La primera fase del plan fiscal incluyó recortes para los municipios ascendentes a $350 millones. (horizontal-x3)
La primera fase del plan fiscal incluyó recortes para los municipios ascendentes a $350 millones. (GFR Media)

La posibilidad de incorporar al presupuesto recomendado para el año fiscal 2018-2019 nuevos recortes o medidas de austeridad que impacten directamente el bolsillo del ciudadano representaría para los municipios reducciones adicionales a sus ya menguados ingresos.

El panorama para los ayuntamientos -al igual que para el aparato gubernamental estatal- es incierto, y ese nivel de inseguridad amenaza con aumentar si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) establece el nuevo presupuesto, el cual podría incluir recortes de sobre $300 millones, según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Aquí están en riesgo hoy 40 municipios que pueden desaparecer o llevar sus servicios a la mitad de lo que hoy pueden ofrecer y acumulando déficit, no por culpa de los alcaldes, sino por culpa de legislaciones que se aprueban”, sostuvo el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri.

La primera fase del plan fiscal incluyó recortes para los municipios ascendentes a $350 millones en las partidas de transferencias estatales.

Tengo 40% menos de mi presupuesto hoy que hace cinco años, $12.5 millones menos. No hay manera de dar los mismos servicios”, subrayó el alcalde popular.

Planteó preocupación no solo con los nuevos recortes que se anticipan, sino con la aprobación de nueva legislación que impacte los recaudos municipales, así como las discusiones, a su juicio, no ponderadas en temas medulares como el presupuesto.

La eliminación del gravamen entre comercios B2B y la reducción a 7% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre los alimentos preparados -dos de las medidas incluidas en la reforma contributiva- también le preocupan porque tendrían como consecuencia una merma en los recaudos.

“El detalle es que, cuando la actividad económica se afecta negativamente, se afectan los ingresos del municipio en patentes y arbitrios de construcción. Cada municipio depende de la actividad económica de la ciudad”, dijo el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes, ente que agrupa a los ejecutivos municipales del Partido Popular Democrático (PPD), reconoció el escenario difícil que rodea a los municipios, pero dijo que no ve cómo se vincula la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) con la permanencia del bono de Navidad y las licencias de vacaciones y enfermedad.

“El gobierno pretende asumir el pago de la mesada de los patronos usando fondos públicos... un acto que va en contra de los principios constitucionales”, indicó Ortiz en referencia a uno de los proyectos de ley radicados para atender el tranque.

Reto a la junta

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, también admite el apretado panorama fiscal que atraviesa el país, pero para él, el gobierno tiene ante sí la oportunidad idónea para enfrentar la JSF en los tribunales y ver el alcance de la ley federal Promesa.

“No es momento de negociar cosas que afectan al ciudadano de a pie y que los protegen de abusos de patronos que pueden despedirlo injustificadamente”, señaló el alcalde novoprogresista.

Además, calificó como “un chantaje” el fondo de $50 millones anuales que anunció el gobernador para los municipios como parte de los acuerdos que alcanzó con el ente federal a cambio de la derogación de la Ley 80.

“La Junta aprobó arbitrariamente un plan que nos recorta para este año $219 millones porque no había fondos y, entonces de la noche al día, aparecen $50 millones si se aprueba la Ley 80”, planteó Jiménez, al opinar que la JSF se aprovecha de la situación “precaria” de los municipios.

Para su homólogo de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, sin embargo, las puertas de la comunicación deben permanecer abiertas, y evitar que se vayan cerrando las opciones de recibir dinero para los municipios. “De haber un tranque, las opciones de posibles fuentes nuevas de ingresos se cierran porque la JSF cambiaría el plan fiscal y el presupuesto, y entonces se limitan las opciones de los municipios”, señaló.

Rivera Cruz dijo, no obstante, que el impacto va más allá, ya que la determinación de no cumplir con el acuerdo alcanzado por Rosselló Nevares podría afectar las próximas negociaciones que podrían estar dirigidas a evitar o reducir el recorte de las pensiones.

“Si todos esos pensionados reciben un recorte en sus pensiones, tienen menos dinero para ir al supermercado, para ir a las tiendas, para comprar artículos, y por ende, hay menos ventas, menos patentes y menos IVU”, expresó.

Ramón Hernández, alcalde de Juana Díaz, destacó que junto al impacto en los recaudos, los municipios como el que dirige han visto mermadas igualmente las asignaciones de fondos legislativos y estatales.

“Podemos echar para adelante si el gobierno central no se empeña en amasar los fondos federales que están llegando. Si queremos reconstruir el país, tiene que ser desde los municipios”, sostuvo Hernández al cuestionar que la discusión presupuestaria se centre en eliminar la Ley 80.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, añadió el hecho de que, entre un 20% y 25% de los negocios que cerraron a causa del huracán, no reabrieron sus puertas. “Eso significa menos ingresos y menos empleos. Un golpe más y tendríamos que cerrar los municipios. Estamos luchando contra un gigante que es bien difícil vencer”, sentenció el también alcalde de Arecibo.

Dijo que los ingresos para el presente año fiscal se redujeron en $3.5 millones. Mientras, vislumbró que muchos municipios sobrevivirán el próximo año fiscal con el Community Disaster Loan (CDL), iniciativa que les permite obtener préstamos de hasta $5 millones para gastos operacionales.

“Si no hubiera llegado eso, estaría en un plan de cesantías o de reducción de jornada”, sentenció.


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