La Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas realizó ayer una vista ejecutiva sobre la medida. (GFR Media) (semisquare-x3)
La Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas realizó ayer una vista ejecutiva sobre la medida. (GFR Media)

Las enmiendas al proyecto que restringe el aborto, publicadas ayer en la página de internet del Senado, reconocen el estado de derecho vigente sobre la legalidad de este procedimiento.

El proyecto podría bajar a votación en la sesión legislativa del jueves. De hecho, ayer la Comisión de Relaciones Federales, Políticas y Económicas realizó una vista ejecutiva sobre la medida. El Nuevo Día no pudo constatar inmediatamente si la autora de la medida, Nayda Vengas Brown, favorece los cambios introducidos.

Por ejemplo, consigna desde su segundo artículo el reconocimiento a la legalidad del aborto al establecer que la política pública será "garantizar el cuidado, la salud, el acceso, la seguridad y el consentimiento informado que merece toda mujer que determine culminar su estado de gestación".

El lenguaje del proyecto sostiene que se buscará garantizar que las clínicas donde se realicen estos procedimientos cumplirán con los "más altos estándares médicos y salubristas".

"Al mismo tiempo, se atemperan los procedimientos de terminación de embarazo a los estándares jurisprudenciales federales vigentes", reza la medida.

En el proyecto se dispone que todo médico autorizado en Puerto Rico podrá realizar abortos, eliminando el requisito de que sea un ginecólogo obstetra, como se pretendió incluir en un entirillado radicado en noviembre del año pasado. No obstante, se requiere que todo personal que asista al médico cumpla con la Ley 254-2015 que regula la profesión de la enfermería.

La legislación propuesta sí obliga al personal de la clínica a orientar por escrito y verbalmente a la mujer "o a su tutor legal", advirtiéndole que puede detener el proceso en cualquier momento y recibir una descripción de los riesgos potenciales.

Al igual que ocurrió en el entirillado de noviembre, en las enmiendas al proyecto original se elimina que se tenga que realizar una visita a la clínica 48 horas antes del procedimiento para una orientación inicial. Este cambio reconoce reclamos de sectores que defienden el derecho al aborto y que habían planteado que ese periodo de espera era innecesario y sólo servía para influenciar a la mujer a repensar su decisión.

Los cambios al proyecto también eliminan el riesgo de cárcel de tres años para cualquier persona que violentara el lenguaje establecido durante la visita 48 horas antes del procedimiento.

Otro cambio sobre el proyecto original elimina el concepto de la "viabilidad del feto" y cómo, después de establecido clínicamente, buscaba prohibir el aborto.

Una modificación al proyecto obliga a toda clínica u hospital a colocar un letrero donde se consigne que ninguna mujer podrá ser obligada a someterse a un aborto o ser coaccionada para continuar con un embarazo. De hecho, se enmendó el proyecto original, en que sólo se permitían terminaciones de embarazo a ser realizadas en hospitales si pasaban las 12 semanas de gestación.

Se incluyó un lenguaje en el proyecto en que se obliga al Departamento de Salud a reglamentar los requisitos necesarios para emitir licencias para operar centros de terminación de embarazos y cómo la agencia tendrá que realizar una inspección anual a estos lugares.

El proyecto establece una serie de deberes clínicos de los Centros de Terminación de Embarazos como que sea la paciente la que autorice por escrito el procedimiento, que se le indique el nombre del médico que realizará el procedimiento y que se asegure que el paciente va libre y voluntariamente, aunque no se define cómo el personal podrá llegar a esa conclusión.

Además, estos centros deberán medir el factor RH de la embarazada, evaluar la administración de RH en las pacientes que lo ameriten, evaluar la paciente para embarazo utópico, realizar pruebas de hemoglobina y hematocrito, brindar a la paciente las instrucciones a seguir luego del procedimiento y orientarla sobre posibles complicaciones.

Cada clínica deberá tener el equipo necesario para realizar una prueba de ultrasonido, sólo si la paciente lo solicita. Se elimina del proyecto el ofrecimiento de que se realice una ecografía.

Uno de los cambios al proyecto elimina la prohibición de abortos en caso de que se determine que el feto viene con anomalías genéticas y también elimina la prohibición de abortos pasadas las 20 semanas de gestación.

El proyecto prohíbe abortos a menores de edad, a menos que el médico obtenga el consentimiento por escrito de esa menor y al menos una de las siguiente: autorización de padre o madre o tutor legal. La única excepción a este lenguaje será si la menor consigue ante un tribunal una orden para que se le realice el procedimiento de terminación de embarazo, procedimiento que podrá realizar libre de costo.

De hecho, en el proyecto se obliga al juez a atender esta petición en 10 días.


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