El único ingreso del CFPR son los $144 de cuota anual. (horizontal-x3)
El único ingreso del CFPR son los $144 de cuota anual. (Pexels)

El Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico (CFPR) consignó esta mañana su oposición al proyecto que ley que busca derogar la colegiación compulsoria de estos profesionales y que es atendido por la Comisión de Gobierno, que preside el representante novoprogresista Jorge Navarro.

Navarro citó la vista pública como parte del proceso de atender sobre una treintena de medida radicada por su colega de mayoría, José Aponte Hernández, quien busca abolir el concepto de la afiliación compulsoria a cualquier tipo de colegio.

En la ponencia del CFPR, firmada por su presidente Alfredo Román, se establece que la entidad tiene la responsabilidad de velar la conducta ética de los colegiados -alrededor de 3,322-, proveer a bajo costo cursos de educación continua, educar al público sobre el buen uso de medicamentos y asesorar tanto a la Legislatura como al gobierno central sobre legislación, reglamentación y otros temas relacionados al campo de la farmacia.

"Estas aportaciones se logran sin costo al erario gubernamental ya que se cuenta con colegiados que trabajan voluntariamente en la Junta de Gobierno, en comisiones y en otros grupos de trabajo", lee la ponencia al defender la necesidad de mantener obligatoria la colegiación.

El único ingreso del CFPR son los $144 de cuota anual. 

El proyecto de Aponte Hernández pretende transferirle a la Junta de Farmacia todas las responsabilidades del CFPR en cuanto a la fiscalización de los cánones de ética. Según Román, esto representaría un conflicto de intereses ya que es a la propia Junta a la que le corresponde la determinación final en estas investigaciones. 

En el caso del Colegio de Optómetras de Puerto Rico (COPR), con una matrícula de alrededor de 500 profesionales, su presidenta Lourdes González Bergantiños planteó esta mañana que las funciones delegados por el Estado a la institución representan un ahorro al erario. 

Aponte Hernández también radicó proyectos para derogar la colegiación compulsoria de los optómetras y de los profesionales de la terapia ocupacional. En este último caso, tanto el colegio que los agrupa como la Junta Examinadora de Terapia Ocupacional, adscrita al Departamento de Salud, se opusieron a la medida. 

Como los farmacéuticos, los optómetras levantaron como virtudes de su institución la colaboración pericial con el Estado y la Legislatura, las iniciativas de educación a la comunidad y la colaboración en respuesta a desastres naturales.

Y levantaron otros argumentos, como el presunto movimiento económico que generan los seminarios de educación continua que provee el COPR y el ahorro que generan para el Estado al brindar servicios de salud y promover campañas de prevención.

"Sin colegiación, el gobierno tendría que sufragar todos esos gastos en prevención y gastos adicionales para que la Junta Examinadora pueda llevar a cabo todos los trabajos donde el COPR toma responsabilidad", dijo González Bergantiños.

El COPR desglosó en su ponencia los beneficios que brindan a sus colegiados con el cobro de la cuota, cómo reaccionaron con la repartición de material de primera necesidad tras el huracán María y la realización de actividades de orientación a la comunidad. 

"El COPR es una entidad indispensable para el bienestar visual de Puerto Rico. Nuestra recomendación a esta honorable Asamblea Legislativa es que nos ayuden a dar servicios a la comunidad", lee la ponencia.

"De no existir el Colegio, se pone en riesgo las actividades con que se beneficia la comunidad, afectando poblaciones menos aventajadas que son las de mayor impacto", agrega.


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