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El gpobernador Ricardo Rosselló se reunirá esta tarde con los legisladores del Partido Nuevo Progresista. (GFR Media) (horizontal-x3)
El gpobernador Ricardo Rosselló se reunirá esta tarde con los legisladores del Partido Nuevo Progresista. (GFR Media)

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y la Junta de Supervisión Fiscal no han logrado establecer un acuerdo sobre la propuesta para reducir las pensiones públicas de los puertorriqueños a un promedio de 10%, reconoció hoy el primer ejecutivo.

“Otros componentes que no se establecen en ese acuerdo, como las diferencias irreconciliables en los asuntos de las pensiones, será en otro día y en otro momento (en que se discutirán)”, afirmó en entrevista radial (WKAQ 580 – Univision Radio).

En otra entrevista radial (Radio Isla), el ejecutivo planteó que la controversia podría terminar en los tribunales si no se logra un acuerdo. 

"Este asunto que se atienda en los foros pertinentes, en la discusión que se va a seguir efectuando o, si hay alguna diferencia, en la corte de Título III", afirmó Rosselló Nevares, al indicar que sería "inmoral e inaceptable" quitarle el dinero a quien ha trabajado por el país. 

Los comentarios surgieron tras alegar que los acuerdos alcanzados con la Junta para poder presentar mañana el presupuesto que regiría en el año fiscal 2018-2019 ante la Legislatura y el país “atienden a los sectores más vulnerables”. Sin embargo, reconoció que, aunque"no es un acuerdo perfecto, sí, los beneficios son tangibles, son significativos y ameritan consideración para adelantarlos".

Entre las medidas acordadas están la permanencia del Bono de Navidad, así como que no se reducirían las licencias de vacaciones ni de enfermedad.

No obstante, en el acuerdo permaneció la propuesta de eliminar la Ley 80 de Despido Injustificado.

Rosselló dijo en entrevista con WKAQ 580 que la medida para derogar esta ley será presentada por La Fortaleza próximamente.

Asimismo, el ejecutivo planteó que en el caucus que sostendrá esta tarde con los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) explicará las razones para eliminar la ley “antes de que se especule y se lleguen a conclusiones”.

Insistió que eliminar la Ley 80 será “de beneficio para Puerto Rico”. Dijo que habría amplio espacio para discutir la propuesta, que sería efectiva en o antes del 1 de enero de 2019.  

“Esto garantiza el bono de Navidad para el sector privado, el bono de Navidad para el sector público, las vacaciones para el sector privado, los días de enfermedad para el sector privado, el bono al trabajo para todo el mundo”, sostuvo Rosselló Nevares.

“Todas las demás leyes de protección para los empleados permanecen”, añadió, al indicar que la medida ayudaría a “levantar una fuerza laboral potente”.

El gobernador sostuvo que la eliminación del despido injustificado no daría luz verde a que el sector privado despida a sus trabajadores por discrimen. En cambio, alegó que la propuesta permitiría que, si una empresa decide restructurarse y afrontar cambios, “se le da la potestad, igual que está en 49 estados, a que puedan tomar esa determinación. Eso llama al sector privado a que venga aquí a invertir en Puerto Rico”.

En resumen, Rosselló alegó que los acuerdos con la Junta permitirán que haya “una inversión de $345 millones (adicionales en el próximo presupuesto) para invertir en economía y transformación gubernamental”.  

Reacciones políticas

Luego de que el gobernador hiciera unas expresiones, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, emitió unas expresiones escritas en las que alude a que "duda" a que algún legislador estadista se atreva a someter una legislación que derogue la Ley 80. 

"Respetamos las gestiones y decisiones de nuestro gobernador, Ricardo Rosselló, como él también respeta las nuestras. Sabemos que el gobernador busca lo mejor para Puerto Rico. De nuestra parte, diálogo, claro que sí. Buscar alternativas, también... Buena fe, siempre, pero la dignidad no es negociable o transferible. La Junta tiene que respetar a nuestro pueblo o enfrentarlo", sentenció.

Por su parte, el presidente del minoritario Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, señaló que “la constante improvisación y ambivalencia de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal, de hoy decir una cosa y mañana hacer otra, tiene a las familias puertorriqueñas viviendo peor hoy que hace un año atrás".

"El juego entre ambos para manipular la opinión publica tiene un grave efecto en la estabilidad económica y política que Puerto Rico necesita para echar hacia adelante nuevamente. El gobernador a quién cree que engaña, negoció su propia propuesta. Él mismo propuso derogar el bono de navidad, y las licencias de enfermedad y vacaciones. Ya ni los trabajadores ni los inversionistas le creen a ninguno de los dos. Y eso es devastador para nuestra economía”, añadió.

Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, comentó que el acuerdo logrado es "positivo para Puerto Rico" y que se protegió a los trabajadores públicos y privados.

"Los acuerdos sientan las bases para la nueva reforma contributiva que deberá acelerar más nuestra economía. En una negociación no siempre se sale con el cien por ciento de lo que se quiere, pero en esta debemos reconocer que el gobernador logró, por el bien de Puerto Rico, llegar a un acuerdo logrando casi la totalidad de lo que buscábamos", dijo.

Los alcaldes del PNP también elogiaron el acuerdo. 

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, destacó, por ejemplo, que el gobierno no puede seguir dependiendo de los tribunales para definir su futuro. 

“El logro, según explicado por el propio gobernador, ayuda a grandemente a los municipios que se encuentran en una situación difícil a nivel fiscal agravada por el paso de los huracanes del año pasado. Asegurar el fondo de $78 millones aprobado es vital para nuestros municipios y el nuevo fondo de $50 millones anuales logrado por el gobernador será de gran ayuda para los trabajos de recuperación”, destacó, por su parte, Carlos Molina quien preside la Federación de Alcaldes


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