El gobernador Ricardo Rosselló. (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló. (Xavier J. Araújo Berríos)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares impartió un veto expreso en contra de la Resolución Conjunta del Senado 279, radicada por petición por el presidente de la Cámara alta, Thomas Rivera Schatz, que le transfería al municipio de Cayey varios sectores remotos del barrio Carite de Guayama. 

Para el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, con su acción el gobernador “le dio la espalda a más de 100 familias que están en total abandono de servicio por parte del gobierno municipal de Guayama” y a los cuales su administración ha tenido que acoger en múltiples instancias.

“Son familias que tienen necesidades que atender, hay que recogerle la basura, atender la infraestructura de sus casas, darle seguridad pública y los servicios que ellos tienen que solicitar tienen que ir a buscarlos a Guayama porque pertenecen a esa jurisdicción”, señaló el ejecutivo municipal.

No descartó que el veto haya sido uno de “castigo” hacia su persona. “Yo he sido muy vocal en mis planteamientos de ciertas deficiencias en el gobierno central y quizás es como un veto de castigo al alcalde de Cayey… pero a quien le inflige el duro golpe es a la gente pobre y humilde”, señaló Ortiz. 

Las familias impactadas residen específicamente en las parcelas Manuel Vázquez y el sector Waldemar Pérez Quintana que, aunque geográficamente viven en Guayama, se les facilita recibir los servicios en el municipio de Cayey, en gran medida, por la complejidad de acceso. Sus peticiones y preocupaciones también están dirigidas al municipio de Cayey, que en ocasiones se ha visto imposibilitado legalmente de asistirles. 

Ortiz explicó que para que los residentes de estos sectores lleguen al municipio hermano tienen que llegar al pueblo de Cayey, tomar la autopista e ir a Guayama a buscar los servicios que necesiten.  Estas comunidades están separadas por el lago Carite.

Justifica el veto

En la comunicación enviada a la Asamblea Legislativa, recogida en el orden de los asuntos de la sesión del Senado de hoy, lunes, el gobernador justificó el veto de bolsillo a la resolución, ya que los solicitado resultaba muy costoso y no existe consenso para modificar los límites territoriales de ambos municipios. La medida le fue enviada el pasado 26 de febrero.

“Luego de evaluar la medida y considerando que la principal preocupación es lograr que los ciudadanos de esta comunidad tengan un mejor acceso a los servicios municipales, entendemos que existen maneras menos onerosas para lograr estos propósitos. Nuestro estado de derecho actual faculta a los municipios para establecer acuerdos de colaboración mutua para, entre otros, proveer servicios a sus ciudadanos”, lee la carta.

Sobre las razones de Rosselló Nevares para vetar la medida, Ortiz indicó que, al parecer, “el gobernador no tuvo la información suficiente a pesar de que se las suscribimos”.

“Lo que es esto y el Negociado de Ciencias Forenses demuestran una insensibilidad total del dolor de la gente, de lo que estamos sintiendo acá en los pueblos. Eso me recuerda a mí a los días posteriores al huracán… En Ciencias Forenses tenemos tres cadáveres de cayeyanos esperando a que lleguen, pues, descompuestos y estas familias allí sufriendo la falta de servicios”, señaló Ortiz.

Tanto en Cámara como en Senado la medida -en su versión con enmiendas- recibió votos en contra de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). En el caso del Senado no favorecieron la medida Margarita Nolasco, Carlos J. Rodríguez Mateo y Axel Roque Gracia.  Mientras, en la Cámara votaron en contra Ángel Bulerín Ramos, Eddie Charbonier, Joél Franqui Atiles, Guillermo Miranda, Ángel Peña, Michael Abid Quiñones y José “Che” Pérez Cordero.


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