El portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia. (semisquare-x3)
El portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia. (Xavier J. Araújo Berríos)

Washington - El portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia, anunció hoy que presentará una resolución en respaldo a la legislación de la congresista Nydia Velázquez que impulsa evitar conflictos de intereses de contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Puerto Rico merece un proceso de reestructuración de su deuda pública abierto y transparente, para que en el futuro no quede duda de que todas las partes actuaron libres de conflicto de intereses y solamente por el bien de los ciudadanos”, indicó Bhatia en una declaración.

Al expresar su apoyo a la medida de Velázquez, que puede considerarse en las próximas semanas en el Comité de Recursos Naturales,  Bhatia dijo que como portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado une su voz a la de demócratas y republicanos del Congreso, incluida la comisionada Jenniffer González.

La transparencia en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, al igual que en todo proceso gubernamental, tiene que ser prioridad, independientemente del partido al que se pertenezca. La transparencia tiene que ser causa común”, sostuvo Bhatia.

La legislación busca integrar al proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico las normas en contra de conflictos de interese que aplican en procesos de quiebra federales.

Velázquez sometió su legislación después de denunciarse conflictos de la empresa McKinsey, principal asesora de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de la Isla.

"¿Cómo puede alguien estar seguro de que esta Junta de Supervisión Fiscal está poniendo a la gente de Puerto Rico en primer lugar si los consultores involucrados en la reestructuración podrían beneficiarse de la forma en que se diseñó el plan fiscal?", cuestionó Velázquez, al presentar su legislación.

El proyecto persigue ordenar a abogados, contables, consultores, agentes y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de Estados Unidos sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la Junta, antes de poder ser compensado.

Si la declaración de la empresa consultora no se presenta o el Síndico determina que existe un conflicto de interés, la corte puede ordenar que no se le pague.


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