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El gobernador Ricardo Rosselló. (Gerald López Cepero)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo ayer que su administración está “preparada” para “diferentes alternativas” si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insiste en implementar en septiembre  la reducción de la jornada laboral a los empleados del gobierno central.

Rosselló Nevares, quien ayer encabezaba la convención anual del Partido Nuevo Progresista (PNP), se presentó a la prensa tras recibir el respaldo del directorio de la colectividad por rechazar la directriz de la JSF de recortar el horario de trabajo de los servidores públicos.

“Mi posición ha sido clara y avalada por mí, es la posición avalada por el Directorio también y por la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico”, indicó.

“La posición sobre la reducción de la jornada laboral la he establecido y no va a cambiar”, insistió.

La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, reveló a El Nuevo Día que una semana después de que la JSF aprobara la reducción de jornada, la administración de Rosselló Nevares no ha presentado alternativas o evidencia que demuestre que cumplirá con todos los recortes programados para este año fiscal.

Según la JSF, aunque la administración cumplió en su mayoría con lo que debe hacerse durante el primer año de implementación del plan fiscal certificado, del total de $950 millones en recortes, el gobierno no detalló cómo alcanzará ahorros recurrentes en el orden de $218 millones.

Desde la perspectiva de la JSF, si el gobierno presentara tal evidencia, la reducción de jornada podría eliminarse. De lo contrario, Jaresko dijo a El Nuevo Día que recurrirán a la vía judicial, de ser necesario.

Para Rosselló Nevares, no hay nada que decirle a la JSF porque la reducción de la jornada laboral estaba sujeta a cumplir ciertos niveles de liquidez.

No obstante, tanto en la resolución de la JSF del 13 de marzo como en el plan fiscal certificado y enmendado, en su página 21, condicionan la activación de la contigencia a liquidez “y ahorros presupuestarios”.  

“Si ellos quieren acudir al tribunal, es su decisión. Ya hemos tomado las acciones que tenemos que tomar en el gobierno”, sostuvo Rosselló Nevares al agregar que el secretario de la Gobernación, William Villafañe, comunicó a todas las agencias de gobierno su política pública.

Esta semana, El Nuevo Día reseñó un memorando de Villafañe, en el que se le indica a los jefes de agencia que no deben acatar directriz alguna para ajustar el horario de trabajo de los empleados públicos.

Rosselló Nevares dijo que su postura es inamovible porque reducir la jornada laboral perjudica la economía y el intento de enderezar las finanzas de la isla.

Agregó que tampoco permitirá la designación de un síndico en el Departamento de Hacienda, si la JSF decide aplicar esa directriz.

El Nuevo Día lleva días intentando conocer en detalle cuánta liquidez tendría el gobierno si hubiera que pagarle a los bonistas y cómoel gobierno acumuló $1,799 millones en efectivo en caja. También ha pedido información acerca de las cuentas por pagar, los recaudos obtenidos por encima de los estimados y aquellos sujetos a “clawback” que se han inyectado a la cuenta de Hacienda.

Jaresko dijo que la JSF no ha recibido esa información.

En declaraciones escritas, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) indicó a El Nuevo Día, al cierre del año fiscal 2017, que   $125 millones de los $200 millones en recaudos en exceso de las proyecciones, son recurrentes.  La Aafaf indicó que no  ofrecería comentarios acerca de los fondos “clawback” porque hay un litigio acerca del tema en curso y que no tiene forma de saber, al presente, a cuánto ascienden las cuentas por pagar porque no había un relato de esas obligaciones. Se indicó que ahora se trabaja en dicho reporte.


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