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El proyecto, de la autoría del representante novoprogresista Rafael “June” Rivera Ortega, ordena crear lo que se conocería como la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial (horizontal-x3)
El proyecto, de la autoría del representante novoprogresista Rafael “June” Rivera Ortega, ordena crear lo que se conocería como la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial. (GFR Media)

El proyecto que crea la nueva Ley de Educación Especial está calendarizado para ser atendido en la sesión legislativa de hoy de la Cámara deRepresentantes.

El proyecto, de la autoría del representante novoprogresista Rafael “June” Rivera Ortega, ordena crear lo que se conocería como la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial (SAEE), una entidad dentro del Departamento de Educación(DE) con autonomía administrativa, docente y fiscal que supervisará la implantación de programa de Educación Especial, que atiende a una población entre los 3 y los 21 años.

La cifra más reciente ofrecida por el DE coloca esta población estudiantil en poco más de 105,000, el equivalente a un tercio del estudiantado del sistema público.

El titular de la SAEE sería nombrado por el gobernador y confirmado por el Senado.

La recién aprobada reforma educativa crea lo que se conoce como las Agencias Educativas Locales (LEA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el proyecto de Rivera Ortega establece la que sería la oficina paralela para educación especial: la Oficina Asociada de Educación Especial Local. Estas dependencias, cuyo personal saldrá del propio DE, responderá directamente al secretario de la SAEE a nivel central.

Estas oficinas locales contarán con un director asociado, un facilitador del Programa de Educación Especial por municipio, un coordinador de servicios por escuela, un oficial de compras y pagos un coordinador de divulgación y participación, un oficial de prácticas, una oficina de administración para manejar presupuesto, recursos humanos, compras y pagaduría y una oficina de política pública y adiestramientos.

Además, una oficina de asesoría legal y proceso de querellas.

Entre las enmiendas principales al proyecto original se encuentra lenguaje nuevo en el inciso sobre Evaluación vocacional y de carrera, donde se dispone que, todo menor con discapacidad, al cumplir los 12 años, será sometido a una evaluación inicial para determinar “sus habilidades, intereses, aptitudes, limitaciones y capacidades funcionales, y opciones de ubicación”.

“Para que el estudiante comience a conocer sus intereses expresados y evaluados, junto a las habilidades básicas que posee como un medio de iniciar un proceso de exploración de carreras y de dar dirección a su transición secundaria”, lee la medida.

Luego de los 12 años, el menor recibirá una evaluación de este tipo anualmente.

Otra enmienda establece lo que se conoce como el Resumen de Ejecución, que será un informe en que se reflejela situación del menor en su transición a la escuela postsecundaria, incluyendo metas en ese nivel educativo, un resumen de ejecución por tarea académica y recomendaciones sobre acomodos.

Otra enmienda busca regular el proceso, que será por escrito, en que los padres o tutores serán notificados de cualquier cambio o la culminación de los servicios de educación especial de cada menor.

En otro cambio al proyecto se ordena que se establezcan campamentos veranos para menores de educación especial tanto en junio como en julio en cada oficina regional educativa.

El proyecto también ordena la creación de un panel de seis jueces administrativos supervisados por un juez administrador que tendrán la misión de atender querellas de padres y tutores. Todos serían confirmados por la Asamblea Legislativa.

El nombramiento de estos jueces será de tres años y Rivera Ortega se acogió una petición de la Oficina de la Administración de Tribunales para que estas vistas no se celebren en tribunales, como disponía la medida originalmente.

El juez administrador de la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional tendrá un nombramiento de cinco años.

Además, la medida mantiene una serie de requisitos que tendrán que cumplir varias dependencias gubernamentales con la población con discapacidades como Salud, Trabajo y Recursos Humanos, Corrección, Familia, Recreación y Deportes y la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción. Con las enmiendas se integra a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Departamento de Hacienda.

En el caso de OGP, tendrá que implantar las medidas que sean necesarias para que la SAEE logre su autonomía fiscal y en el caso de Hacienda, asistirá a la SAEE en el pago de servicios y equipos que requieren los menores con discapacidad.

 “Este proyecto da más organización y atempera el estado de derecho a la Ley 2004 de IDEA y nos da el poder para fiscalizar tanto el Programa de Educación Especial como las agencias de gobierno para que implementen correctamente la medida, algo que no ocurre hace años”, dijo Rivera Ortega en entrevista con El Nuevo Día el 5 de mayo.

La legislación propuesta también crea la Junta Examinadora de Defensores de Niños con Discapacidades, un ente creado bajo el Departamento de Estado que licenciará a estas figuras que en la actualidad son conocidas como intercesores, que son ciudadanos privados o agrupados bajo organizaciones que acompañan a padres o tutores de estudiantes en vistas administrativas del DE. Según Rivera Ortega, el trabajo de estas personas no está regulado y tampoco sus honorarios.

Estas personas, que han adquirido sus conocimientos precisamente batallando contra el DE en proceso administrativo, ahora tendrán que ser licenciados por el Estado y podrán evaluar prueba e interrogar testigos en procedimientos administrativos sin ser abogados licenciados. Sí tendrán, de convertirse en ley el proyecto, que aprobar un examen confeccionado por el Departamento de Estado y cumplir con una serie de requisitos, que incluye una cuota anual máxima de $100 para realizar el trabajo. Los honorarios serán reglamentados por el Departamento de Estado.


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