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Rivera Schatz insistió en defender su versión del proyecto de Ley 80. (Ramón “Tonito” Zayas)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, llevó esta mañana a integrantes del componente económico del gobierno como el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Iván Marrero, a reconocer que los acuerdos alcanzados entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal para supuestamente garantizar las pensiones, el bono de Navidad de los empleados públicos y privados no ofrecen garantía alguna en la medida en que está condicionado a ciertas métricas de ingresos y gastos en el gobierno.

Ese acuerdo, defendido por el gobierno de Rosselló, forma parte del presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó a la Asamblea Legislativa. Ayer Rosselló, sin embargo, denunció una serie de recortes “de última hora” que ponen en riesgo el funcionamiento de varias entidades que están bajo la consideración de la Asamblea Legislativa desde el 5 de junio.

Esta mañana Rivera Schatz encaró a Maldonado, Marrero, el subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Alejandro Camporreale; y Mohammad Yassim Mahmud, oficial regulatorio de Aafaf, previo al inicio de la primera vista sobre el presupuesto en la Comisión de Hacienda del Senado.

En su intercambio con los funcionarios, en su momento elevado de tono, el presidente senatorial los llevó a reconocer que el 100% de las pensiones en el sector público no está garantizado en el próximo año fiscal, por lo que se anticipa un largo proceso de litigios en la corte federal, independientemente de si se deroga la Ley 80 de Despido Injustificado.

También reconocieron que el bono de Navidad y las licencias en el sector privado están garantizados en el plan fiscal, aún cuando se derogue la Ley 80.

Rosselló ha dicho que favorece a derogación de la citada ley para garantizar los beneficios de los empleados públicos y dinero adicional para la Universidad de Puerto Rico y los municipios.

¿Hay un acuerdo con el fondo de las pensiones?, preguntó Rivera Schatz.

“No estamos de acuerdo con los recortes a las pensiones”, contestó Yassim Mahmud.

¿Hay acuerdo?, insistió Rivera Schatz.

“No”, contestó Yassim Mahmund.

“¿Y si no hay acuerdo, qué va a pasar? Un pleito”, manifestó el presidente del Senado.

“Si insisten en su plan nos van a tener que demandar”, afirmó el funcionario de Aafaf. “En su momento, la Junta de Control Fiscal va a presentar su plan de ajustes con recortes a los que aspiran para las pensiones y todas las partes interesadas tienen el derecho de comparecer ante la jueza (Laura Tayror) Swain”, añadió el funcionario de Aafaf.

En la vista trascendió que el presupuesto para los bufetes que litigarán en la corte federal todo lo relacionado a la Ley Promesa se duplicó hasta alcanzar $250 millones en el presupuesto recomendado.

Marrero intervino en la discusión timoneada por Rivera Schatz para plantear que la política pública del gobierno es defender las pensiones. “Lo único que tenemos es que hay un acuerdo. Vamos hacer todo lo posible para apoyar ese acuerdo”, dijo.

Luego de un largo intercambio, Camporreale sostuvo que le tocará Taylor Swain decidir el futuro de las pensiones de los empleados del gobierno.

En un aparte con la prensa, Rivera Schatz reconoció que a la larga la JSF se impondrá con el presupuesto que busca y recordó que Maldonado le reconoció que en la actualidad la Ley 80 no le cuesta nada al gobierno y que, de aprobarse las enmiendas introducidas en la Cámara de Representantes al proyecto que busca derogar el estatuto, ese costo ascendería a $100 millones en virtud de la creación de un fondo especial de fondos públicos para pagar las mesadas de empleados privados despedidos hasta el 2021.

Esta cifra tiene que ver con que no hay certeza para que la Junta se vea obligada a honrar los acuerdos con el gobierno en la medida en que a partir del próximo año fiscal se tendrán que revisar trimestralmente los ingresos del erario.

"Eso deja cojo el acuerdo del bono, eso deja débil el acuerdo del bono y las vacaciones. Deja débil todos los fondos que decimos que vamos a garantizar (como el de la Ley 80) si cada tres meses tenemos que mirar cuánto ha entrado, cuánto no ha entrado para decidir si podemos cumplir con los $50 millones de los municipios, los $25 millones de la UPR y $350 millones en reformas (de desarrollo económico)", dijo Rivera Schatz.

"Es una revisión de cada tres meses. Está en lo correcto", le contestó Maldonado.

Sin embargo, Rivera Schatz recordó que nadie pudo contestarle en la vista a quién le tocaría determinar si la JSF cumple o no con un artículo al final de proyecto de enmiendas a la Ley 80 que dispone que el efecto de la derogación sería revertido si el ente fiscal no cumple con lo acordado.

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, dijo el viernes que el lenguaje de ese artículo es constitucional.

Reta al gobernador

Rivera Schatz, de otra parte, rechazó categóricamente que la creación del fondo especial haya sido una propuesta suya a la Junta, por lo que retó a Rosselló o a cualquier integrante del ente fiscal a que lo demuestre.

“En esto se equivoca el gobernador”, dijo.

Rivera Schatz insistió en defender su versión del proyecto de Ley 80 que busca que su aplicación sea para empleados nuevos. Sin embargo, sólo se limitó a garantizar que él, en su carácter individual y no necesariamente la totalidad del caucus rechaza la versión de la Cámara.

Se necesitan 16 votos para aprobar el proyecto de ley que se espera que baje a votación hoy en el Senado. El Nuevo Día supo que Rosselló estará presente en el caucus.


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