El gobernador de Puerto Rico defiende la labor y la credibilidad de su administración.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares se limita a reconocer que los tiempos que atraviesa su administracion son difíciles, pero no al punto de pensar que el barco se esté hundiendo. 

Los escándalos públicos parecían acumularse con rapidez esta semana. Se intensificaron los cuestionamientos sobre la legalidad del uso que él mismo le ha dado a un helicóptero de la Policía, su anterior nominado a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones Rafael Ramos Sáenz fue acusado criminalmente en el Tribunal de Aguadilla y trascendieron públicamente cuestionamientos éticos contra la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien, a su vez, ripostó lanzando denuncias contra la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. 

Meses antes, se hablaba de furgones con ayuda humanitaria que extravió el gobierno, de cadáveres que se descomponían en el Negociado de Ciencias Forenses, de semáforos sin reparar y de cómo el gobierno enfrentaba dificultades para contar cuántos fallecieron por el huracán María mientras sumaban multas fatulas en el sistema de AutoExpreso.

 En una entrevista con El Nuevo Día, el gobernador abordó algunas de los señalamientos contra su administración, admite los tropiezos o retos que enfrentan en el Departamento de Seguridad Pública, critica el nuevo plan que certificó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y amenaza con “llevarse de frente” a cualquier obstáculo que amenace contra las metas que ha trazado para el funcionamiento del gobierno.  

Daría la impresión de que el barco se está hundiendo...

—Sí. Ha salido una serie de asuntos, pero para nada el barco se ha trastocado. Te puedo dar ejemplos. Esta semana, anunciamos que hemos identificado los recursos para pagar lo que se le debe a los policías, lo que ha sido un reclamo de la Uniformada por 14 años.  

 Aún así parecería qué hay un menoscabo enorme en la credibilidad del gobierno. ¿Por qué una persona va a creer en el gobierno con tantos escándalos tan seguidos?

—Es ruido, pero también tenemos que basarnos en la evidencia. Si decimos que haremos algo, tenemos que contar con los resultados para demostrarlo. Eso es lo que hemos estado haciendo. Nosotros nos comprometimos con una reforma contributiva y estamos empujando para que la gente pueda tener su crédito al trabajo de $200 a $3,000 al bolsillo. Estamos trabajando para la reducción de la sobretasa del IVU (Impuesto sobre las Ventas y Uso). Aquí siempre van a haber asuntos en el gobierno. Mi rol es asegurarme que podamos seguir sirviéndole al pueblo efectivamente y mi compromiso es que el obstáculo que esté por delante, que me trate de impedir dar ese resultado al pueblo, yo me lo voy a llevar de frente. Mi rol es darle esos resultados, cumplir con la visión y las metas. 

¿Obstáculos? ¿Está hablando de individuos, organizaciones, circunstancias...?

—Cualquier circunstancia, cualquier momento, cualquier elemento que pueda tratar de impedir que hagamos la transformación necesaria para Puerto Rico. Voy a irme de frente y lo vamos a derrotar.  

Usted habla de la reforma contributiva y menciona siempre el crédito por el trabajo, pero no habla de los cambios en la contribución alterna mínima que sacará de los contribuyentes $1,000 millones adicionales. ¿No implica  eso un aumento en las contribuciones?

—No, porque eso lo que puntualiza son las potenciales áreas en las que se está recaudando menos o donde no se está recaudando, y nosotros queremos un sistema en el que  todo el mundo pague su parte y lo justo. Aquel que hoy esté pagando lo justo va a estar en una mejor posición. Si no está pagando lo justo, este sistema nos va a permitir identificarlo y cambiar ese comportamiento. No es un aumento de contribuciones, sino un aumento de captación en lo que es lo justo. 

Finalmente qué va a pasar con el bono de Navidad. Estamos ya en noviembre. ¿Cómo es que a esta altura no se sabe si se va a pagar?

—El bono de navidad se va a dar. Hemos identificado varias alternativas y queremos llevarlo en su justo proceso en las distintas partidas que hemos encontrado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). 

Yo entiendo las diferencias con la JSF pero a un mes de la fecha del bono los empleados públicos todavía no tienen certeza...

Les estoy dando certeza. Lo que estoy diciendo es qué hay varios mecanismos. Nosotros preferimos llegar a un acuerdo de las partidas que hemos encontrado con la JSF pero ya nosotros sabemos dónde hay el capital para pagar esto. Sería injusto, por un juego presupuestario o unas imposiciones adicionales tratar de limitar eso. Yo voy a encontrar la manera de pagar el bono. 

A un año de la creación del Departamento de Seguridad Pública (DSP) se han descompuesto cadáveres en Ciencias Forenses, hay miles de pruebas de agresiones sexuales sin revisar, se dio una huelga en la Policía -el llamado “blue flu”-... Daría la impresión de que la fusión no ha progresado como se pensaba

—Las transformaciones rara vez son “smooth” (fluidas). Implícitamente, los cambios crean ciertos disloques. Lo importante es ver si se está cumpliendo con los objetivos. Yo creo que aquí hay que ser justos. Hemos tenido retos, pero los resultados son que hemos tenido una reducción de 54 asesinatos relativos al año pasado, y tenemos una reducción de sobre 5,000 delitos contra la persona y contra la propiedad. 

Se está trabajando con menos recursos que en el pasado y parte de esa transformación es darle un sentido racional a esos recursos para ver cómo operan mejor para nuestra gente. Eso implica que tenemos que hacer cambios como la reforma de la Policía y cómo tener más policías en la calle. Eso va a ayudar. Vamos a traer más patrullas... 

El proceso de consolidación toma tiempo. Toma un año bajo circunstancias normales pero con los retos de la Junta se han limitado muchas áreas. Se han tenido retos pero a mediano y largo plazo es de beneficio para Puerto Rico. 

Pero en esa transición hay unos problemas graves en las operaciones. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de una agresión sexual probablemente esté escandalizado o escandalizada  con la idea de que los “rape kits” no están siendo analizados con rapidez en Ciencias Forenses.

—A mí también me preocupa. Llevamos   décadas con estos retos, pero  el huracán los agravó. La cantidad de John Doe (cadáveres sin identificar) que aparece es producto del huracán. Una de las peleas que tuve que dar, previo a que eso ocurriera, fue con la JSF, que le quería recortar un millón adicional a Ciencias Forenses cuando necesitaban más recursos... Aquí tiene que haber una solución sostenible, pero requiere recursos. Ese andamiaje de Seguridad Pública puede utilizar recursos de otras áreas y poner una serie de prioridades en el gasto. Por eso, yo reitero el rol de la JSF y el nuestro. La determinación de prioridades deben ser una gestión del gobierno y no de un grupo de tecnócratas que toma una hoja de excel y empieza a dividir como ellos entienden el presupuesto.  

¿Eso no se resolvería definiendo los servicios esenciales. Nunca los han definido? 

- Podría ser pero de la misma forma el problema es uno operacional. La JSF se está tratando de meter en un asunto de operación. Debería ser que ellos digan que el gobierno de Puerto Rico tiene tanto dinero para gastar y entonces el gobierno busca cuáles son las necesidades. Pero no es así... 

Ellos se van a un nivel más bajo y asignan a las agencias y recortan dinero de manera, a mi entender, aleatoria. Llevan hasta el área operacional y dicen que uno puede gastar tanto en nómina y esto en gastos operacionales. Me pregunto qué saben ellos de lo que se necesita para operar el sistema de seguridad. 

Esa de que la Junta imponía límites y el gobierno decidía en qué se gasta el dinero, la jueza (Laura Taylor) Swain la destruyó en una decisión judicial...

—No. La jueza se fue a un caso muy específico... Vamos a decir que como política pública determinamos que debe haber una oficina de innovación en el gobierno con un presupuesto de $3 millones anuales y la JSF le pone cero dólares a eso. Eso sería una intromisión en la política pública. 

La jueza precisamente validó esa capacidad de la JSF en el caso del presupuesto...

—No. La jueza cogió unos casos particulares y se quedó bastante distante para atender lo que eran recomendaciones. Ahora, estoy diciendo que el rol de la JSF siempre debió ser  hacer recomendaciones, ver cómo se entra en los mercados e imponer límites fiscales, sin entrar en la operación del gobierno.

En el proceso de campaña política, uno de los debates fue qué candidato tenía más capacidad para trabajar con la JSF. En el último año, los enfrentamientos entre La Fortaleza y la JSF están creciendo. ¿Cómo se hilvana una cosa con la otra? 

—Pues cuando uno ve las cosas en las que estamos de acuerdo y en las que no. En los planes fiscales pasados, en donde nosotros teníamos verdaderamente objeción filosófica, era con las pensiones. Ellos entienden que debe hacerse una reducción de sobre 10% y nosotros entendemos que esa es una población vulnerable, pero en todo lo demás era una cuestión del grado del recorte (la diferencia). La dinámica era que la Junta quería recortar más, nosotros menos y se llegaba a un mecanismo para superar la diferencia. 

¿Ahora es distinto?

—Es mi entender que ellos cambiaron su filosofía de administración gubernamental en este plan fiscal... Ellos subieron el estimado de fondos federales (para la reconstrucción) de $35,000 millones a $70,000 millones. También, cambian la captación del gobierno de la economía... Ahora, ponen un superávit significativamente mayor a lo que tenías antes y no han contestado por qué. 

¿Usted sospecha que quieren sacarle más dinero para los bonistas?

Es dinero que no está a la discreción del pueblo de Puerto Rico. La pregunta es por qué si en el pasado el objetivo era recortar, el objetivo era estimar el dinero que faltaba. Deben explicar  por qué ahora sobrestimaron los recaudos. 

¿Por qué cree que lo hacen?

—Quieren crear un superávit demasiado grande. Eso pone en una situación precaria al gobierno porque si tomas los estimados de recaudos y los subes,  después no vamos a poder cumplir. Ese superávit va a ser parte de la discusión en lo que sería la renegociación de la deuda. 

¿Lo que usted quiere decir es que la JSF proyecta recaudos que no se materializarán para poder negociar la deuda con términos más favorables para los acreedores del gobierno? 

—Tienen una filosofía de recortarle más al pueblo, quitar más recursos y sobrestimar los ingresos. ¿Por qué? Si la JSF era más conservadora que el gobierno antes, ahora cambió y es menos conservadora que el gobierno. 

Todas estas peleas tienen un asunto de credibilidad en el medio. Estas discusiones con la JSF agravan la desconfianza en las instituciones de la que le preguntaba al inicio. Y no hemos hablando de la controversia entre Justicia y la oficina del FEI Eso es altamente preocupante para la democracia que se aspira tener...

—Lo es. Es un tiempo bien difícil para gobernar. Sin duda. Tienes una JSF, unareconstrucción, hemos heredado décadas de desconfianza en las instituciones. Eso que mencionas es la razón por la que corrí. Ahora, yo no puedo cambiar la percepción de la noche a la mañana. Esto se tiene que ir trabajando y se tienen que demostrar cosas. Yo creo que demostrando resultados es como podemos cambiar esto. Nosotros dijimos que íbamos a hacer una reforma laboral y lo hicimos, una reforma de educación y lo hicimos...  

Pero en cosas programáticas, como el Código de Incentivos, no parece haber un compromiso... 

—Si miras bien los compromisos programáticos encaminados, estamos muy por encima de lo que debería ser el “rate”. Lo que pasó ahí es que hubo una confusión entre el Código de Incentivos y la reducción de incentivos de cara a la reforma contributiva... El Código es un vehículo para evaluar los incentivos.

¿El problema fue que algunos no quieren que se sepa que el incentivo que reciben no beneficia el país?

—Pues claro. Aquí ni los expertos tenían idea de dónde estaban los incentivos. Aquí hay incentivos que tienen un retorno de inversion de cero. Es quemar dinero. 

¿Y cómo es que su gobierno autoriza incentivos por $500 millones en siete meses?

—Es que a ella (Natalie Jaresko) se le olvida que aquí paso un huracán y que por un largo tiempo no se otorgaron decretos. 

¿Usted quiere decir que se está poniendo al día el sistema?

—Se está poniendo al día el sistema. A ella se le olvida, pero a mí no. Nosotros sí estuvimos trabajando en esa recuperación de Puerto Rico. Tratar de pintarlo de esa forma... pues, tu sabes... denota desconocimiento o está fomentando una narrativa que no es. 


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