Manuel Laboy (der.) indicó que la persona que tendrá la última palabra será el secretario de Hacienda Francisco Parés, a la izquierda. (Angel Luis García)

Washington - El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) ya determinó que las operaciones de VantageKnight en Puerto Rico han cumplido con el decreto contributivo que obtuvo bajo la ley 20 de 2012, de acuerdo al informe anual que presentó el presidente de esa empresa, Manuel Ortiz, quien fue el principal cabildero de la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

Pero, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, advirtió hoy que en última instancia será el secretario de Hacienda, Francisco Páres, quien deberá determinar oficialmente si VantageKnight ha actuado de acuerdo con la ley 20, que reduce a 4% las contribuciones de empresas que exportan servicios desde Puerto Rico.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez ha pedido a Laboy que entregue a más tardar el martes el informe que VantageKnight tuvo que haber presentado ante el DDEC como beneficiario de un decreto contributivo basado en la ley 20.

Meléndez cuestionó que Laboy no hubiese dado a conocer antes la evaluación que hiciera sobre los beneficios que obtiene VantageKnight y se limitara a referir el caso al Departamento de Hacienda.

Mientras considera que el gobierno de Puerto Rico arrastra los pies en este caso, Meléndez divulgó que el Servicio de Rentas Internas (IRS) le notificó el pasado 16 de septiembre que examinará si Ortiz pudo haber tenido alguna “actividad fraudulenta” tributaria, al abrir una subsidiaria de VantageKnight en Puerto Rico, domiciliarse en la isla y acogerse a los beneficios de la ley 20, al mismo tiempo que ha mantenido su residencia familiar en Maryland y gran parte de sus operaciones en Washington D.C..

En declaraciones escritas, luego de no responder peticiones de información, Laboy sostuvo que el expediente del DDEC indica que las “operaciones de exportación de servicios desde Puerto Rico a Estados Unidos (de Ortiz) están en cumplimiento con lo establecido en la ley”.

“Ahora bien, y como estipula la referida ley, damos la deferencia necesaria al Departamento de Hacienda, agencia que ya comenzó el proceso administrativo correspondiente a su peritaje y campo de acción. De ese proceso arrojar alguna irregularidad o ilegalidad, el DDEC actuará conforme lo dispuesto en la Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, pudiéndose revocar el decreto, sin perjuicio de la aplicación de otros tipos de penalidades dispuestas en ley”, sostuvo el secretario Laboy.

VantageKnight tuvo contratos de hasta $1.6 millones con la Compañía de Fomento Industrial, que también dirige Laboy, y que es parte de la sombrilla del DDEC. En medio de las dudas sobre las operaciones de VantageKnight, Laboy reafirmó que esa empresa “no tiene contratos vigentes con nuestra agencia”.

“Desde agosto, y a raíz de las alegaciones que se han hecho públicas, el DDEC mantiene estrecha colaboración con el Departamento de Hacienda en este caso. Reiteramos nuestra disponibilidad para ofrecer la información que nos sea requerida en este proceso", agregó Laboy en su declaración.

Previamente, la oficina a cargo de los asuntos tributarios en el gobierno de Maryland informó a Meléndez que estudiará el caso de Ortiz.

Según los registros del Senado, Ortiz cabildea en Washington no solo para Pridco, sino para una decena de clientes. Los trabajos que pueda desarrollar en Washington D.C., incluso en su momento para Pridco, no pueden beneficiarse de la ley 20.

En una carta del 30 de septiembre, Meléndez señaló que el secretario Laboy le indicó que para cumplir con la ley 20, una empresa "extranjera" como VantageKnight no solo tiene que “’establecerse en Puerto Rico para proveer servicios (desde la isla) al exterior’’, sino que además tiene que tener una “’oficina o establecimiento bona fide localizada en Puerto Rico’”. “Tenemos serias reservas que una dirección en una urbanización de clase alta en Dorado cumpla con dicho requisito”, afirmó Meléndez en la carta al secretario Laboy.

En agosto, en medio del debate sobre las operaciones de VantageKnight en la isla, Ortiz afirmó que su empresa ha cumplido con “todos los requisitos” que exige la ley 20 de 2012, y sus obligaciones contributivas en Puerto Rico y Estados Unidos.


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