El gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy la ley, que debe establecer la estructura legal y digital necesaria para identificar el fraude. (GFR Media) (horizontal-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló firmó hoy la ley, que debe establecer la estructura legal y digital necesaria para identificar el fraude. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares hoy en ley el proyecto de la Cámara 1627 que crea la Unidad de Control de Fraude al Medicaid en el Departamento de Justicia para atender las reclamaciones falsas que hacen de la Isla una la jurisdicción con la tasa más alta en este tipo delito.

La creación de esta oficina, junto al establecimiento del Sistema de Manejo de Información de Pacientes de Medicaid (MMIS, por sus siglas en inglés), asegura además la asignación de $1,200 millones en fondos federales (BBA Disaster Relief  Funds), que estaban condicionados a la ejecución de ciertos mecanismos, como el firmado hoy.

“Con esta ley nos unimos a 49 estados y a Washington, D.C. como las jurisdicciones que cuentan con unidades dedicadas para atender el fraude al programa de salud Medicaid. La detección a tiempo de esta conducta será de ayuda para los beneficiarios de este programa, ya que asegura la disponibilidad y continuidad de estos fondos”, expresó el primer ejecutivo.

Según cifras del gobierno federal, el fraude al programa Medicaid en la isla alcanza el 33% versus estados donde dicho número fluctúa entre el 18% y el 22%.

La nueva ley permite y promueve para que los delatores puedan denunciar cualquier acto fraudulento contra el gobierno. Al denunciar algún acto fraudulento, el delator podrá cobrar la cantidad recuperada por el gobierno.

“Le da el poder al ciudadano a poder identificar este fraude y el gobierno poder, entonces, perseguir las reclamaciones falsas”, puntualizó.

A nivel del gobierno federal, entre el 2009 y 2016, han logrado $32,000 millones que se han podido recuperar. En el 2016, solamente se reclamaron $4,700 millones. Actualmente, 30 estados tienen leyes de reclamaciones fraudulentas.

La medida, además de crear la estructura legal y digital necesaria para identificar el fraude, permitirá garantizar los pagos justos y a tiempo a los proveedores, lo que, a su vez, aliviará la fuga de médicos que enfrenta la isla y que amenaza la salud de los puertorriqueños que, en ocasiones, tienen que esperar meses por una consulta médica con especialistas, aseguró Rosselló. 

“A los propios pacientes que sin tener que tener el manto del fraude se le pueda dar el justo servicio y de manera más efectiva”, subrayó el primer ejecutivo

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, explicó que la unidad tendrá asignado personal para seguirle el rastro a los proveedores que cometan el fraude.

“Era imperante que se organizara e implementara esta división por la gran cantidad de referidos, de querellas y de situaciones que se nos han traído a la atención a través del programa de Medicaid de personas y compañías que hacen reclamaciones falsas, que dan tratamientos que nos corresponden, que hacen pagos indebidos y esto representa millones de dólares que se están perdiendo…estaban en completa impunidad”, señaló Vázquez.


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