La vicepresidante de la Cámara baja Lourdes Ramos dijo que es la primera instancia, desde que fueron nombrados los miembros del ente federal, que puede estar de acuerdo con una de sus determinaciones. (GFR Media) (semisquare-x3)
La vicepresidante de la Cámara baja Lourdes Ramos dijo que es la primera instancia, desde que fueron nombrados los miembros del ente federal, que puede estar de acuerdo con una de sus determinaciones. (GFR Media)

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, emplazó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), mediante comunicación escrita, a que entable demandas contra el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y al exadministrador de los sistemas de retiro, Juan Cancel Alegría, en su búsqueda de recuperar el dinero pagado en la emisión ilegal de bonos del Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado (ELA).

La JSF reveló hoy, domingo, que radicó demandas contra tenedores de bonos emitidos por el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) para recobrar, aproximadamente, $392 millones en pagos totales.

Las demandas tienen la intención de recuperar intereses y principal de bonistas grandes que tengan al menos $2.5 millones en bonos que el SRE nunca estuvo autorizado a emitir al público, informó el organismo federal a través de un comunicado de prensa separado.

“El saldo inmediato fue el lastre del pago de $167 millones en una emisión que jamás debió realizarse”, sostuvo Ramos en el escrito.

La líder cameral añadió que es la primera instancia, desde que fueron nombrados los miembros del ente federal, que puede estar de acuerdo con una de sus determinaciones aunque, a su juicio, se quedó corta.

“Podrán ir contra los que adquirieron bonos y les han pagado intereses y dividendos. Pero también hay que ir contra Acevedo Vilá y Cancel Alegría quienes idearon el andamiaje ilegal, así como contra la casa de inversiones UBS, que aconsejó, colocó y compró los mismos”, sostuvo Ramos.

La también presidenta de la Comisión cameral de Sistemas de Retiro comentó que la Junta no debe gastar ni un solo centavo de los contribuyentes puertorriqueños buscando información para sustentar las demandas, pues en diciembre de 2011 culminó su propia investigación sobre el particular que fue referida al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y a la Fiscalía Federal.

Ramos dijo que entregó a estas agencias, al igual que al Departamento de Justicia local y a la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), el informe- un total de tres cajas de documentos que detallaron los procesos de 25 vistas públicas y ejecutivas-, donde develó el esquema que llevó al colapso de las pensiones de los jubilados del gobierno.


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