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Donald Trump. (AP)

Washington - En medio de la presión pública y con los problemas de seguridad amontonándose en los aeropuertos, el presidente Donald Trump convirtió anoche en ley la resolución que acaba con el cierre parcial del gobierno federal, sin obtener ningún dinero para construir partes de un “muro” en la frontera con México.

En el día número 35 del cierre parcial, que ha afectado a una cuarta parte de las oficinas del gobierno federal, Trump accedió al mismo tipo de propuesta que le hicieron los demócratas durante más de un mes: reabrir todo el gobierno federal y luego negociar las medidas de seguridad.

Trump había insistido en que cualquier legislación para reabrir todo el gobierno federal –cerca de un 25% estuvo sin funcionar desde el 22 de diciembre-, tenía que incluir $5,700 millones para la construcción de un muro o verja en la frontera.

Como parte del acuerdo, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron ayer mismo, sin oposición, resoluciones independientes que extienden hasta el 15 de febrero el presupuesto de las oficinas que han estado sujetas a un cierre parcial –como los departamentos de Vivienda, Agricultura, Seguridad Interna (Homeland Security), Justicia y Comercio-, y delegan en un comité de conferencia del Congreso el debate sobre el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna.

La rapidez con la que se aprobaban las resoluciones en ambas cámaras -solo tomó unos minutos ratificar las medidas- refleja las contradicciones del cierre parcial del gobierno federal más largo de la historia.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente Trump indicó que si no se logra consenso sobre su reclamo a favor de fondos para nuevas barreras en la frontera con México, puede recurrir a una “poderosa alternativa”, en aparente referencia a una orden ejecutiva para declarar una emergencia nacional y asignar el dinero administrativamente. “Ningún plan de seguridad en la frontera puede funcionar sin una barrera física”, dijo Trump.

La speaker Nancy Pelosi y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), siempre mantuvieron que cualquier debate sobre la seguridad en la frontera con México debía tener lugar después de la reapertura de todo el gobierno. Trump se negaba. Pero, en los últimos días, era evidente que los republicanos perdían la batalla de la opinión pública (53 a 34, según una encuesta de The Washington Post).

La situación se fue complicando con lasnoticias sobre las limitaciones que podían enfrentarse en el acceso a subsidio de viviendas, asistencia alimentaria y hasta en el funcionamiento de los tribunales federales. Y amenazó con tornarse en una crisis de grandes proporciones, ante la ausencia de controladores aéreos, lo que afectaba adversamente la seguridad en los vuelos.

Horas antes de anunciarse el acuerdo, el aeropuerto La Guardia de Nueva York tuvo que paralizar temporalmente sus vuelos, en momentos en que se reportaban retrasos en otros.

Además, seis senadores republicanos habían cruzado, el jueves, líneas partidistas para votar con los demócratas a favor de un acuerdo que permitiera abrir sin condiciones todas las oficinas federales.

Aunque el Congreso ya había aprobado y Trump convertido en ley, una medida que permitirá el pago reatroactivo, ayer fue la segunda quincena consecutiva en que alrededor de 800,000 empleados federales –incluidos 4,500 en la isla-, se quedaron sin cobrar sus salarios. El secretario de Comercio, Wilbur Ross, avivó el furor de los trabajadores, cuando expresó que no entendía por qué empleados federales tenían que acudir a centros en que se proveyó comida gratis, cuando tenían a su disposición préstamos federales a bajo interés.

“Era obvio que Trump no podía seguir aguantando la presión pública del cierre gubernamental”, dijo el analista José Javier Colón Morera, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Sobre Trump cayó también la arrogancia de haber indicado, en su reunión de diciembre con el liderato del Congreso y en medio de un intercambio con Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, que asumiría plena responsabilidad por un cierre parcial federal. “Tuvo una actitud temeraria”, indicó Colón Morera.

Para la speaker Pelosi, quien se mantuvo firme en reclamar que antes de negociar asuntos de seguridad en la frontera había que reabrir todas las oficinas federales, “las diferencias en política pública nunca deben ser una razón para cerrar el gobierno”. “Este acuerdo respalda nuestra posición”, dijo, por su parte, Schumer.

El pasado 2 de enero, según The Washington Post, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) afirmó que aceptar una resolución que extienda simplemente el presupuesto de las oficinas afectadas por el cierre parcial federal, sin fondos para el muro, sería acabar con la presidencia de Trump.

Ayer, por Twitter, Graham sostuvo que tiene la “esperanza de que el Congreso -de manera bipartidista-, trabaje con el presidente y aproveche este momento”.

Alivio en Puerto Rico

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por su parte, se expresó esperanzado en que la reapertura de todo el gobierno federal permita dar impulso al desembolso de fondos federales claves para la reconstrucciónde Puerto Rico.

“Me alegra que podamos tener comienzo a una reapertura y podamos restablecer la reconstrucción de una manera más efectiva. No era que se había detenido, pero sí había bajado de intensidad (de la reconstrucción)”, dijo Rosselló Nevares.

Mientras, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat , sostuvo que -ante el clima político en Washington- se propone tratar de adelantar de ahora al 15 de febrero el desembolso de fondos de vivienda pública, incluida la mayor parte de la primera partida de $1,500 millones del programa de desarrollo comunitario para atender desastres naturales (CDBG-DR).

“Vamos a tratar de bajar la mayor cantidad de fondos de operaciones de Sección 8 y Sección 9, que se usan para el subsidio de renta. Ya teníamos hasta febrero, así que vamos a tratar de bajar la asignaciones de marzo y quizás abril, para tener esos dos meses para amortiguar cualquier situación”, sostuvo Gil Enseñat.

Anticipó, sin embargo, que los trámites chocarán con la carga de trabajo de otros estados que no contaban con dinero adelantado y ahora tienen que pagar rentas atrasadas a propietarios de viviendas alquiladas con subsidio público.

Mientras, Gil Enseñat dijo que con la reapertura monitoreará los 15 “días calendario” adicionales que solicitó el Departamento de Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) debido al cierre, para que se logre la reautorización del plan de uso de la segunda partida de los fondos CDBG-DR, que suma unos $8,200 millones.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Carlos Flores, destacó que la reapertura significará un alivio no solo para los empleados federales de Agricultura federal (USDA, por sus siglas inglés), sino para los agricultores y otros sectores de la industria que reciben servicio de esa agencia.

Flores sostuvo que todavía habrá retrasos en los pagos a agricultores de parte de los programas de ayudas relacionadas con los daños causados por el huracán María. “No vislumbro que se vaya a acelerar (el trabajo acumulado) en tan solo 15 días. Entendemos que cuando se restablezca la normalidad por completo, entonces fluirán mejor las ayudas. Mi expectativa es que esos días ayudan a organizarse, pero en términos de seguimiento a los casos y fondos federales tomará más tiempo”, indicó Flores.

Sindicatos federales

Por su parte, el presidente del capítulo de San Juan de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo (NATCA), Woody Camp, lamentó que “el sistema nacional de espacio aéreo y sus empleados” hayan quedado como fichas de negociación en una disputa política. “Nuestro gobierno dañó intencionalmente a sus empleados hasta el punto de ruptura y lo vimos en (el aeropuerto) La Guardia. No tiene precedentes y es inaceptable interferir con la seguridad de la aviación y elpúblico”, agregó Camp.

Jorge ‘Jay’ Rivera, vicepresidente de la región sureste de la Federación Americana de Empleados del Gobierno (AFGE), sostuvo que garantizar tres semanas de financiamiento para varias oficinas “trae alivio económico, pero el clima político de los Estados Unidos vuelve a traer división entre los partidos a favor y en contra del maldito muro. No sabemos que esperar”.

El presidente de la local sindical que agrupa a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Tránsito (TSA), Javier Centeno, mientras, afirmó que “las acciones” de Trump provocaron que empleados federales tuvieran que “acudir a limosnear” y pusieron “en tela de juicio” la capacidad del inquilino de la Casa Blanca “para mantener la casa en orden”.

Ricardo Cortés Chico colaboró con esta historia desde San Juan.


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