parte del plan de salud infantil (CHIP), una asignación de $1,000 millones, pero la excluyó en enero de la legislación final.

En torno a la seguridad que da Rubio de que el acuerdo en el Senado le garantizaría $11,000 millones de CDBG para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el gobernador recordó que el senador es parte del Comité de Asignaciones.

“Ha sido un trabajo arduo… Parecen ser números favorables para la asistencia a Puerto Rico”, indicó el gobernador Rosselló, en una entrevista teléfonica, al agradecer que el Congreso encamine un alivio de emergencia “muy necesario”. Por escrito, Rosselló atribuyó lograr los fondos para la isla a los demócratas de ambas cámaras del Congreso.

“Hace tiempo que se debió aprobar”, dijo el senador Nelson, al indicar que es increíble que la mayoría republicana no haya actuado hasta que Puerto Rico estaba a un mes de caer en un abismo fiscal de Medicaid.

Red eléctrica

El gobierno de Puerto Rico, enfrentado a continuas restricciones y condiciones del gobierno federal en el acceso a fondos de emergencia, espera que los $2,000 millones destinados a reconstruir la red eléctrica de la isla sean el inicio para rehacer el sistema.

La comisionada González prevé que una cuarta resolución de asignaciones para atender desastres será debatida en el Congreso en abril o mayo. En la tercera resolución de asignaciones suplementarias se mantiene el lenguaje clave que permitiría a FEMA financiar los trabajos para rehacer la red eléctrica, no solo reparar lo dañado.

El gobernador y la comisionada destacaron que la medida permitirá a Puerto Rico no tener que parear los fondos que se asignen a través del Cuerpo de Ingenieros y para carreteras federales. Y la comisionada dijo que el programa CDBG permite parear sus fondos –un 20%– con asignaciones de otros programas federales.

“Prácticamente todas nuestras prioridades de gasto para Puerto Rico están incluidas en este acuerdo, incluidos dos años de financiamiento para Medicaid y dinero adicional para infraestructura, hospitales, centros de salud comunitarios y reparación de la red de trabajo”, indicó Rubio.

El acuerdo, según el senador Rubio y el gobierno de Rosselló, mantiene las restricciones para que la JSF certifique los planes de recuperación y las asignaciones a la isla. “Es un asunto que aún tratamos de enmendar”, para que se haga alusión a una colaboración con la Junta, no que le ponga al gobierno de Puerto Rico otra capa de poder para reclamar los fondos de emergencia, dijo una fuente cercana al gobernador.

El texto de la resolución aprobada en la Cámara baja que propone cientos de millones de dólares para reparar instalaciones federales en la isla, civiles y militares, $30.9millones para el programa Job Corps de Puerto Rico, y otros $24 millones en fondos del PAN, también se retiene, dijo la comisionada.

Como parte del acuerdo presupuestario, se elevan los gastos federales en cerca de $500,000 millones durante dos años.

La resolución aprobada en diciembre en la Cámara baja para atender recientes desastres naturales –incluidos los daños causados por los huracanes Harvey, Irma y María, y los fuegos forestales en el oeste– alcanzaba los $81,000 millones. Los fondos se aumentan en miles de millones de dólares.

Dentro de la legislación, habrá cerca de $15,000 millones en fondos para el Cuerpo de Ingenieros mitigar inundaciones y canalizar ríos, entre otros proyectos de infraestructura en los estados y territorios afectados por desastres.

El Senado había frenado en diciembre la resolución cameral para mitigar desastres, ante la oposición de los demócratas, que la consideraron insuficiente.


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