Sánchez Sifonte indicó a El Nuevo Día que cumplió con presentar la información requerida por la JSF (horizontal-x3)
Sánchez Sifonte indicó a El Nuevo Día que cumplió con presentar la información requerida por la Junta. (Jorge Ramirez Portela)

Antes de presentar su renuncia, el exrepresentante del gobierno en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte, presentó a la oficial de Ética de ese organismo, Andrea Bonime-Blanc, una lista de sus clientes, los de su cónyuge, Valerie Rodríguez, así como los ingresos que estos recibieron.

Sánchez Sifonte indicó a El Nuevo Día que cumplió con presentar la información requerida por la JSF, al igual que los informes de transacciones trimestrales, según establece la ley federal PROMESA y el reglamento de la JSF.

Ayer, la JSF confirmó a este diario que la información requerida a Sánchez Sifonte fue provista e indicó que esta es objeto de análisis, aunque no precisó cuándo recibió la información ni si la divulgará.

De acuerdo con la JSF, el pasado 28 de febrero, cuando sus directivos presentaron los primeros informes de divulgación financiera, estos daban cuenta de los activos, relaciones profesionales u otros intereses al momento en que fueron nombrados por el presidente Barack Obama. Es decir, para agosto de 2016.

En el caso de Sánchez Sifonte, explicó la JSF, dado que el abogado fue nombrado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en enero pasado, su informe de intereses financieros incluyó información al cierre del año 2016 e incluyó datos para el año 2015.

Sánchez Sifonte ha sido objeto de críticas por parte de la oposición política y se ha señalado que pudo representar a grupos de bonistas o que estos aportaron a la campaña política de Rosselló Nevares, lo que el abogado rechazó.

“Yo, en mi carácter personal, yo no rendí servicios particularmente para ningún grupo de estos”, dijo Sánchez Sifonte cuando El Nuevo Día le preguntó si representó o prestó servicios a grupos de bonistas.

Wolf Popper y Globalize

Según el informe de Sánchez Sifonte, reseñado entonces por El Nuevo Día, el abogado tenía, hasta el pasado 28 de febrero, dos compromisos profesionales. Su firma, en la que es presidente y único miembro, Veritas Consulting LLC, con sede en Toa Baja y que habría comenzado operaciones para el año 2011. El segundo compromiso profesional es con Wolf Popper LLP, una firma con oficinas en San Juan. Sánchez Sifonte comenzó su relación profesional con Wolf Popper en enero de 2014.

De acuerdo con el informe, Sánchez Sifonte devenga ingresos por concepto de salario, tanto en el caso de Veritas como Wolf Popper. Además, a esa fecha, el abogado también recibía ingresos de otras dos firmas: WPG International LLC y Globalize LLC.

Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, la firma de Sánchez Sifonte ha cumplido con sus derechos anuales entre los años 2011 y 2016. El Registro no revela ninguna firma bajo las iniciales WPG, pero una búsqueda en internet, confirma la existencia de la empresa fundada en 2009 por Carlos López López y Onix T. Maldonado y con oficinas en Puerto Rico y Colombia. Una resolución con fecha del 17 de enero de 2014 en el Registro de Corporaciones da cuenta de la firma como una compañía de responsabilidad limitada o LLC, en inglés.

López López, en tanto, también es socio de Wolf Popper.

En tanto, Globalize también es una LLC, registrada en el Departamento de Estado desde el año 2009. Para ese año y hasta el 2012, la persona autorizada, según el Registro de Corporaciones, era Juan Suárez Nieves. Desde 2013 hasta el 2016, la persona autorizada de la firma, según el Registro de Corporaciones, era Alfredo Escalera.

De otra parte, en el informe, Sánchez Sifonte reportó que su esposa recibe ingresos por salario de CDO Group LLP. La firma de servicios legales, según registrada en el Departamento de Estado, pidió una extensión para presentar su informe anual correspondiente al año 2016. En el 2015, el informe anual indica que el volumen de negocios de CDO no excedió $3 millones.

Espacios en blanco

Si bien Sánchez Sifonte indicó en su informe que provee “servicios legales bajo contrato y según solicitado” con compensaciones en exceso de $5,000 al año de parte de Wolf Popper, WPG y Globalize, el informe no incluye cuantías específicas y tampoco la narrativa de clientes o ingresos que habría presentado a Bonime-Blanc, como oificial de ética de la JSF.

Otros directivos como el exjuez Arthur González y el presidente del Federal Home Loan Bank, José R. González, divulgaron de manera específica sus fuentes de ingreso. En contraste, el directivo David Skeel no informó el salario que devenga como profesor de Derecho en la Universidad de Pensilvania.

En entrevista con El Nuevo Día, tras revelar su salida del cargo, Sánchez Sifonte dijo que suministró la información requerida por la JSF, pero señaló que no tiene por qué divulgarse en el informe de interés financiero. Esto, aseguró, porque el referido informe tiene como propósito identificar la posibilidad de conflcitos de interés y no revelar “aspectos personales” de quien lo completa.

El Nuevo Día cuestionó a Sánchez Sifonte si el requisito de divulgación era una razón para dejar su cargo en la JSF, y él respondió que no y reiteró que cumplió con los informes requeridos en diversas instancias.

Aunque el representante del gobierno ante la JSF es el enlace entre la administración del gobierno de Puerto Rico y el ente federal, este tiene voz, pero no vota en las decisiones del organismo federal.

De igual forma, el representante del gobierno no participa necesariamente en sesiones ejecutivas o en todas las reuniones de trabajo que sostiene el organismo federal.

Sánchez Sifonte sirvió como enlace entre Rosselló Nevares y la JSF desde enero de este año hasta el miércoles y, al momento de su designación, se indicó que no recibiría paga por sus servicios.


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