Los periodistas Rafael Lama y Joanisabel González analizan el plan fiscal revisado, en el que se proyecta un sobrante de $3,400 millones para el 2023

La enorme inyección de fondos que ha aprobado el gobierno federal para Puerto Rico cambiará tanto las finanzas y la economía de la isla que, según las proyecciones del gobierno local, por primera vez en años, se podría contar con un presupuesto preliminarmente balanceado.

Sin embargo, según el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, más allá del ejercicio de “cuadrar la caja” en el contexto de la ley federal Promesa, los fondos federales que recibirá Puerto Rico traerán un período de crecimiento económico que, junto a una decena de reformas estructurales, cambiarán definitivamente la forma en que opera el gobierno y funciona el sector privado.

Ayer, un día después de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) presentara una segunda versión del plan fiscal revisado a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Rosselló Nevares aseguró a El Nuevo Día que la consolidación de agencias y la reorganización de otras, cambios a los reglamentos que inciden en los negocios de la isla y la reforma contributiva, entre otras estrategias, crearán las condiciones para que Puerto Rico tenga una economía sostenida después del año fiscal 2023.

En ese año, según el plan fiscal revisado, terminaría la mayor parte del salvavidas financiero que el gobierno federal daría a la isla para Mi Salud y los fondos federales para la recuperación tras el azote del huracán María.

Los cambios al plan

El lunes en la noche, Rosselló -a través de su equipo en la Aafaf- envió a la JSF una actualización del plan fiscal revisado, luego de que el pasado 6 de febrero el organismo federal dijera que el documento incumplía con Promesa.

Entre los cambios que se aprecian en el plan y que fueron requeridos por la JSF, figura el impacto de los fondos federales que recibirá Puerto Rico, detalles de las fechas estimadas en que se legislarán las reformas estructurales planificadas y se extienden las proyecciones hasta el año fiscal 2023.

En contraste, a pesar de que la JSF pidió más información sobre otros temas, no queda claro cómo funcionará el sistema de condados que propone Rosselló Nevares y cómo se implementarán los recortes propuestos para las pensiones.

De igual forma, a pesar de la inyección millonaria que recibirá Puerto Rico, no queda claro si el sobrante o superávit que se identifica en las proyecciones del plan fiscal estará disponible para el pago a los bonistas.

En dólares y centavos, según el plan actualizado del gobierno, la enmienda al presupuesto federal convertida en ley por el presidente Donald J. Trump la semana pasada traerá a Puerto Rico unos $12,800 millones entre los años fiscales 2018 y 2023.

Además de esa cifra, unos $4,800 millones en fondos federales irán a cubrir los gastos de Mi Salud para evitar la llegada del “precipicio de Medicaid”, una vez se agotaran los fondos del llamado Obamacare.

La segunda apuesta fuerte en el plan fiscal actualizado del gobierno es un aumento de 28% en los fondos federales que Puerto Rico recibiría para la recuperación tras el huracán María, de $35,300 millones en el plan fiscal revisado del pasado 24 de enero a $49,100 millones en la versión actualizada.

Esa inyección monetaria que no tendría precedente en Puerto Rico en, por lo menos, cuatro décadas, hará que, según el gobierno, la economía medida por el producto bruto crezca vertiginosamente haciendo factible los ajustes estructurales que impulsan Rosselló Nevares y la JSF.

Según el plan fiscal actualizado, en este año fiscal, el producto bruto se contraerá en aproximadamente 11%, pero saltará a 8.4% en el fiscal 2019. En los años subsiguientes hasta el fiscal 2023, de acuerdo con el documento, el producto bruto crecería entre 3.5% y 1.8%. En la versión anterior, se proyectaban avances de entre 2.4% y 1.5%.

Rosselló Nevares comparó la inyección federal con la situación que enfrentaría una persona que no podía pagar su hipoteca y recibe un aumento de salario que le permite cumplir con ese pago y dejar un sobrante adicional.

Pero, al mismo tiempo, Rosselló Nevares dijo ser consciente de que Puerto Rico no puede repetir los desaciertos de otras jurisdicciones estadounidenses que recibieron fondos para la recuperación después de un desastre y no sacaron provecho para lograr crecimientos económicos sostenidos.

Cambios estructurales

Por esto, según el mandatario, su plan ante la JSF utilizará los fondos federales como palanca para hacer los cambios que contribuirán al crecimiento económico de la isla más allá del plazo de cinco a siete años en que se recibiría la ayuda federal.

Según el plan fiscal actualizado, la reorganización de agencias de gobierno e iniciativas como el empleador único, entre otras, reducirán los gastos del gobierno en $1,273 millones. Los cambios en los sistemas de compras ahorrarán otros $67 millones, y los ajustes en los subsidios a municipios y la Universidad de Puerto Rico ahorrarían $397 millones.

En total, las reformas estructurales darían ahorros netos de $2,500 millones. Esa cifra es $500 millones más alta que los estimados del pasado 24 de enero y aquellos fueron puestos en duda por la JSF.

Rosselló Nevares admitió que las medidas de ahorro son un punto de contención con la JSF.

“Entiendo, verdad, la discusión de ejecución, de que no creen en que alguien va a ejecutar. Lo cierto es que esa es nuestra propuesta de gobierno, que ya hemos demostrado que lo podemos hacer como es el caso del Departamento de Seguridad Pública, y que nuestra política pública ha sido dirigida a eso”, agregó Rosselló Nevares al dar como ejemplo la reorganización presupuestaria que propone para el Departamento de Educación.

La reforma contributiva

El mandatario admitió que hace unas semanas tenía diferencias con la JSF en torno a la reforma contributiva, porque el organismo federal planteó que no podía afectar los recaudos del fisco.

Ahora, según el mandatario, su propuesta tributaria -que continúa en el plan- requiere llevarse a cabo para asegurar que la economía local pueda ser competitiva.

De acuerdo con Rosselló Nevares, el próximo jueves, él y su equipo financiero tendrán una nueva sesión de trabajo con la JSF en Nueva York para discutir el plan.

Reformas con fecha

Por su parte, el director ejecutivo de la Aafaf, Gerardo Portela, indicó a El Nuevo Día que su equipo está preparado para demostrar que los cambios que darán un vuelco a la economía ya tienen fecha para llevarse a término.

Según el plan, para antes del 30 de junio, por ejemplo, debe completarse la reorganización de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), asunto que ya fue objetado por la JSF. Antes de que termine este semestre, debe haberse aprobado tanto un nuevo código de incentivos contributivos como una reforma contributiva.

Este mismo año, habrá cambios en el Registro de la Propiedad, se dará pasó a una nueva Ley de Propiedad Horizontal y se encausará la reforma del sector eléctrico.

“Este es un plan fiscal y económico”, insistió Portela al agregar que el plan incluye medidas específicas para mejorar los índices de competitividad de Puerto Rico bajo las métricas del Banco Mundial, otra de las exigencias de la JSF.

Portela se mostró confiado en que los planes que presentó el gobierno serán aprobados por la JSF.

Pese a las proyecciones favorables de crecimiento económico en el plan, el gobierno prevé que la población de Puerto Rico continuará achicándose.

La deuda y el préstamo CDL

Además, a pesar de lo que podría describirse como una lluvia de dinero federal, Rosselló Nevares y Portela no precisaron cuánto, si algo, tocará a los bonistas.

Portela sostuvo que las referencias a la deuda en el plan son para fines ilustrativos.

Rosselló Nevares, por su parte, dijo que la resolución de la deuda está en manos de la jueza Laura Taylor Swain, que atiende los casos de Título III.

El Nuevo Día preguntó, tomando en cuenta que el plan proyecta sobrantes presupuestarios, si es necesario el préstamo de emergencia de $4,700 millones que se solicitó al Tesoro federal a través del programa de préstamos a comunidades afectadas por desastres (CDL) de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Portela respondió que la situación de liquidez de la Autoridad de Energía Eléctricay la de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) continúa crítica.

Mañana, la jueza Swain verá el pedido de la Aafaf para que el gobierno central preste dinero a la AEE. Esa solicitud encara casi una treintena de objeciones de parte de bonistas y contratistas del gobierno.

Los planes de la AEE y la AAA fueron entregados, dijo Portela, pero no se revelarán, por ahora.


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