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El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Ramón “Tonito” Zayas)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dejó claro esta mañana que no favorece la derogación de la Ley 80 de Despido Injustificado y aseguró que “la gran mayoría” de los senadores de mayoría comparten su visión.

La derogación de la Ley 80 es perseguida por la Junta de Supervisión Fiscal, avalada por el gobernador Ricardo Rosselló y forma parte de la propuesta del senador novoprogresista Miguel Romero, que busca integrar ciertos elementos del citado estatuto a la Ley 100 de Antidiscrimen.

“En lo que a mí respecta, yo no voy a votar a favor de derogar la ley 80”, dijo Rivera Schatz esta mañana a periodistas.  “Lo pueden llamar como lo quieren llamar, o lo pueden sazonar como lo quieran sazonar, no voy a votar a favor de la derogación de la ley 80. Llegué hasta donde entendí que entendía prudente”, enfatizó al recordar el proyecto que dejaba desprovistos de la protección de la Ley 80 a nuevos empleados.

A preguntas, el líder legislativo sostuvo que no ha tenido tiempo para discutir la propuesta de Romero entre sus compañeros de delegación.

“Mañana lo decidimos”, dijo. “La Junta está obstinada en derogar la Ley 80 sin que nadie justifique esa derogación”.

“Esto se reduce a si queremos despidos injustificados por la libre o no”, concluyó.

Por su parte, Romero reconoció que no sabe si su propuesta tiene los votos en su delegación, con lo que contrasta con el ambiente en el salón Leopoldo Figueroa ayer, donde se llevó a cabo un caucus de la mayoría en que participó el gobernador Ricardo Rosselló y miembros de su equipo.

“Ciertamente tiene sus reparos”, dijo en alusión a la postura de Rivera Schatz. Comentó, de otra parte, que “hay apertura” entre integrantes de la Cámara de Representantes con quienes ha hablado del tema.

Romero reconoció que su propuesta busca derogar la Ley 80, por lo que se elimina la causal de despido injustificado como mecanismo suficiente para presentar una querella contra un patrono y también el fondo especial de $100 millones proveniente de dinero público para pagar mesadas.

“No es la misma protección que la Ley 80”, admitió. “Lo que queremos es evitar que de momento se deroga la Ley 80 y cualquier patrono comience a botar indiscriminadamente”, dijo a periodistas frente a su oficina.

Romero sostuvo que el gobernador ve su propuesta con “buenos ojos” y que hoy se reunirá con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal para discutir la propuesta.

“Es un acuerdo que no es perfecto, pero mejoramos. Estamos estableciendo unas protecciones adicionales para empleados que pueden ser vulnerables”, dijo. “Que el empleado discriminado (bajo la Ley 100) reciba una compensación monetaria de la misma forma en que se calculaba la mesada en la Ley 80”, dijo.


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