El exgobernador Ricardo Rosselló firma un documento. (GFR Media)

El gobernador renunciante Ricardo Rosselló vetó de forma expresa un total de 24 medidas legislativas, entre las que se destaca una resolución conjunta del Senado 360 que ordenaba al Departamento de la Vivienda a incluir a las ocho comunidades aledañas al caño Martín Peña en el plan de acción estatal de uso de fondos CDBG-DR para la reconstrucción tras los huracanes Irma y María.

Mediante legislación federal, a Puerto Rico se le han asignado $18,500 millones en fondos CDBG-DR (Community Development Block Grant), lo que requirió que Vivienda preparara un plan de acción para su uso. Argumentando que se trata de una zona inundable, el senador Miguel Romero, autor de la medida, dijo, entonces, que Vivienda excluyó del plan a las comunidades del caño, donde viven más de 26,000 personas.

En un veto expreso el gobernador tiene que explicar por qué vetó la medida.

Según consta en las comunicaciones de trámite legislativo dadas a conocer hoy por el Senado, el gobernador renunciante le emitió un veto expreso a la medida, ya que “las enmiendas sugeridas no son cónsonas con la normativa federal que rige el desembolso y uso de estos fondos particulares destinados a la recuperación”.

“Empero, y a pesar de estas limitaciones legales, el Plan de Acción incluye actividades y programas dirigidos a incentivar y motivar a las comunidades de alto riesgo situadas en zonas inundables o cerca del paso de crecidas de agua, áreas con riesgo de derrumbes y/o áreas de daño concentrados de las cuales bien puede beneficiarse las comunidades aledañas al Caño Martín Peña”, lee la comunicación enviada al Senado por Rosselló.

La medida fue enviada para la firma de Rosselló el pasado 16 de julio y fue vetada el 1 de agosto.

Rosselló también vetó el proyecto del Senado 713, de la autoría de Henry Neuman, que buscaba establecer un protocolo para la determinación de la causa de muerte en decesos relacionados a desastres naturales. La medida buscaba evitar lo que ocurrió tras el huracán María, donde hubo una acumulación de cadáveres que impactó adversamente la realización de autopsias y entrega de cadáveres a los familiares.

“El Centro de Prevención y Control de Enfermedades ya cuenta con guías para levantar estas estadísticas y entendemos que Puerto Rico debe seguirlas en los casos a los que se refiere el proyecto”, argumentó Rosselló a la hora de emitir el veto expreso.

Alegó, además, que la creación de un formulario particular para recopilar la información relativa a las muertes relacionadas a desastres naturales podría impactar la data que se recopila para fines estadísticos por mandato federal.

Igualmente, vetó el proyecto de la Cámara 1499, de la autoría del representante Jorge Navarro, que buscaba otorgarle a los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) un período de 60 días para objetar las facturas emitidas por la corporación tras el paso de los huracanes Irma y María. Permitía a los clientes, además, solicitar un plan de pago para saldar la deuda.

“Entendemos que la medida resulta académica, máxime cuando ya han pasado casi dos años de los huracanes Irma y María”, señaló Rosselló al agregar que la Ley 57-2014 le provee a los clientes los mecanismos necesarios para objetar las facturas de servicio.

Los clientes hubiesen podido objetar el cobro del servicio provisto entre septiembre del 2017 y junio de 2018.

Otro veto emitido por Rosselló fue al Proyecto de la Cámara 1716, de la autoría de José “Quiquito” Meléndez y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, que le concedía la autoridad al Departamento de Justicia para instar cualquier acción legal en defensa del pago íntegro de las pensiones de todos los retirados del servicio público amparados bajo las disposiciones de la Ley 106-2017 (Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados”.

Se trataba de una medida cautelar ante la reducción de un 10% que se proyecta a las pensiones de los servidores públicos por parte de la Junta Supervisión Fiscal (JSF).

Para sostener el veto al Proyecto de la Cámara 1716, Rosselló se refirió a la postura emitida por la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, que sostuvo que la función primaria de la agencia, conforme a la Constitución, es asesorar y asistir al gobernador en la administración del aparato gubernamental.

También vetó la Resolución Conjunta de la Cámara 311, de la autoría del representante del PIP, Denis Márquez y de su homólogo penepé Guillermo Miranda, que ordenaba al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) realizar un inventario de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas situadas en las estructuras e inmuebles propiedad del Gobierno.

“La medida en sí no identifica fondo alguno que le permita al ICP cumplir con la enmienda plantada”, señaló Rosselló antes de ser efectiva su renuncia el pasado 2 de agosto.

Rosselló también vetó el proyecto de la Cámara 1668 que eliminaba el cobro de los aranceles a los artesanos cono requisito para exhibir o vender sus creaciones por su impacto fiscal a la Compañía de Fomento Industrial y el ICP. 


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