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El gobernador Ricardo Rosselló firma el proyecto 51. (Vanessa Serra Díaz)

El domingo, 11 de junio miles de electores tendrán la opción de acudir a las urnas para expresar nuevamente su sentir sobre la compleja relación de status que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares estampó esta tarde su firma en el proyecto del Senado 51, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, convirtiéndolo en la Ley 7 para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico. De esta forma, viabilizó una consulta que no cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición y que costaría alrededor de $5 millones.

Esta nueva ley establece, entre otras cosas, que el plebiscito será entre las opciones de “Estadidad” o “Libre Asociación / Independencia”.

La regulación define el término de “Estadidad” como la “única opción que garantiza la ciudadanía americana por nacimiento en Puerto Rico”. En cambio “Libre Asociación” sería un modelo en que “la ciudadanía americana estaría sujeta a negociación con el gobierno de los Estados Unidos”.

De ganar la segunda alternativa, otro referéndum se realizaría el 8 de octubre para que los ciudadanos elijan si prefieren la “Libre Asociación” o la “Independencia”.

A diferencia de otras consultas, en esta ocasión el gobierno deberá buscar el aval del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y lograr que desembolse los $2.5 millones que fueron designados en el 2014 mediante una legislación congresional firmada por el expresidente Barack Obama. De hecho, esta nueva ley, en su exposición de motivos, hace referencia a este requisito.

“Nótese, que el deber ministerial del secretario de Justicia, (en este caso Dana Boente), bajo esa ley federal no es diseñar ni enmendar el contenido de los reclamos de los electores en este próximo plebiscito, sino certificar que esos reclamos ‘no son incompatibles’ con el derecho federal; y que la campaña educativa que se realice a los electores con auspicio federal sea “objetiva y no partidista”. Lógicamente, en caso del secretario considerar ‘incompatible’ algún elemento, entonces debería expresar sus argumentos para que esta Asamblea Legislativa los pueda considerar”, lee la ahora Ley 7.

La legislación afirma que será el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín, quien estará a cargo de tramitar la transferencia de la asignación federal a la Comisión Estatal de Elecciones. Además, fija hasta el 16 de abril de 2017 la fecha en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene para expresarse sobre las definiciones de status contempladas para la consulta o de lo contrario el silencio se entendería como un aval. 

De lograrse una respuesta afirmativa de Justicia federal para esta consulta de status, esta sería la primera ocasión que un gobierno de Puerto Rico cuente con un respaldo para solucionar el centenario problema de status luego de que en el 1952 se acordara una relación territorial bajo la creación del Estado Libre Asociado (ELA). Anterior a este proceso, se han realizado otros cuatro plebiscitos. Estos fueron en el 1967, 1993, 1998 y 2012.

Por otro lado, el senador independentista, Juan Dalmau, detalló las otras diferencias de estas consultas con las anteriores. Una que destacó es que esta sería la primera vez que el ELA no figura entre las opciones. 

“En segundo lugar, se da luego de que el País repudiara mayoritariamente por vez primera el actual status territorial, expresión que se hizo en el plebiscito de 2012 y luego de que las tres ramas de gobierno federal se expresaran describiendo la actual relación política como una territorial, sujeta a los poderes plenarios del Congreso y, conforme a esa autoridad, actuando el Congreso imponiendo un nuevo régimen de gobierno a través de una junta de control fiscal. En ese aspecto, se trata de un plebiscito que tanto en el contenido de la consulta, como en su coyuntura histórica, resulta único en la historia política del pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Los plebiscitos anteriores

El 23 de julio de 1967 se realizó el primer plebiscito tras formado el ELA. Las opciones por las que votaron los electores fueron por el ELA, independencia y estadidad.

La fórmula ganadora en esa ocasión fue el ELA con un 64% de los votos. La estadidad obtuvo 39%, mientras la independencia quedó relegada con un 0.6%.

Tras años sin que los electores regresaran a las urnas para dilucidar una solución al problema de status, el padre del gobernador Rosselló Nevares, Pedro Rosselló, viabilizó dos consultas. Estas fueron las del 1993 y la del 1998.

El 14 de noviembre de 1993 se realizó nuevamente otro plebiscito en que las opciones fueron ELA, independencia y estadidad. El ELA ganó con el 48.6% de los votos, mientras que la estadidad se le acercó al obtener 46.3%. El independentismo alcanzó 4.4% de los sufragios.

En un nuevo intento, el 13 de diciembre de 1998 se volvió a consultar al pueblo. Sin embargo, esta vez se incluyó por primera vez la alternativa de la libre asociación.

Para este plebiscito, el Partido Popular Democrático (PPD) no estuvo de acuerdo con la definición que la Legislatura del dominio del Partido Nuevo Progresistas le dio al ELA. Entonces, la campaña se tornó a favor de la quinta columna, la cual tenía como opción “Ninguna de las Anteriores”. Esta alternativa logró el 50.5% de los votos. Le siguió la estadidad con 46.6%, la independencia con 2.6%, la libre asociación con 0.3% y el ELA obtuvo solo 993 sufragios.

El último de los intentos por definir el status lo promulgó el exgobernador Luis Fortuño. Se trataba de dos consultas que se realizaron el mismo día de las elecciones generales del 6 de noviembre de 2012.

La primera pregunta decía: ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual (ELA)? El 54%de los electores votó bajo el “No” y el 44.04% marcó el “Sí”.

La segunda preguntaba sobre la opción no territoriales que se prefería. Las alternativas eran que Puerto Rico se convirtiera en un estado de Estados Unidos, el ELA Soberano y la independencia. Por primera vez, la alternativa de la estadidad se impuso con el 61.13% de los votos. Le siguió el ELA soberano con 33.32% y la independencia con 5.54%.

Esta consulta dio paso a que el Congreso de los Estados Unidos y Obama aprobaran la “Consolidated Appropiations Act” en el 2014, el cual estableció los requisitos para que se realizara el próximo plebiscito del 11 de junio y el gobierno federal otorgara los $2.5 millones que Rosselló Nevares espera recibir para pagar la mitad de los gastos que generaría esta nueva consulta. 


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