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Algunos legisladores truenan contra el borrador del senador penepé, pero este se defiende.

El borrador de enmiendas a la Ley Antidiscrimen (Ley 100-1959) redactado por el senador Miguel Romero establece una serie de pagos fijos en casos en que se pruebe judicialmente que un patrono despidió a un empleado sólo por las razones contenidas en la citada ley.

Sin embargo, elimina del P. de la S 1011 enmendado en la Cámara de Representantes el fondo allí creado de $100 millones para el desembolso de mesadas pagadas con fondos públicos a empleados despedidos injustificadamente.

Esta propuesta, que será discutida mañana en un caucus legislativo citado para la 1:00 p.m., se utilizará como "vehículo" para lograr la derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado, según reconoció este mediodía el gobernador Ricardo Rosselló Nevares

"Hay una apertura para poder evaluar esta nueva propuesta de Miguel Romero como parte de una solución para poder lograr el compromiso de convertir a Puerto Rico en una jurisdicción ‘ad will’ y encaminar el acuerdo que nos permitirá a echar a Puerto Rico hacia adelante”, afirmó el ejecutivo en una actividad que realizó en Isabela.  

Esta mañana el secretario de asuntos públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, aseguró en una entrevista radial (Radio Isla) que la Ley 80 de Despido Injustificado será derogada, acorde con la solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal. La postura del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, es la de proteger el estatuto, aunque no ha sido claro en cuanto a si la mayoría en su caucus comparte su visión.

Con la derogación de la Ley 80, ningún trabajador tendría como única causa para radicar una querella contra su patrono por el mero hecho de haber sido despedido.

La Ley 100-1959, que no incluye el concepto de mesada, contiene una serie de protecciones para evitar el despido por razón de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida o visto como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho o por ser exmilitar, servicio o haber servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos o por ostentar la condición de veterano.

El Nuevo Día examinó el borrador preparado por Romero, donde se enmienda el artículo 10 de la Ley 100. En su texto se propone un pago correspondiente a dos meses de sueldo por concepto de indemnización si el despido ocurre dentro de los primeros cinco años de servicio, el sueldo correspondiente a tres meses si el despido ocurre luego de los cinco años hasta los 15 años de servicio y el sueldo correspondiente a seis meses si el despido ocurre luego de los 15 años de servicio.

Además, crea una indemnización progresiva adicional equivalente a una semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco años de servicios, dos semanas por cada año de servicio si el despido ocurre luego de los cinco años hasta los 15 años de servicio y tres semanas por cada año de servicio luego de haber completado 15 años o más de servicio.

Ha trascendido que estos daños tendrían que ser demostrado en medio de un pleito judicial ordinario, por lo que su desembolso no es automático.

La Ley 100 ya contempla otros remedios que se mantienen en el estado de derecho como el pago de una suma equivalente al doble de los daños causados o una suma no menor de $500 ni mayor de $2,000, a discreción del tribunal, si no se pudieren determinar daños pecuniarios o el doble de la cantidad de los daños ocasionados si esta fuere inferior a $500.

En la propuesta, que será discutida en un caucus de la mayoría del Senado, se mantiene intacto el lenguaje de la Ley 100 que dispone que cualquier patrono se expone a ser acusado de una práctica discriminatoria civil y penal si viola lo dispuesto en la ley. 

Se dispone en el borrador que los años de servicio se determinarán sobre la base de todos los periodos de trabajo anteriores acumulados que el empleado haya trabajado para el patrono, antes de su cesantía, pero excluyendo aquellos que por razón de despido o separación anterior hayan sido compensados o hayan sido objeto de una adjudicación judicial.

Tras presentado el proyecto, Rosselló Nevares opinó que la propuesta era "buena". 

Afirmó que entiende que no va en contra de las negociación que sostuvo con la Junta de Supervisión Fiscal como parte de la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal y para evitar que se eliminen otros derechos, como lo es el bono de Navidad. 


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