Los recortes de más de un millón y medio al presupuesto asignado a los Bomberos, Manejo de Emergencias y Ciencias Forenses harán de la operación de las agencias casi imposible al tener que ajustar su nómina

El secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, advirtió esta mañana que el recorte de $49.6 millones que enfrenta la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) al comparar el presupuesto recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal y del gobernador Ricardo Rosselló hace insostenible su operación.

En el caso de la Policía, advirtió que la partida de nómina se quedaría corta al finalizar el próximo año fiscal en $37 millones o el equivalente al salario de 1,300 efectivos.

Pesquera se desahogó esta mañana en la vista pública de la Comisión cameral de Hacienda, que preside el representante Antonio Soto, donde defendió el presupuesto de la dependencia, creada por ley el año pasado y que agrupa también a los negociados de Emergencias Médicas, Sistema de Emergencias 9-1-1, Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Manejo de Emergencias y el Negociado de Investigaciones Especiales.

Soto insistió en que la política pública del gobierno es de cero despidos y que la entrada de los policías al programa del Seguro Social, que sufrió un recorte de $19 millones por parte de la Junta, es un “compromiso programático”.

“No es posible trabajar ningún negociado con unas deficiencias”, indicó Pesquera.

“No logramos entender cómo a los negociados de las sombrillas la reducción es de cerca de $50 millones. No hay forma de operar los negociados a menos que sufran considerablemente los servicios que ofrecemos”, agregó.

Entre los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la Junta se logró un aumento de $125 mensuales para los policías condicionado a una serie de métricas con que tendrá que alcanzar la Uniformada en su plan fiscal.

“La buena noticia es que esos $37 millones están en OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), pero los condiciona a que no se pueden dar si no se cumplen con unos requisitos. Esas estipulaciones, con ese lenguaje que es restrictivo, el negociado no las puede cumplir y la nómina de la Policía tendrá una insuficiencia”, advirtió.

La partida de nómina, de hecho, es la única que altera a la baja el ente fiscal al comparar con el presupuesto recomendado por la administración de turno. De hecho, asigna $500,000 para gastos de funcionamiento y $500,000 para materiales y costos relacionados a operativos.

La reducción en la partida de nómina se da a pesar de que un estudio comisionado a la empresa Vision 2 Action reveló que hay un déficit de 2,000 policías y que no hay dinero para reclutamiento.

En el caso del Cuerpo de Bomberos, la reducción en nómina es de $7.9 millones y el gasto proyectado para el próximo año fiscal se mantendrá igual, indicó su jefe, Alberto Cruz Albarrán. Su presupuesto vigente es de $54 millones, pero el gobierno recomendó $56 millones.

“El Cuerpo de Bomberos no puede funcionar con una reducción de $7 millones en personal cuando hay sobre 200 vacantes”, advirtió Pesquera, acompañado por los comisionados de la sombrilla del DSP.

En la ponencia de la agencia se advierte que si se mantiene la reducción en el Cuerpo de Bomberos, “la operación se verá seriamente comprometida”.

“En caso de una emergencia provocada por un desastre natural, el Negociado se verá obligado a limitar el servicio que ofrece”, lee la ponencia.

En el Negociado de Ciencias Forenses, donde se vive una crisis de éxodo de personal reconocida en su propia ponencia, el recorte de la partida de nómina es de $1 millones al comparar con el presupuesto recomendado por Rosselló y de $600,000 al comparar con el vigente.

Su subdirectora, Mónica Méndez, señaló que el año fiscal corriente cerrará con 28 renuncias, con una baja particularmente crítica en el personal pericial. Solicitó dinero para llenar 23 puestos vacantes.

“De mantenerse el presupuesto ajustado por la JCF (Junta de Control Fiscal) para la partida de nómina y gastos relacionados, el negociado estaría confrontando problemas para cumplir con su deber ministerial y se estaría poniendo en riesgo la adjudicación de la oportuna justicia en los tribunales por falta de los análisis periciales que no estarían realizándose”, lee la ponencia del NCF.

“No podemos operar el NCF con un millón de dólares cuando necesitamos personal", sostuvo Pesquera.

El NCF también enfrenta un recorte, al comparar con el presupuesto vigente, de poco más de $200,000 entre el reglón de gastos de funcionamiento para el presupuesto vigente en comparación tanto con el recomendado por el gobierno y el de la Junta. Ese recorte incluye una merma de $32,000 en la partida de materiales y suministros, donde figuran los costos de algunas pruebas periciales.

En el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres la reducción en nómina -su único recorte- es de $1.1 millón. Con esta merma se pondría en riesgo el salario de 34 empleados sufragados con fondos estatales, dijo su comisionado, Carlos Acevedo Caballero.

En Emergencias Médicas se pondrían en riesgo 72 puestos de trabajo con un recorte de $2.2 millones en nómina, reza en su ponencia.

“A esto se le añade que la asignación de nómina del año fiscal 2018 resultó insuficiente”, lee el documento.

El Negociado de Investigaciones Especiales es el único componente del DSP que refleja un aumento en su presupuesto de $4 millones, pero sus fondos salen del Departamento de Justicia.

En medio de las denuncias de Pesquera y su equipo de trabajo, Soto señaló lo que ha sido su consigna desde que comenzó la evaluación del presupuesto el martes: “tenemos que garantizar en nuestro ejercicio legislativo que las partidas del presupuesto contengan las cantidades correctas del gasto específico”.

“El presupuesto va a sufrir enmiendas”, advirtió el legislador.


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