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"Secretario, yo le voy a pedir seriedad. Su contestación es muy poco seria", le dijo el representante Gabriel Rodríguez al jefe de la agencia, Carlos Saavedra

La división de la mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes respecto a la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) quedó evidenciada este lunes en la primera vista pública para discutir el tema.

Un panel de miembros del Ejecutivo defendió a coro la derogación de la Ley 80 ante la Comisión de Gobierno de la Cámara como el camino necesario para evitar “litigios prolongados y costosos” luego del acuerdo alcanzado entre la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador Ricardo Rosselló.

La Comisión de Gobierno de la Cámara evaluó el proyecto del Senado 1634 para eliminar la Ley 80, como lo exige la JSF, y el proyecto del Senado 1011, que aunque deroga también el estatuto lo hace de manera prospectiva.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; el director de la Autoridad de Asesoría y Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Gerardo Portela; el director del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra y el representante del gobernador ante la JSF, Christian Sobrino, presentaron sus ponencias a favor de la medida de la Cámara. Dijeron, en sus respectivos turnos, que la medida del Senado se apartaba del acuerdo entre el primer ejecutivo y la JSF.

La JSF y el gobernador acordaron derogar la Ley 80 a cambio de más dinero en el presupuesto y de proteger, pero solo durante la vida del plan fiscal a cinco años, el bono de Navidad y las licencias mínimas pagadas de vacaciones y enfermedad.

Los deponentes argumentaron que no derogar la Ley 80 crearía un ambiente de “incertidumbre” en la isla.

“Lo preferible en estos momentos es dar certeza a las relaciones laborales en Puerto Rico y evitar el escenario de incertidumbre que representa un pleito judicial”, dijo el secretario del Departamento del Trabajo.

Sin embargo, el secretario fue confrontado por el vicepresidente de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien le cuestionó qué permanencia tenía un trabajador luego de derogada la Ley 80. El legislador le recordó a Saavedra que con la aprobación de la Ley 4-2017, la permanencia de todo trabajador es posterior a un período probatorio de nueve meses.

Destacó que, de aprobarse la eliminación de la Ley 80, todo trabajador se convierte en una especie de “empleado de confianza” porque el mercado laboral cambia por completo para dar paso al trabajo a voluntad.

Cuestionado sobre cuándo adquiría su permanencia un empleado tras derogarse la ley 80, Saavedra contestó “es permanente desde el día uno”.

“Secretario, yo le voy a pedir seriedad y su contestación es poco seria. No es permanente (ese empleado)  y usted lo sabe”, ripostó Rodríguez Aguiló, quien antes de abandonar el salón de audiencias 1, donde fueron las vistas, sentenció que “ahora más que nunca” estaba en contra de eliminar la Ley 80.

También el representante José “Quiquito” Meléndez dejó claro estar en contra de derogar dicho estatuto. Calificó como “una extorsión” la petición de la JSF. Además, indicó que la JSF, contrario a lo que esbozaron los miembros de la rama ejecutiva, no puede eliminar el bono de Navidad, o reducir las licencias de enfermedad o de vacaciones.

“Esto es un caso de extorsión de la JSF. Un acto totalmente reprochable. La Junta no legisla. La Junta no puede ir al tribunal a decir ‘elimina esto’”, dijo el representante penepé molesto y en un tono fuerte.

Sin embargo, legisladores como José Aponte, María Milagros Charbonier, Antonio Soto y Lourdes Ramos dejaron consignados que darán su voto para eliminar la Ley 80.

“Pero que bueno que se va a derogar”, sostuvo Charbonier en su turno.

“Aquellos que se oponen, ¿por qué no acaban de ser valientes y pedirle al gobierno de Estados Unidos que de una vez resuelva el problema colonial de Puerto Rico?”, cuestionó Aponte.

En medio de la vista pública, llegó una carta de los miembros de la JSF que aclaraban una duda del presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Navarro.

La misiva, de dos páginas, firmada por todos sus miembros y remitida al gobernador, indica que si no se aprueba la derogación de la Ley 80 dejarán sin efecto el acuerdo con el gobernador. Especifican que eliminarían del presupuesto la porción destinada para el bono de Navidad de los empleados públicos, los $50 millones para el fondo municipal, los $25 millones para un fondo de becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y los $345 millones para medidas de desarrollo económico.

La carta quedó consignada para el registro de las vistas que estuvieron matizadas por las discusiones de corte político partidista y por el desconocimiento que mostraban los legisladores de leyes laborales e incluso del proceso parlamentario.

Cuando los miembros del Ejecutivo se disponían a abandonar el salón, la líder sindical, Eva Ayala gritó a Saavedra “secretario, no nos representa. Se deben economizar el salario”.  


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