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El gobernador había destituido a los directivos del IEPR en julio de 2017. (Ramón “Tonito” Zayas)

En defensa de su autoridad, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares busca que el Tribunal Supremo revoque al Tribunal de Apelaciones en su determinación sobre la ilegalidad de las destituciones que hizo el año pasado en la Junta de Directores del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

El recurso, presentado a mediados de septiembre, plantea que el foro apelativo erró al determinar que el gobernador no estaba facultado para remover de sus cargos, sin justa causa, a miembros de juntas directivas nombrados antes de la Ley 3 de 2017.

Ese estatuto amplió el poder del gobernador para intervenir con los cuerpos rectores de entidades gubernamentales autónomas, en aras de supuestamente facilitar la implantación del plan fiscal.

El procurador general, Isaías Sánchez, y la procuradora general auxiliar, Amir Cristina Nieves, argumentaron ante el Supremo que, si a la fecha de la remoción de los puestos no existían restricciones legislativas para tomar tal acción, “el Poder Judicial no puede imponerlas”.

“En nuestra Constitución, no existe restricción alguna que le impida a la Legislatura aprobar una ley para eliminar, de buena fe, las limitaciones previamente impuestas”, expone el recurso.

La oficina de prensa de La Fortaleza no contestó una petición de este diario para conocer detalles adicionales sobre el caso ante el máximo foro judicial.

Al amparo de la Ley 3-2017, además de los miembros de la Junta de Directores del IEPR, se destituyeron integrantes de los entes rectores de la Escuela de Artes Plásticas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la extinta Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público.

Los miembros relevados del IEPR, Antonio Fernós, Ana L. Dávila, Marta Álvarez y Sonia Balet, acudieron ante el foro judicial, y tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Apelativo les dieron la razón. Todos retornaron a sus puestos tras prevalecer en la demanda.

Sus destituciones ocurrieron justo una semana después de que se desatara una controversia por la reducción dramática de empleados transitorios que reflejaban los datos del IEPR basados en información de la Oficina del Contralor. Las cifras revelaron que, durante el primer semestre del mandato de Rosselló Nevares, hubo una baja de 4,559 empleos transitorios.

En ese momento, La Fortaleza rechazó los números.


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