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El repostero Jack Phillips ganó el caso luego de negarse a realizar el bizcocho de bodas a una pareja homosexual. (AP)

La determinación judicial del Tribunal Supremo a favor de un repostero de Colorado que se negó a realizarle el bizcocho de bodas a una pareja homosexual no sólo ha reabierto el debate sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino que en Puerto Rico podría representar la radicación de un nuevo proyecto de libertad religiosa.

“La información que yo tengo es que se va a radicar otro, un nuevo proyecto conforme a la determinación del tribunal, esa es la información”, indicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz al concluir una vista pública de la Comisión de Nombramientos.

Dijo que la medida tendría ahora como fundamento la determinación judicial de la corte Suprema. “Estoy esperando el Proyecto de la Cámara sobre Libertad Religiosa para apoyarlo. Una sola vara, una sola palabra y un compromiso inquebrantable”, escribió en las redes sociales previo a la vista.

El pasado 7 de febrero el gobernador Ricardo Rosselló emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 1018 para establecer la “Ley para la Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico” por el “compromiso inquebrantable con garantizar y proteger los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos”, expresó entonces.

La Cámara, por su parte, no pudo ir por encima del veto del gobernador tras no contar con los votos mínimos necesarios.

La versión aprobada por ambos cuerpos y vetadas por el gobernador, disponía que el gobierno no podría imponer una “carga sustancial” al libre ejercicio religioso de una persona, "aun cuando la carga resulte de la aplicación de una acción estatal de aplicación general…”. Hay dos concepciones: que la acción estatal cumpla con un interés gubernamental apremiante y que esa acción sea el medio menos oneroso.

Según opositores de la pieza legislativa, este proyecto lo que busca es establecer un “acomodo razonable” para ciudadanos que, amparándose en sus creencias religiosas, se nieguen a brindar un servicio como empleados de gobiernos.

“Los que favorecen el reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo por el Tribunal Supremo que es el estado de derecho vigente, tienen que reconocer cualquier otra determinación que ese foro haga…me parece que es algo que hay que examinar”, reconoció Rivera Schatz.

“El proyecto, tal y cómo se enmendó en el Senado, básicamente lo que establecía era lo siguiente: no se trata de que le nieguen el derecho a nadie o que se deje desprovisto de un servicio a nadie, sencillamente si alguien por alguna consideración religiosa no quiere participar en un evento, pues que se le provea, pero con otra persona que no tenga esa objeción”, argumentó.

Representantes de la organizadora comunitaria Amare, propuesta de prevención de crímenes de odio del Proyecto Matria, calificaron la determinación judicial como un “completo retroceso” que establece un “mal precedente” que se puede utilizar para seguir limitando la posibilidad de vivir una vida digna. “

“El discrimen y rechazo que viven las comunidades LGBTTIQ es muy parecido al discrimen vivido por comunidades de inmigrantes o personas negras”, dijo Javier Córdova, portavoz de Amare.

En el fallo, redactado por el juez Anthony Kennedy, concluyeron que para el repostero cristiano "crear una tarta de bodas para una pareja del mismo sexo sería el equivalente a participar en una celebración contraria a sus creencias más profundas".


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