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El gobernador Ricardo Rosselló. (Agencia EFE)

El fallo de la jueza federal Laura Taylor Swain "deja claro que el Congreso tiene poder plenario para rehacer el gobierno del territorio como lo considere conveniente sin el consentimiento de los gobernados".

"Esta decisión del Tribunal Federal de Quiebras sobre la moción de Aurelius reafirma la naturaleza colonial del estatus territorial de Puerto Rico", añadió.

Así se expresó el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a través de su cuenta en la red social Twitter, ante la decisión de Swain, quien está a cargo del proceso de reestructuración de la deuda de 70,000 millones de dólares de Puerto Rico.

La jueza Swain mantuvo el viernes la constitucionalidad de la Ley Promesa, al determinar que el poder del Congreso sobre los territorios le ha permitido constituir la Junta de Supervisión Fiscal sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución federal.

"Si bien nadie debería sorprenderse con esto después de la decisión en 2016 de Sánchez Valle, es una realidad repulsiva para los valores para los valores fundacionales de Estados Unidos. Y va en contra de la voluntad de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico expresada en 2012 y 2017", agregó Rosselló.

Además opinó que a "pesar de que es necesario completar la reestructuración de la deuda y la estabilización fiscal de Puerto Rico bajo PROMESA, para que Puerto Rico se recupere completamente y sea próspero, el Congreso debe terminar con el estatus territorial desigual y antodemocrático".

Por último, afirmó que "esto representa un asunto pendiente en la democracia estadounidense y debe resolverlo respondiendo a la voluntad libremente expresada por los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico en apoyo a la igualdad, a través de la estadidad".

El fallo de Taylor Swain responde a una demanda del fondo de inversión Aurelius Investment en nombre de un grupo de acreedores que entendían que la JSF vulneraba la Constitución del país norteamericano, ya que el nombramiento de los miembros, argumentaban, no respetó los procedimientos al no tener como origen la designación del presidente y la correspondiente confirmación del Senado federal.

La magistrada matizó además que la Ley Promesa establece que la JSF es una agencia del Gobierno de Puerto Rico y no federal.


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