El representante José
El representante José "Quiquito" Meléndez. (GFR Media)

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José "Quiquito" Méléndez, radicó ayer un proyecto que busca redirigir los pagos correspondientes a mesadas por despidos injustificados, al amparo de la Ley 80-1976, de las primas que pagan los patronos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). 

Meléndez aspira a romper el tranque que existe entre la Legislatura, La Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno al tema. Sin embargo, el proyecto de Meléndez no deroga la Ley 80, un requisito del ente fiscal en el cual nunca han cedido.

El proyecto será llevado a votación en la sesión legislativa de hoy.

La medida ordena la creación del Fondo Especial para Atender Reclamaciones al amparo de la Ley 80 y se nutrirá del 7.5% de los gastos administrativos de la corporación pública. La CFSE se nutre del pago de las primas de los patronos. 

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, figura como coautor de la medida junto a su correligionario Antonio Soto. 

Según esbozó Meléndez en un comunicado de prensa, el fondo nuevo "les facilitará a los patronos del sector privado un mecanismo adecuado y sin cargos adicionales, que les permita cubrir reclamaciones generadas al amparo de la Ley Núm. 80, y para otros fines relacionados".

Meléndez, quien no ofreció un estimado de cuánto dinero anualmente tendría que desembolsar la CFSE para cumplir con esta ley, aseguró que no se pondrán en peligros los beneficios de los trabajadores. Anualmente se radican poco menos de 2,000 querellas por Ley 80. 

Se desconoce si los empleados de patronos que no estén al día con el pago de sus primas estarían igualmente protegidos por el fondo creado.

“La continua insistencia de la Junta de eliminar la Ley Núm. 80 no ha logrado el respaldo necesario para ser aprobada por la Legislatura, la cual no va a renunciar a sus facultades constitucionales de defender a los trabajadores, tanto del sector público como los del sector privado. Personalmente he evaluado las propuestas establecidas y no he podido encontrar ni un solo punto que me convenza de que la derogación de la Ley 80 impulse la creación de nuevos empleos o la posibilidad de algún repunte económico”, dijo Meléndez.

“Si el razonamiento de la Junta para solicitar la derogación de la Ley Núm. 80 es reducir los costos para los patronos y, por lo tanto, reducir el costo para hacer negocios en Puerto Rico, entendemos pues, que esta medida adelanta adecuada y razonablemente los objetivos promovidos por la Junta, sin lacerar los derechos de los trabajadores", agregó.

A las 10:00 a.m. ni La Fortaleza ni la JSF se habían expresado sobre la propuesta. Se desconoce si el liderato del Senado la favorece.


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