Nota de archivo: Este contenido fue publicado hace más de 90 días

La Legislatura estableció que los refugios y otras instalaciones sensitivas deberán contar con herramientas independientes de la AEE para generar electricidad y contar con una cisterna con capacidad para cinco días de agua. (GFR Media) (horizontal-x3)
La Legislatura estableció que los refugios y otras instalaciones sensitivas deberán contar con herramientas independientes de la AEE para generar electricidad y contar con una cisterna con capacidad para cinco días de agua. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley 14 medidas legislativas de abril a mayo de este año, entre las que se destaca una pieza legislativa que le reduce el presupuesto a la Comisión de Derechos Civiles (CDC) y otra que establece los lineamientos con los que deberán cumplir instalaciones que sirvan como refugios en preparación para un desastre natural.

El primer ejecutivo estampó su firma en una medida, cuyos autores son el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los senadores Luis Daniel Muñiz y Henry Neumann, que impone unos requisitos operacionales con los que deben cumplir las instalaciones de salud, centros de diálisis renal, aeropuertos, estaciones de gasolina, asilos para ancianos, égidas, hogares de niños y adultos en preparación para una emergencia. Además, también deberán cumplir con los nuevos requisitos las instalaciones que son utilizadas por el Departamento de Educación y el Departamento de la Vivienda como refugios.

El Departamento de Seguridad Pública tendrá la encomienda de hacer cumplir esta ley, la 88-2018. En síntesis, la ley requiere a todas las instituciones mencionadas contar con herramientas independientes de la Autoridad de Energía Eléctrica para generar electricidad, contar con una cisterna con capacidad para cinco días de agua y tener combustible suficiente para operar generadores por al menos 20 días.

En el caso de instituciones de salud y centros de diálisis, deberán contar con abastos de medicamentos y artículos de primera necesidad suficientes para operar por un término de 20 días después de un desastre natural.

Asimismo, el presupuesto de la CDC enfrentará un recorte de un 10% luego que el proyecto del Senado 420, de la autoría del presidente senatorial fuera convertido en la Ley 100.

La medida dispone que se le aplicarán las disposiciones de la Ley 3 para Atender la Crisis Económica y Fiscal del país del 2017 a las dependencias adscritas a la rama Legislativa. No obstante, se le realizaron enmiendas para eximir a entidades como la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina del Contralor y a la Oficina del Procurador del Ciudadano.

Así, solamente dejó desprotegida a la CDC por razones que no se han dado a conocer. Rivera Schatz no contestó una petición de entrevista de El Nuevo Día.

Con la ley aprobada, la institución tiene que reducir su presupuesto, congelar plazas vacantes y le impide crear puestos nuevos. El presupuesto vigente de la entidad es de $982,000 y ha ido en picada desde el 2008, cuando era de $1.2 millones.

La presidenta de la CDC, Georgina Candal, cabildeó tanto en la Legislatura como en La Fortaleza en contra del recorte presupuestario, pero no tuvo éxito en sus gestiones.

Ojo a las controversias

El gobernador también convirtió en ley una medida de Rivera Schatz -el proyecto del Senado 520- que identifica una serie de escenarios, supuestamente previsibles, en que una entidad enfrascada en una disputa obrero patronal podría solicitar una orden de entredicho o injunction preliminar para evitar que se realicen ciertas acciones, si prueba que se han producido “amenazas” anticipando actos “vandálicos, torticeros (injustos) o de intimidación contra terceros que atenten contra la paz, la dignidad humana”.

Miembros de la minoría popular en la Cámara de Representantes advirtieron al debatirse la medida que la nueva ley abre la puerta a que se radiquen recursos legales si se anticipa la colocación de un vehículo bloqueando u obstruyendo el tránsito o si se identifican actos que constituyan perturbaciones, “que fueren perjudiciales a la salud o a los sentidos” o que “interrumpan el libre uso de la propiedad, de modo que impidan el cómodo goce de la vida”, según texto de la ley.

Asimismo, el gobernador dio paso a la creación de un fondo de $78 millones para distribuir entre los municipios, dinero que fue distribuido ayer. Originalmente, la medida presentada por La Fortaleza contemplaba crear un fondo de $100 millones para que los municipios costearan gastos operacionales incurridos a raíz de la emergencia del huracán. Pero Rivera Schatz preparó un proyecto sustitutivo con el cual se redujo el monto a $78 millones, a razón de $1 millón por ayuntamiento, pero se liberalizaron las condiciones para acceder a los fondos.

Rosselló Nevares convirtió en ley otras dos medidas de Rivera Schatz. Una amplía las circunstancias en que un ciudadano puede darle muerte a una persona que entre a su hogar.

Además, Rosselló convirtió en ley un proyecto del líder senatorial que establece una guía con la que tendrán que cumplir padres o madres custodios o tutores que deseen relocalizarse junto con un menor. Se dispone con la nueva Ley 102-2018 que el padre custodio tendrá que notificar sus intenciones al padre no custodio por escrito en un plazo no menor de 30 días y que deberá obtener el consentimiento del padre no custodio, al tiempo que se establecen detalladamente las relaciones paterno-filiares.

De no obtenerse el consentimiento, el padre custodio deberá acudir al tribunal y solicitar autorización para la relocalización con el menor.


💬Ver 0 comentarios