Erik Rolón, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. (Luis Alcalá del Olmo)

El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, tronó ayer, jueves, contra el secretario Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Rolón Suárez, por mantener en sus puestos a los miembros de la actual Junta de Subastas de la dependencia, que ha sido señalada por irregularidades en los tribunales.

De hecho, Rodríguez Aguiló le solicitó a Rolón Suárez en una vista de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes que debe despedir a estos funcionarios.

Por ejemplo, Rodríguez Aguiló trajo a colación cómo la Junta de Supervisión Fiscal le denegó el 10 de agosto al DCR la extensión hasta septiembre del contrato de la compañía Correctional Health Services Corporation (CHSC), por habérselo sometido a revisión después de haberlo firmado y por dudas sobre si producirá los ahorros que se le exigen a la agencia encargada de la custodia de confinados en la isla.

También trajo a colación cómo el 19 de agosto, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución de la Junta de Reconsideración del DCR en una decisión relacionada a un contrato de $300 millones para el servicio de alimentos, lavandería y comisarías en las cárceles. El panel de jueces compuesto por Abelardo Bermúdez Torres, Grace Grana Martínez y Roberto Sánchez Ramos indicó que la actuación de la citada junta “no es cónsona con la política pública que persigue la competencia equitativa de los licitadores, ausente de presiones externas”.

Rodríguez Aguiló presentó varios recortes de periódico donde se reseña cómo las autoridades federales han estado examinando, específicamente, el contrato revocado de alimentos y comisaría. Rolón Suárez le respondió que los artículos están plagados de imprecisiones.

El Apelativo, si bien es cierto que devolvió el caso a la Junta de Reconsideración, lo hizo por razones que entiendo y respeto, pero no son del todo correctas. El presidente de la Junta de Consideración hizo una consulta legal a un abogado y el Secretario Asociado (del DCR) le remitió una sentencia del Tribunal Apelativo que resolvía una controversial similar. El Tribunal de Apelaciones determinó (que el DCR) se aleja de las normativas, pero no invalidó la decisión de la Junta de Subastas”, le contestó Rolón Suárez.

La compañía Trinity Services alegó que el DCR escogió a un proveedor que le costaba $70 millones anuales adicionales al erario, algo que la agencia refutó al igual que Empresas Santana, la compañía agraciada, reportóEl Nuevo Día el 19 de agosto. Con esta decisión, el foro apelativo revocó la resolución en la que la Junta de Reconsideración confirmó la adjudicación de una subasta a Carolina Catering Corporation. Además, le dio la razón a TKC Intermediate Holdings y su subsidiaria Trinity Services cuando clamaron que había ocurrido intervención indebida de funcionarios del DCR, según reseñó el 19 de agosto este diario.

TKC y Trinity apelaron la decisión en mayo, luego que la Junta de Reconsideración del DCR denegó la reconsideración.  

“Estas son palabras contundentes del tribunal”, le dijo Rodríguez Aguiló. “Es la junta que usted nombro, la Junta de la administración. La de usted y de nosotros”, agregó.

“Lo entiendo. Es algo lamentable porque un proceso de año y medio se ve manchado, maculado”, le contestó Rolón Suárez.

“Tenemos una decisión del Apelativo, son tres jueces que vieron que los procesos no fueron transparentes y desde que llegamos a la administración estamos hablando de transparencia, tanta transparencia que nos costeó un gobernador por un chat”, le insistió Rodríguez Aguiló.

“¿No está bueno ya de esa junta?”, le preguntó el representante. “¿Y volarles la cabeza como dijo Anthony Maceira en una conferencia de prensa?”.

“Mi recomendación, de buena fe, es que mire qué está pasando dentro de esa junta porque se pone en entredicho su trabajo” insistió Rodríguez Aguiló. “Esa Junta de Subastas no puede seguir ahí”.

Rolón Suárez insistió en que “no hay indicios” de que los miembros de la Junta de Subastas hayan actuado fuera de la ley.

“Usted está defendiendo a una junta que está siendo cuestionada en los tribunales”, le increpó Rodríguez Aguiló.

Acto seguido, Rolón Suárez dijo que respetará la decisión del Tribunal Apelativo, la cual conllevará “unos cambios”, que no precisó. Estoy considerando seriamente cancelar ese proceso”, dijo en referencia a la contratación de Empresas Santana y al rechazar que las autoridades federales le hayan hecho alguna solicitud de información sobre la otorgación de la subasta.


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