El gobernador Ricardo Rosselló se expresó en contra de medida alguna que atente contra los derechos establecidos en la Constitución. (GFR Media) (semisquare-x3)
El gobernador Ricardo Rosselló se expresó en contra de medida alguna que atente contra los derechos establecidos en la Constitución. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló dejó entrever nuevamente que no firmará la controversial medida de la senadora novoprogresista Nayda Venegas Brown que pondría restricciones al derecho al aborto.

“Los derechos de las mujeres deben reconocerse y respetarse. No firmaré una medida que interfiera con los derechos reconocidos por la Constitución de nuestra nación”, expresó Rosselló en las redes sociales.

El gobernador Ricardo Rosselló dejó entrever nuevamente que no firmará la controversial medida de la senadora novoprogresista Nayda Venegas Brown que pondría restricciones al derecho al aborto.

"Los derechos de las mujeres deben reconocerse y respetarse. No firmaré una medida que interfiera con los derechos reconocidos por la Constitución de nuestra nación”, expresó Rosselló en las redes sociales.

El derecho al aborto es legal en Puerto Rico y así está consagrado por jurisprudencia federal, desde la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Roe versus Wade, con el cual se despenalizó el aborto inducido en ese país (1973).

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró el derecho de las mujeres a realizarse abortos en el caso Pueblo versus Duarte Mendoza, en el que se le practicó un aborto a una menor de edad (1980).

El Proyecto del Senado 950, que establecería la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”, busca prohibir los abortos luego de las 20 semanas de gestación, excepto si la vida de la mujer está en riesgo en caso de continuar con el embarazo.

Cualquier clínica u hospital que realice uno de estos procedimientos luego de las primeras 12 semanas, pero antes de que se pueda esperar razonablemente que el feto haya alcanzado la viabilidad, se expone a una multa de $10,000, y el médico que dirija el procedimiento incurrirá en delito menos grave.

Igualmente, obligaría a las mujeres a realizar dos visitas a una clínica o centro médico para solicitar un aborto, y forzaría a los médicos a ofrecerles la opción de que se realicen una ecografía 48 horas antes del procedimiento para que observen los órganos externos e internos y escuchen el latido del corazón del feto.

El pasado 15 de mayo, el gobernador había adelantado que no avalaría la medida si se probaba ser inconstitucional.

“Sobre el proyecto, no me ha llegado. No lo he leído. Me resta decir que, sin el beneficio de leerlo, cualquier cosa que no sea constitucional de su faz, no va a estar considerado”, afirmó en ese momento.


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