Un referéndum de estadidad sí o no, como parece querer Rosselló Nevares,
Un referéndum de estadidad sí o no, como parece querer Rosselló Nevares, "va a chocar (en Washington) contra un muro de cemento”, pronosticó José Nadal Power. (GFR Media)

Washington - El senador José Nadal Power, del Partido Popular Democrático (PPD), propuso hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares crear en Puerto Rico una comisión multisectorial que vaya al Departamento de Justicia y al Congreso de EE.UU. a negociar las alternativas de status de un próximo plebiscito. 

Por un lado, si se decidiera convocar a una consulta a base de una ley federal de 2014 que permite al Departamento de Justicia validar la papeleta electoral y la campaña educativa de un referéndum de status, Nadal Power sostuvo que lo primero sería dialogar con Justicia federal sobre la constitucionalidad de las alternativas.

Pero, también piensa que debe haber conversaciones con el Congreso, en torno a la posibilidad de regular un plebiscito federal.

Para Nadal Power, tras la respuesta preliminar de abril de 2017 del Departamento de Justicia federal en torno a la ley original sobre el plebiscito convocado ese año por el gobierno de Puerto Rico, la administración de Donald Trump no va dar su visto bueno a una consulta en la que no estén presentes todas las alternativas.

Un referéndum de estadidad sí o no, como parece querer Rosselló Nevares, "va a chocar (en Washington) contra un muro de cemento”, pronosticó Nadal Power, en entrevista telefónica.

Ante la experiencia vivida por el país tras la celebración de un plebiscito sin el apoyo del Departamento de Justicia en Washington, D.C., no se debe desaprovechar la oportunidad de llevar ante dicha agencia una petición para que se determine cuáles son las opciones de status político verdaderamente disponibles para los puertorriqueños y bajo qué condiciones”, indicó Nadal Power, en una carta al gobernador.

Rosselló Nevares ha señalado que espera por la confirmación del designado secretario de Justicia de EE.UU., William Barr, para iniciar conversaciones sobre un posible próximo plebiscito que sea validado por el Departamento de Justicia de EE.UU., como permite una ley de enero de 2014.

“Mi interés es que se lleve a cabo” un referéndum “lo antes posible”,  que sea “determinante y vinculante” para el gobierno de EE.UU. encaminar una transición hacia la estadidad “y salir del colonialismo”, indicó Rosselló, como parte de una entrevista durante su viaje de la semana pasada a Washington.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha indicado, por su parte, que su preferencia es que un referéndum de estadidad sí o no se celebre este año.

Después de no llevar a audiencias públicas el proyecto pro estadidad de la comisionada González, el republicano Rob Bishop (Utah), entonces presidente del Comité de Recursos Naturales y ahora portavoz republicano en esa comisión, recomendó al gobierno de Puerto Rico retomar las conversaciones con el Departamento de Justicia federal que nunca concluyeron previo al plebiscito del 11 de junio de 2017.

Para Bishop, la oposición política de Puerto Rico ha logrado impugnar la más reciente consulta – en la que en medio de un boicot de los partidos de oposición y con una participación de solo 23%, la estadidad obtuvo el 97% de los votos-,  debido a que el gobierno no esperó por el visto bueno del Departamento de Justicia de EE.UU.

Tras el plebiscito de 2012, el Congreso sugirió en 2014 que el secretario de Justicia de EE.UU. –a cambio de $2.5 millones– certifique que un referéndum legislado en la isla dirigido a resolver el status cumpla con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal. Cinco años después, esa consulta no se ha celebrado.

“Le propongo que utilicemos el proceso de certificación provisto en la citada ley federal para convocar una comisión de status compuesta por representantes de todos los sectores ideológicos. Dicha comisión tendría la función de presentar ante el Departamento de Justicia federal todas las alternativas de estatus que estén representadas por sus integrantes”, indicó Nadal Power en su carta, al recordar el proceso tripartita de 1989 a 1991 que generó el debate más abarcador en el Congreso sobre el futuro político de la Isla.

Según el senador, “en diálogo con el Departamento de Justicia, la comisión tendría el deber de informarle al país qué alternativas fueron avaladas por dicha agencia, y bajo qué condiciones. Estas opciones serían entonces puestas ante el electorado en un plebiscito ya previamente avalado por Justicia federal y, por ende, elegible para recibir la asignación de $2.5 millones”.

Con respecto al status territorial de 'Estado Libre Asociado', Nadal Power sostuvo que el PPD debe tener también una discusión futura para determinar si un mayor grado de gobierno propio puede darse bajo la cláusula territorial de la Constitución de EE.UU. o por medio de un tratado.

Por el momento, Nadal Power solicitó una reunión al gobernador y mantuvo que “de nada sirve gastar energías y recursos económicos en consultas plebiscitarias cuyos resultados ni el Departamento de Justicia ni el Congreso de los Estados Unidos estén dispuestos a aceptar”.

Aunque el tema no está en la agenda de los comités con jurisdicción en el Congreso, la comisionada González ha indicado que promoverá en esta sesión la presentación en el Senado y la Cámara baja federal de un proyecto a favor de la admisión de Puerto Rico como estado 51 de EE.UU.


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