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Seilhamer en la sesión del senado del pasado 22 de mayo. (André Kang)

El presidente de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, Larry Seilhamer, sostuvo hoy que las enmiendas incluidas por dicho cuerpo legislativo al proyecto de privatización y venta de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) garantizan la transparencia de los procesos y protegen a los derechos de los empleados de la corporación pública.

“Sobre los empleos, la Sección 17, en la primera oración, es sumamente clara en cuanto a que se mantienen las protecciones de ley para los empleados. La medida dispone que la ley ni ningún contrato podrá ser utilizado por el gobierno como fundamento para el despido de ningún empleado. De hecho, se mantiene las disposiciones para que el socio privado pueda asumir empleados con todos los beneficios y garantías de su convenio colectivo. Aquellos que no pasen al sector privado, serán reubicados bajo la Ley 8 de 2017, que establece el empleador único”, puntualizó Seilhamer.

Las expresiones del vicepresidente del Senado surgieron luego que el representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Energía y Alianzas Público-Privadas, organismo que atendió el proyecto en la Cámara, expresara reservas con algunos de los cambios que ha sufrido la medida en el Senado.

Parés indicó en entrevista con El Nuevo Día que la preocupaba la eliminación de parte del lenguaje que habían incluido para garantizar el trabajo de los empleados de la corporación una vez completadas las transacciones.  Específicamente, se refiere a la eliminación de un fragmento de la Sección 17, que leía: “el proyecto establece que dichos empleados conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes, normas, convenios colectivos y reglamentos que le sean aplicable, de manera tal que el proyecto garantiza que ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado de las transacciones de la AEE”.

“El lenguaje que se eliminó en esa Sección es básicamente una exaltación a los empleados por su labor tras el paso del huracán María que lo ubicamos en la exposición de motivos que es donde entendíamos iba más acorde y otros asuntos de lenguaje que no afectan el espíritu de la medida en cuanto a la protección de empleos”, respondió Seilhamer.

Pares expresó reservas también sobre cuáles serían los criterios que tomaría en consideración la Comisión de Energía a la hora de favorecer o denegar alguna transacción de la AEE. Una de las enmiendas incluidas por el Senado condiciona la otorgación de cualquier concesión o venta de activos a la otorgación de un Certificado de Cumplimiento por parte de la Comisión.

“Las propuestas tienen que cumplir con la política pública energética aplicable, el marco regulatorio, las normas y reglamentos de la Comisión y que dicha transacción sea cónsona con el mejor interés de Puerto Rico y no implique la captura o control de los servicios eléctricos ni la creación de un monopolio privado”, dijo Seilhamer.

Para Parés, no obstante, dichos criterios deberían ser incluidas en el proyecto y no en lo que será el marco regulatorio y la política pública, normas que serán trabajadas una vez se apruebe la medida. El proyecto otorga un período de 180 días para diseñar los parámetros. “La enmienda el Senado la incluyó en el proyecto, la de la certificación, por ende debería ser ahí mismo”, señaló Parés el miércoles a este rotativo.

En cuanto a la preocupación del representante en torno al tiempo que tendría la Comisión para emitir la Certificación de Cumplimiento, Seilhamer dijo que eso lo van a atender durante las enmiendas que se le someterán en sala a la medida. “Sí, entendemos que para darle continuidad a los procesos hay que establecer tiempos definidos”, respondió Seilhamer.

“Desde 2013 estoy en récord hablando sobre la necesidad de una transformación del sistema eléctrico y la necesidad de que se abriera a la libre competencia. Todo esto debe estar bajo un marco legal que permita total transparencia. Estamos alineados en este gobierno de que el proceso de privatización debe redundar en energía más limpia, y económica para el pueblo”, señaló Seilhamer.


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