Los dirigentes sindicales lo llaman “la reforma laboral para el sector público” o, incluso, lo bautizan como un nuevo convenio colectivo impuesto de forma vertical sin espacio para negociación. (horizontal-x3)
Los dirigentes sindicales lo llaman “la reforma laboral para el sector público” o, incluso, lo bautizan como un nuevo convenio colectivo impuesto de forma vertical sin espacio para negociación. (Archivo / GFR Media)

Un cúmulo de beneficios y derechos adquiridos históricamente por los empleados públicos del País pende de la cuerda floja.

El proyecto de administración que evalúa la Cámara de Representantes y que establecería la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal” deroga las disposiciones de los convenios colectivos negociados a través de los años, que podrían obstaculizar el cumplimiento cabal del plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Los dirigentes sindicales lo llaman “la reforma laboral para el sector público” o, incluso, lo bautizan como un nuevo convenio colectivo impuesto de forma vertical sin espacio para negociación.

De ahí que las principales organizaciones sindicales del País convocaran de manera urgente a los empleados públicos para que hoy en la tarde inunden las oficinas del Capitolio con el objetivo de frenar la aprobación de la medida en la Cámara baja.

“El proyecto de ley atenta con destruir todos los beneficios alcanzados por largos años en nuestros convenios colectivos y prácticamente los destruye, suprime y elimina, además de otras medidas de austeridad impositivas contra la clase trabajadora y contra el pueblo de Puerto Rico”, comentó el presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), José Rodríguez Báez.

Reducción de beneficios

Radicado por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), el proyecto de ley busca atemperar el marco legal y jurídico vigente para dar cumplimiento al plan fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Dentro de las 114 páginas del proyecto de ley, se establece un sistema uniforme de beneficios marginales que deja sin efecto los convenios colectivos y las disposiciones que tengan que se consideren contrarias a la nueva ley, a la vez que revisa la aportación patronal al plan médico, elimina el pago por horas extra.

También define un máximo de $600 para el bono de Navidad, limita y reduce las licencias por vacaciones, por enfermedad, para donar sangre, para atender el desarrollo escolar, para renovar la licencia de conducir, para la vacunación, entre otras enmiendas a las condiciones laborales actuales.

De acuerdo con el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, la medida es una forma de prevenir el despido de 45,000 empleados públicos que había propuesto la JSF.

“La propuesta de la administración Rosselló, según certificada por la Junta, mantiene a todos los empleados públicos en sus puestos y mantiene sus salarios intactos. No obstante, es necesario ajustar los beneficios marginales para poder pagar los salarios y evitar las contingencias que estableció la Junta si no balanceamos los gastos con los ingresos. Si no lo hacemos, impondrán la reducción de jornada laboral y la reducción del salario por 20%, más la eliminación del bono de Navidad a todos los empleados públicos. Eso no lo podemos permitir”, indicó en declaraciones escritas.

Rosario criticó a pasadas administraciones “irresponsables” por autorizar beneficios marginales por los cuales eran incapaces de pagar “con el ánimo de obtener votos”. “Primero tenemos que salir de la crisis fiscal y hacer crecer (sic) la economía”, concluyó Rosario Cortés.

Sin embargo, los dirigentes sindicales alertaron que los cambios propuestos abonarán al empobrecimiento de la clase trabajadora del País a raíz de la reducción de incentivos.

A su vez, fueron enfáticos en que ha sido la clase media sobre la cual ha caído con mayor fuerza el peso de la crisis económica, entre impuestos, contribuciones sobre ingreso y aumento en el costo de vida, mientras, aseguraron, los sectores privilegiados se mantienen intocados.

“No se ha analizado la cantidad de incentivos que se le dan a empresas que no generan empleos, no se aumenta la tasa de contribución sobre los dividendos de ganancia y de capital pasivo. Es la clase trabajadora puertorriqueña la que tiene que enfrentar los costos de estas medidas de austeridad para pagar una deuda que se niegan a auditar”, comentó el presidente de la Unión Internacional de Empleados Profesionales de Oficina (Opeiu, en inglés), Iram Ramírez.

Con una sola vista pública ante las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, a la que citaron solo a las agencias gubernamentales encargadas del devenir fiscal y laboral del País, sin participación de los trabajadores, el proyecto pretende aprobarse en la sesión ordinaria de hoy en un proceso agilizado para que entre en vigor antes del 30 de abril.

“Es una estrategia maquiavélica. Cuando se firma la Ley 3 del 2017 (para atender la crisis económica y fiscal), se extienden los convenios colectivos hasta el 2021. (Ahora) eliminan los derechos de los trabajadores del sector público para que sean una presa fácil para mover al sector privado” , criticó Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU).

Ante el llamado para más manifestaciones en contra de los recortes y para exigir una auditoría, Ramírez afirmó que poco a poco se va creando un proyecto político de País, que, como la lucha contra la Marina en Vieques y contra la venta de la Telefónica, toman tiempo. “Es un proceso en construcción y sabemos que el pueblo al final va a tomar las medidas necesarias para parar los atropellos”, dijo.


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