De aprobarse la medida, la misma crearía una nueva regla de procedimiento criminal (horizontal-x3)
De aprobarse la medida, la misma crearía una nueva regla de procedimiento criminal. (GFR Media)

Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) José “Quiquito” Meléndez y María Milagros Charbonier anunciaron hoy la radicación de una medida legislativa dirigida a implantar alternativas de desvío terapéutico en pacientes con trastornos de adicción que enfrenten acusaciones ante los tribunales por delitos que no presenten violencia contra la integridad física de una persona.

El Proyecto de la Cámara 1219 permitiría que el imputado -una vez se determine por las autoridades que sufre de un trastorno relacionado al uso de sustancias controladas- sea dirigido a un programa de desvío en vez de pasar por un proceso judicial que no sólo probablemente lo llevará a la cárcel sin atender la verdadera raíz del problema, sino que además le representará al Estado la inversión de miles de dólares. 

“Hay alternativas de desvío pendientes cuando un adicto comete el delito con la intención única, no de causar daño, sino de satisfacer el problema que tiene…”, expresó Meléndez en conferencia de prensa.

Según el Perfil de la Población Confinada del Departamento de Corrección, publicado en 2015, casi el 69% de la población penal sufría de adicción antes de ingresar al sistema. Mientras, el 41% de la población confinada actualmente enfrenta problemas de adicción.

De aprobarse la medida, la misma crearía una nueva regla de procedimiento criminal, que sería la regla 247.2, para establecer el listado de los delitos a los que le aplicaría el desvío mandatorio. Los legisladores explicaron que la solicitud para ingresar al programa se haría durante el procedimiento de Regla 6. La determinación final caería sobre un panel interdisciplinario creado por la Ley de Salud Mental de Puerto Rico.

“Si esa persona accede a firmar ese convenio con el gobierno de Puerto Rico y con el tribunal, se va a detener el procedimiento ordinario de derecho criminal y se refiere a esa persona a un centro para poderle dar curso a la recomendación que hace el panel interdisciplinario”, abundó el legislador.

“Vamos a cambiar el enfoque y vamos a hacer un enfoque humanista, vamos a buscar la manera de proteger esta persona y que no vuelva a robar, causar daño o hacer algún tipo de fechoría”, señaló al agregar que el tratamiento recaería en manos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) o a través de algunos de sus proveedores.

Al respecto, Charbonier reconoció que hay que darle herramientas adicionales a ASSMCA para este y otros servicios para tratar la adicción a sustancias controladas.  

El tiempo de rehabilitación tendría un término máximo de dos años.

Charbonier, por su parte, dijo que la medida es parte de una serie de proyectos que se estarán mirando en la Comisión de lo Jurídico con el propósito de establecer un enfoque salubrista a nivel gubernamental. “Lo que nosotros nos estamos imponiendo es una disciplina de tratar toda esta legislación, relacionada con relación a la ley de Sustancias Controladas, no cuando está la crisis o el problema, sino enfocarnos en la prevención”, puntualizó Charbonier.

Tanto Charbonier como Meléndez indicaron en que la medida, de ser aprobada, no les aplicaría a casos, por ejemplo, de carjacking, asesinato o tentativa de asesinato, así como tampoco aquellos de distribución de sustancias controladas, entre otros.

Sobre el impacto económico que podría tener la medida, Meléndez expresó que sería uno mínimo en comparación con lo que le cuesta al Estado mantener un confinado en el sistema, cifra que está entre los $45 mil y $60 mil anuales. “Nos podría costar menos de $10 mil atender este asunto. O sea, que hay un ahorro sustancial. Estoy seguro que la Junta de Supervisión Fiscal no va a tener ningún problema con esta medida”, señaló Meléndez. 


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