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El representante Jesús Manuel Ortiz. (GFR Media)

Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz y Ramón Luis Cruz radicaron una resolución en la que buscan, a través de la Cámara de Representantes, que el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos presenten cualquier documento que sustente la derogación de la Ley 80 de despido injustificado.

Mientras, más representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) se unieron al grupo que favorece la eliminación de la ley.

En un comunicado de prensa, los dos legisladores populares y su correligionario Jesús Santa enfatizaron sobre la necesidad de que se demuestre con evidencia la necesidad de derogar la citada ley.

“Los secretarios Manuel Laboy y Carlos Saavedra han indicado que la eliminación de la Ley Sobre Despidos Injustificados, conocida como la Ley 80, promoverá un crecimiento en la economía del país. Debemos presumir que, dado que el pasado 21 de marzo en conferencia de prensa el gobernador Rosselló presentó esta medida como una propuesta suya, el gobierno tiene en su poder estudios que evidencien ese supuesto efecto, y si es así deben hacerlos públicos de inmediato”, dijo Ortiz.

“No podemos legislar responsablemente sin tener datos concretos, por lo cual emplazamos a los compañeros de la Mayoría Parlamentaria a unirse a nuestro reclamo mediante la aprobación de esta Resolución”, dijo por su parte Cruz.

Ayer, los senadores novoprogresistas Margarita Nolasco y Abel Nazario se expresaron a favor de derogar el estatuto que le brinda tanto a obreros como patronos ciertas certezas al momento de que se produzca un despido injustificado.

En la Cámara, los penepés Michael Abid Quiñones, Rafael “June” Rivera Ortega, Luis “Junior” Pérez, Manuel Claudio, Jacqueline Rodríguez Lourdes Ramos y María Milagros Charbonier se unieron al pedido del gobernador de eliminar la ley aprobada en 1976 y que tendría que producirse mediante un proyecto de ley que aún no ha sido radicado por La Fortaleza.

Hoy, por ejemplo, Víctor Parés Otero dijo que, si bien va a esperar a ver el proyecto, también sostuvo que es importante que se “honre” el pacto entre el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal en que el ente federal desistió de exigir la reducción de días de enfermedad y días de vacaciones y el pago del Bono de Navidad en la empresa privada a cambio de la derogación de la Ley 80.

“Mi inclinación es votar a favor de que se derogue la ley”, dijo a El Nuevo Día.

El expresidente cameral José Aponte Hernández dijo que hay “ambiente para trabajar sobre el proyecto” y que luego de que corrobore una información “estaré votando a favor”.

En el caso de Jorge Navarro, indicó que ha hecho sus “averiguaciones” con abogados laborales y que entiende que hay una serie de leyes antidiscrimen que quedarían intactas y que nada tienen que ver con la Ley 80 que protegen a los trabajadores.

“Mi inclinación es votar a favor”, afirmó al recordar que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, ha dicho que los casos de Ley 80 en los tribunales no llegan a 2,000.

“Cuando pones todo eso en la balanza y ves que el ente que tiene el poder sobre el presupuesto -la JSF-, tenemos un buen paquete económico, dinero para los municipios y aumentos a maestros y policías”, agregó Navarro.

Guillermo Miranda, de otra parte, dijo que necesita más información para tomar una decisión, por lo que está esperando por la radicación de la medida del ejecutivo. En términos similares se expresó Juan Oscar Morales, el portavoz alterno Urayoán Hernández y Félix Lasalle.


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